Feijóo promete menos impuestos, pensiones ligadas al IPC y 4.500 médicos más en su programa para el 29N

Las medidas fiscales del Partido Popular no tienen una tramitación parlamentaria única. A 11 de noviembre de 2026, las iniciativas estatales identificadas están repartidas entre propuestas caducadas, retiradas o cerradas, y acuerdos políticos que no modifican por sí mismos los impuestos. La disolución de las Cortes del 6 de octubre es determinante: las proposiciones de ley pendientes caducaron y no continúan automáticamente en la siguiente legislatura (BOE, 6 de octubre).

IRPF y paquete de apoyo a las familias

• Exención del salario mínimo. La proposición del Grupo Popular del Senado para ajustar el límite exento del IRPF al SMI, publicada el 11 de febrero de 2025 y posteriormente trasladada al Congreso, caducó el 6 de octubre de 2026. Por tanto, no está pendiente de aprobación en ninguna de las dos cámaras (BOCG del Senado).
• La propuesta paralela del Grupo Popular del Congreso, publicada el 21 de febrero de 2025, ya había terminado su recorrido el 28 de marzo de 2025, sin convertirse en ley; su cierre se publicó el 1 de abril (BOCG, 1 de abril).
• Medidas tributarias y apoyo familiar para 2025. La proposición del Congreso incluía IVA de alimentos básicos al 2 %, rebajas fiscales sobre electricidad y gas, cambios en los límites para declarar y ajuste del IRPF a la inflación. Su tramitación terminó el 28 de marzo de 2025, sin aprobación legislativa (BOCG, 1 de abril).
• La iniciativa equivalente del Senado había quedado a la espera del debate para decidir si comenzaba su tramitación. Al seguir pendiente cuando se disolvieron las Cortes, también caducó; no debe presentarse como una ley actualmente en comisión (BOCG del Senado).

Otras iniciativas fiscales identificadas

• Sucesiones y Donaciones. La proposición del Grupo Popular del Senado para derogar el impuesto seguía esperando su debate inicial desde noviembre de 2023. Su recorrido quedó interrumpido por la disolución y caducó (BOCG del Senado).
• Indemnizaciones por despido. La propuesta senatorial para aclarar la exención en el IRPF de indemnizaciones acordadas en conciliación, hasta 180.000 euros, fue retirada: la Mesa tomó conocimiento el 7 de abril de 2026 y lo publicó el día 9 (Retirada publicada).
• Ayudas por talidomida. Una primera propuesta del Congreso terminó en diciembre de 2024 sin aprobarse. La procedente del Senado y la nueva iniciativa presentada en el Congreso en junio de 2025 caducaron el 6 de octubre de 2026 (BOCG, diciembre de 2024; Propuesta del Senado; Nueva propuesta del Congreso).
• Otros expedientes. La modificación del IVA alimentario no fue admitida, según publicación de abril de 2024; la reforma fiscal de cooperativas se retiró en octubre de 2023; y la recuperación de bonificaciones patronales para Ceuta y Melilla caducó en octubre de 2026 (IVA alimentario; Cooperativas; Ceuta y Melilla).

Acuerdos políticos y anuncios: una situación distinta

El Congreso respaldó el 22 de abril de 2026 peticiones del PP para ajustar el IRPF a la inflación y establecer una exención voluntaria de IVA para autónomos con facturación inferior a 85.000 euros. Son acuerdos de impulso político, no una reforma tributaria aprobada (Congreso, 22 de abril).

En conclusión, no hay una aprobación estatal conjunta pendiente de estas medidas. Para recuperar las iniciativas caducadas será necesario volver a presentarlas; los acuerdos políticos, por su parte, requieren una modificación normativa para producir efectos fiscales.

El presidente del Gobierno no tiene un “poder constituyente” propio: no puede reformar por sí solo la Constitución ni la arquitectura institucional del Estado. Sus competencias en materia de reforma institucional son, sobre todo, competencias de impulso, dirección política y propuesta, siempre sometidas a la decisión de las Cortes Generales y, en su caso, del cuerpo electoral.

