La huelga general comienza con enfrentamientos entre piquetes y Policía en Mercamadrid

A 11 de noviembre de 2026, la principal propuesta parlamentaria impulsada por los sindicatos de inquilinos, sobre alquileres temporales y por habitaciones, ha caducado con la disolución de las Cortes del 6 de octubre. Por tanto, ya no está simplemente bloqueada ni esperando una votación: su tramitación terminó sin convertirse en ley. Conviene distinguirla de las reivindicaciones sindicales más recientes y de los decretos de vivienda rechazados en octubre.

La iniciativa principal: alquileres temporales y habitaciones

La Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, expediente 122/000136, fue publicada el 31 de octubre de 2024. Su finalidad era extender a estas modalidades las garantías del alquiler habitual y evitar que se utilizaran para eludir la regulación residencial. La propuesta fue impulsada por los sindicatos y presentada por Sumar, ERC, EH Bildu y representantes de Podemos y BNG (Demócrata, 17/12/2024).

Su recorrido debe separarse en varios momentos:

• Primer intento rechazado. Una versión anterior, presentada en junio de 2024, no superó el debate inicial del 17 de septiembre. Ese procedimiento concluyó; no fue la misma iniciativa que continuó después (Demócrata, 17/09/2024).
• Segundo intento admitido políticamente. El 17 de diciembre de 2024 superó la toma en consideración, es decir, la votación con la que el Congreso decide empezar a tramitar una propuesta (Demócrata, 17/12/2024).
• Trabajo parlamentario posterior. En noviembre de 2025 comenzó el trabajo de la ponencia, el grupo de diputados que prepara el texto. El Pleno acordó el 27 de noviembre reservarse el debate y la votación final, decisión publicada el 3 de diciembre (BOCG, 03/12/2025).
• Final sin aprobación. La iniciativa caducó el 6 de octubre de 2026 con la disolución de las Cortes. No llegó a convertirse en una ley aprobada (BOE de disolución).

Qué medidas quedaron sin culminar

La segunda propuesta planteaba justificar documentalmente la temporalidad y fijar inicialmente un máximo de nueve meses, frente a los seis del primer intento. También pretendía que determinados excesos de duración o encadenamientos de contratos pasaran a tratarse como alquiler habitual. Durante la negociación hubo diferencias sobre los plazos y la inclusión de las habitaciones, además de propuestas fiscales; eran contenidos en discusión, no obligaciones aprobadas (Demócrata, 18/11/2025).

El «decreto Maricarmen» y las nuevas reivindicaciones

El llamado «decreto Maricarmen» fue el nombre dado por los sindicatos a su paquete de septiembre de 2026, no la denominación oficial de una norma. Reunía protección frente a desahucios, congelación de alquileres, regulación de temporada y habitaciones y renovaciones automáticas de contratos. Parte de sus demandas se incorporó a dos decretos gubernamentales que, según la información publicada, fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre; esas medidas quedaron sin efecto (Demócrata, 03/10/2026).

El programa sindical presentado en noviembre añade una reforma constitucional y un estatuto de las personas inquilinas. Son reivindicaciones políticas: en las fuentes consultadas no consta una tramitación parlamentaria propia de ese nuevo paquete (Demócrata, 09/11/2026). La conclusión práctica es que no hay una aprobación pendiente que pueda darse por inmediata: la propuesta principal terminó sin ley.

El Ministerio del Interior puede dirigir y coordinar los dispositivos de Policía Nacional y Guardia Civil durante una huelga general para proteger a las personas, los bienes y el ejercicio de los derechos. Esa competencia no permite impedir una huelga lícita ni supone un mando automático sobre todas las policías autonómicas y locales: debe ejercerse respetando sus competencias y las garantías constitucionales.

1. Fundamento y finalidad de la intervención

El artículo 104 de la Constitución Española encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Por tanto, el dispositivo debe proteger también a quienes ejercen el derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2, y a quienes participan en manifestaciones pacíficas, amparadas por el artículo 21.

Los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica 2/1986 atribuyen al Gobierno el mantenimiento de la seguridad pública y establecen la cooperación recíproca y la coordinación mediante los órganos legalmente previstos. La convocatoria de una huelga general no altera por sí sola este marco ordinario.

2. Quién planifica, coordina y ejecuta

El Real Decreto 207/2024, que desarrolla la estructura del Ministerio, distribuye estas responsabilidades:

• Secretaría de Estado de Seguridad: bajo la autoridad del ministro, ejerce el mando de las fuerzas estatales y coordina y supervisa sus servicios y misiones. El artículo 2.1 también le atribuye proteger los derechos de reunión y manifestación y coordinar las competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en seguridad ciudadana.
• Dirección General de Coordinación y Estudios: el artículo 6 le encarga elaborar instrucciones y planes directores y operativos de seguridad ciudadana, supervisar su ejecución y apoyar la coordinación con policías autonómicas y locales.
• Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil: los artículos 3 y 4 les atribuyen el mando directo de sus cuerpos, la dirección de los servicios y la distribución de unidades o medios. Las cadenas operativas concretan esas decisiones.

Además, el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1986 dispone que Interior determina los servicios de la Guardia Civil relacionados con la seguridad ciudadana. Su naturaleza militar no convierte un dispositivo de huelga en una misión militar.

3. Coordinación con otras administraciones

Debe distinguirse mando jerárquico de coordinación entre administraciones. Interior dirige las fuerzas estatales; la colaboración con policías autonómicas y locales debe respetar sus ámbitos competenciales y articularse mediante los mecanismos legales correspondientes.

La Ley Orgánica 2/1986 contempla órganos de coordinación, incluidas juntas de seguridad autonómicas y locales. Estos permiten armonizar actuaciones y organizar la cooperación, pero no justifican que Interior sustituya indiscriminadamente a las autoridades autonómicas o municipales.

4. Límites durante la huelga

El dispositivo tiene una finalidad protectora, no la de neutralizar la protesta. El artículo 3.2 de la Ley Orgánica 9/1983 obliga a proteger reuniones y manifestaciones frente a quienes intenten impedirlas o perturbarlas. No requieren autorización previa, aunque las celebradas en vías públicas están sujetas a comunicación.

Su prohibición exige razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes; su disolución debe ajustarse a los supuestos legales. Asimismo, el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 exige neutralidad, imparcialidad y congruencia, oportunidad y proporcionalidad en los medios empleados.

En definitiva, Interior puede planificar despliegues, asignar recursos y coordinar respuestas policiales, pero la huelga no constituye por sí misma una amenaza que habilite restricciones generales. Estas deben tener fundamento legal y quedan sometidas al control judicial previsto en el artículo 106 de la Constitución.

Pepe Álvarez ha desarrollado una trayectoria fundamentalmente sindical, no de cargos públicos: comenzó como representante de trabajadores en una fábrica barcelonesa, dirigió UGT de Cataluña durante 26 años y encabeza la organización estatal desde 2016. Su dimensión política procede de la negociación con gobiernos y empresarios y de su intervención en los debates laborales y territoriales.

De Asturias al sindicalismo industrial

Nacido en Belmonte de Miranda, Asturias, el 20 de marzo de 1956, se trasladó a Barcelona en 1975, con 19 años, para trabajar en La Maquinista Terrestre y Marítima, posteriormente integrada en Alstom. Allí inició su actividad sindical durante la transición a la democracia.

En 1976 fue elegido miembro de la secretaría de UGT en su centro de trabajo y, en 1978, entró en el comité de empresa. Comenzó entonces a asumir responsabilidades en el Sindicato del Metal de Barcelona. Durante los años ochenta amplió sus funciones de organización y acción sindical en la Federación del Metal de UGT de Cataluña. Esta etapa industrial fue la base de su posterior carrera, según la biografía de la CES.

Veintiséis años al frente de UGT de Cataluña

En 1989 presidió la comisión gestora de la organización catalana y, en 1990, fue elegido secretario general, responsabilidad que mantuvo hasta 2016. Durante ese periodo defendió una mayor autonomía sindical respecto de los partidos y una organización abierta a la diversidad social catalana.

Su liderazgo combinó la negociación con empresas y administraciones con la participación en conflictos laborales y debates políticos. Su posición ante la cuestión territorial catalana también generó controversia: mantuvo una actitud abierta al debate sobre el derecho a decidir y, bajo su dirección, UGT de Cataluña colaboró con Òmnium. Esta vertiente de su trayectoria debe distinguirse de una carrera institucional: en las fuentes consultadas no consta que haya sido diputado, senador o miembro de un Gobierno.

El relevo de Cándido Méndez y la dirección estatal

En marzo de 2016 ganó el 42.º Congreso Confederal de UGT y sucedió a Cándido Méndez. Fue una elección competida: se impuso a Miguel Ángel Cilleros por 17 votos. Su candidatura planteó renovar la organización y recuperar capacidad reivindicativa tras la crisis económica, como recoge este perfil de su trayectoria.

Fue reelegido en 2021 y, en noviembre de 2024, obtuvo un tercer y último mandato con el 79,44 % de los votos, previsto hasta 2028. La información de UGT y la crónica de su reelección documentan esa continuidad.

Al frente de UGT ha combinado movilización y diálogo social, es decir, negociación entre sindicatos, empresarios y Gobierno. Sus prioridades han incluido recuperar derechos laborales, reforzar la negociación colectiva, mejorar salarios y pensiones y reducir el tiempo de trabajo. Durante la pandemia participó en las negociaciones para proteger el empleo. Su dimensión europea se amplió en 2019, cuando fue elegido vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos.

Una influencia política ejercida desde el sindicato

Álvarez mantiene una intervención pública que va más allá del centro de trabajo. En octubre de 2025 defendió reducir la jornada a 37,5 horas como paso hacia las 32, según Demócrata. En diciembre de ese año elogió el balance social del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en contratación y pensiones, como recogió el periódico Demócrata. Su trayectoria se entiende, por tanto, como la de un dirigente sindical con influencia política, no como la de un representante elegido para gobernar.