1. Dirección de la acción de Gobierno y definición de la agenda de reformas

La base de todo está en el artículo 97 de la Constitución: el Gobierno “dirige la política interior y exterior”, y el presidente dirige al Gobierno (art. 98 CE). Esto se traduce en que:

• Le corresponde fijar las grandes prioridades de reforma institucional (por ejemplo, reforma del sistema electoral, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, etc.).
• Decide, con su Consejo de Ministros, qué proyectos de ley u otras iniciativas se preparan para modificar instituciones clave (ley electoral, leyes orgánicas institucionales, leyes de Gobierno, etc.).
• Orienta las negociaciones políticas con los grupos parlamentarios cuando una reforma exige amplios consensos (como las constitucionales o las que requieren mayoría cualificada).

2. Iniciativa del Gobierno en la reforma constitucional

La Constitución prevé quién puede iniciar formalmente una reforma constitucional. Según el artículo 166 CE, la iniciativa de reforma corresponde:

• Al Gobierno,
• Al Congreso de los Diputados,
• Al Senado,
• Y a las asambleas de las comunidades autónomas, en ciertas condiciones.

El presidente del Gobierno, como jefe del Ejecutivo, decide si el Gobierno ejerce esa iniciativa. En la práctica esto supone:

• Ordenar la elaboración del proyecto de reforma constitucional (por los ministerios competentes).
• Elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación como propuesta formal del Gobierno.
• Remitirlo a las Cortes Generales para que se tramite por el procedimiento del artículo 167 o 168 CE, según el alcance de la reforma (ordinaria o “agravada”).

Sin esa decisión política del presidente y su Consejo de Ministros, el Gobierno no ejerce su parte de iniciativa en la reforma constitucional.

3. Papel en los referendos constitucionales o institucionales

Los referendos previstos por la Constitución no son decididos por el presidente en solitario, pero este tiene un papel decisivo de impulso:

• El artículo 92 CE permite referendos consultivos sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Se convocan por el Rey, pero a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso. Es decir, el presidente es quien puede plantear someter una gran reforma institucional a consulta de la ciudadanía.
• En las reformas constitucionales del título X:
  • La vía ordinaria (art. 167) permite que una décima parte de diputados o senadores fuerce referéndum.
  • En la vía agravada (art. 168), el referéndum es obligatorio. El presidente no lo decide, pero sí dirige la acción del Gobierno durante todo ese proceso y puede proponer la fecha y condiciones políticas de la consulta.

4. Competencias sobre leyes orgánicas e institucionales

Muchas reformas institucionales no exigen cambiar la Constitución, sino modificar leyes orgánicas o leyes ordinarias que regulan las instituciones (por ejemplo, régimen electoral general, organización del Poder Judicial, estatuto del Ministerio Fiscal, régimen del Gobierno, Administración General del Estado, etc.). En estos casos:

• El Gobierno tiene iniciativa legislativa general (art. 87.1 CE) y puede presentar proyectos de ley y de ley orgánica para reformar instituciones.
• El presidente decide qué proyectos se priorizan y con qué alcance se plantean las reformas.
• Negocia con los grupos parlamentarios los apoyos necesarios para aprobarlos, especialmente cuando exige mayoría absoluta u otras mayorías reforzadas.

Aunque formalmente la competencia es del Gobierno en su conjunto, es el presidente quien la orienta y representa políticamente.

5. Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones

Una facultad con impacto institucional es la de proponer la disolución de las Cortes Generales (art. 115 CE). El Rey disuelve las Cámaras y convoca elecciones “a propuesta del presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad”, oídas las Mesas de las Cámaras.

Esta potestad no reforma normas, pero sí puede reconfigurar el sistema institucional en términos políticos (nuevas mayorías, nuevos equilibrios), influyendo en la viabilidad de futuras reformas de la Constitución o de las instituciones.

6. Límites: centralidad parlamentaria y control político

Pese a estas capacidades de impulso, el presidente está estrictamente limitado por la Constitución:

• No puede modificar por sí mismo la Constitución ni las leyes: necesita siempre la aprobación de las Cortes (y, en su caso, del cuerpo electoral en referéndum).
• Su actuación está sometida al control parlamentario (mociones de censura, cuestiones de confianza, control ordinario), lo que condiciona la viabilidad de cualquier agenda de reforma institucional.

En resumen, el presidente del Gobierno es el motor político de las reformas institucionales, pero el poder decisorio último reside en las Cortes Generales y, para las grandes revisiones constitucionales, en la ciudadanía mediante referéndum.

El Partido Popular ganó las últimas elecciones generales celebradas en España, las del 23 de julio de 2023, al ser la candidatura con más votos y más diputados. Obtuvo 8.091.840 votos, el 33,05 % y 137 escaños en el Congreso. Sin embargo, ese resultado no le permitió alcanzar por sí solo la mayoría absoluta, situada en 176 diputados (resultados del 23J).

El resultado en el Congreso

Las cifras principales del PP en aquellas elecciones fueron las siguientes (resultados electorales):

• Votos recibidos: 8.091.840.
• Porcentaje de voto: 33,05 %.
• Diputados obtenidos: 137 de los 350 que componen el Congreso.
• Posición: primera fuerza en votos y escaños.

En términos sencillos, el porcentaje equivale aproximadamente a uno de cada tres votos contabilizados para calcular el resultado de las candidaturas. No significa que votara al PP uno de cada tres ciudadanos españoles: el porcentaje electoral no se calcula sobre toda la población, sino sobre los votos correspondientes al escrutinio.

Los 137 diputados representan aproximadamente el 39,1 % de los escaños del Congreso. Esta proporción es superior a su porcentaje de voto. Conviene distinguir ambos datos: el 33,05 % expresa el apoyo electoral y el 39,1 % expresa el peso de los representantes obtenidos dentro de la Cámara.

¿A qué distancia quedó de la mayoría absoluta?

Con 137 diputados, el PP quedó a 39 escaños de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Por tanto, ganar las elecciones no equivalía a disponer de esa mayoría. El resultado le dio la primera posición, pero no una capacidad suficiente para alcanzar por sí solo ese umbral parlamentario (composición del Congreso).

La distinción es importante para interpretar correctamente lo ocurrido: una cosa es ser el partido más votado y otra reunir los apoyos necesarios para gobernar. Los resultados electorales determinan cuántos diputados obtiene cada candidatura; no deben confundirse con una elección directa del presidente del Gobierno.

El resultado en el Senado

En las mismas elecciones, el Partido Popular consiguió 120 senadores electos. Esta cifra corresponde a los representantes elegidos en las urnas para el Senado, no a los diputados del Congreso; tampoco debe confundirse con el conjunto de senadores que puede tener una formación al incorporar los designados por las comunidades autónomas (resultados del Senado).

Por eso, al resumir el resultado del PP, es preferible mantener separadas ambas cámaras: 137 diputados en el Congreso y 120 senadores electos. Sumar esas cifras no sirve para calcular una mayoría en el Congreso, porque cada cámara tiene su propia composición.

Participación y diferencia respecto a las encuestas

La participación en las elecciones al Congreso fue del 66,59 % del electorado. Es un dato del conjunto de la convocatoria, no un porcentaje de apoyo al Partido Popular (participación electoral).

Finalmente, estas cifras corresponden a votos y escaños realmente obtenidos en 2023, no a una encuesta posterior. Algunas publicaciones expresan el porcentaje del PP como 33,1 %: es el redondeo a una decimal del 33,05 %. Para responder a tu pregunta, la referencia esencial es, por tanto, la victoria electoral del PP con 137 diputados, sin mayoría absoluta.