España vuelve a la huelga general 14 años después con la vivienda como detonante y a las puertas del 29N

Los sindicatos llaman a parar este miércoles durante 24 horas en una jornada que estará acompañada de manifestaciones por todo el país y que llega en plena campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

España afronta este miércoles su primera huelga general desde 2012, con la vivienda como principal reivindicación y los salarios y el coste de la vida entre los motivos de protesta.

La convocatoria de CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales, impulsada por las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas, culmina varias semanas de tensión social que comenzaron con el desahucio de Maricarmen, continuaron con una acampada en la Puerta del Sol y se intensificaron tras el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda del Gobierno. 

La jornada llega, además, en plena cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre, con la campaña electoral a punto de comenzar. Los sindicatos reclaman respuestas al encarecimiento de la vivienda, mejoras salariales y una mayor protección de los servicios públicos, mientras empresas y administraciones preparan los servicios mínimos para una jornada cuyo seguimiento todavía está por determinar.

El desahucio de Maricarmen, la acampada de Sol y los decretos de vivienda: el origen del 11N

El origen de la huelga se remonta a las movilizaciones por el derecho a la vivienda que comenzaron a finales de septiembre, después del desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo de alquiler en el barrio madrileño de Retiro. Su caso provocó una ola de protestas que terminó llegando al Congreso y contribuyó a precipitar el adelanto electoral.

23 de septiembre. El desahucio de Maricarmen. Después de tres intentos anteriores que habían sido suspendidos, una comisión judicial ejecutó el desalojo de Maricarmen de su vivienda. La mujer, que tenía problemas de movilidad, fue trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón. 

26 y 27 de septiembre. La acampada en la Puerta del Sol. Las movilizaciones desembocaron en una acampada en el centro de Madrid. Lo que comenzó con unas decenas de personas terminó reuniendo a centenares de manifestantes, mientras surgían protestas similares en otras ciudades. La Puerta del Sol se convirtió en el principal escenario de la reivindicación de medidas urgentes para impedir los desahucios sin alternativa habitacional y contener el precio de los alquileres. Entre las demandas figuraba el denominado "decreto Maricarmen".

29 de septiembre. El Gobierno aprueba dos decretos de vivienda. El Consejo de Ministros respondió a la presión social con dos reales decretos-leyes que incluían medidas para ampliar la protección frente a los desahucios, estabilizar los contratos de alquiler y limitar determinadas operaciones inmobiliarias especulativas. Uno de los textos contemplaba la ampliación de la moratoria de desahucios hasta 2030, mientras que el otro regulaba la prórroga y renovación de contratos de alquiler.

2 de octubre. El Congreso rechaza los decretos. Las dos normas decayeron tras recibir los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. El Gobierno había negociado hasta el último momento para intentar conseguir el respaldo de Junts, pero no logró reunir una mayoría suficiente. Centenares de participantes en la acampada se concentraron junto al Congreso durante la votación. Tras el rechazo parlamentario, los colectivos por la vivienda mantuvieron las movilizaciones y comenzaron a impulsar una huelga general.

5 de octubre. Sánchez anuncia elecciones anticipadas. Tres días después del fracaso de los decretos, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La crisis de la vivienda pasó a ocupar un lugar central en la discusión política que acompañó al final de la legislatura.

6 y 7 de octubre. Los sindicatos anuncian la huelga y fallece Maricarmen. CCOO y UGT recogieron el llamamiento del Sindicato de Inquilinas y anunciaron su intención de convocar una huelga general. Un día después falleció Maricarmen, que continuaba ingresada en el hospital. Había conseguido un acuerdo para regresar a su vivienda, pero murió antes de poder hacerlo.

Octubre. La convocatoria toma forma. Las organizaciones sindicales concretaron el 11 de noviembre como fecha del paro. CGT, CNT y otros sindicatos se incorporaron a la movilización, que también recibió el respaldo de plataformas vecinales, organizaciones sociales y colectivos vinculados al derecho a la vivienda. Las reivindicaciones se ampliaron a los salarios, el coste de la vida, la protección de los servicios públicos y el reparto de los beneficios empresariales.

11 de noviembre. La protesta llega a los centros de trabajo. Casi siete semanas después del desahucio de Maricarmen, los sindicatos llaman a una huelga general de 24 horas. La convocatoria coincidirá con manifestaciones en numerosas ciudades españolas y será la primera huelga general respaldada por CCOO y UGT desde noviembre de 2012.

Qué reclaman los sindicatos en la huelga general

El acceso a una vivienda asequible es el principal punto de encuentro entre las organizaciones convocantes. Los sindicatos denuncian que una parte creciente de los ingresos de los trabajadores se destina al alquiler o a la hipoteca y reclaman medidas para contener la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público de vivienda y proteger a los inquilinos.

Las reivindicaciones incluyen también mejoras salariales, una subida del salario mínimo interprofesional, medidas contra la pérdida de poder adquisitivo y una mayor participación de los trabajadores en los beneficios empresariales. Las centrales reclaman, además, el refuerzo de los servicios públicos y de la protección de la salud laboral.

La protesta cuenta con el respaldo de organizaciones como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), CEAR, Greenpeace, Facua, CECU y Oxfam Intermón, entre otras. No todos los sindicatos han convocado el paro: USO y CSIF figuran entre las organizaciones que no se han sumado.

Una huelga general que llega catorce años después de la última

La última huelga general convocada conjuntamente por CCOO y UGT tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en protesta por las políticas de austeridad y la reforma laboral.

La convocatoria del 11N presenta una particularidad: aunque incluye reivindicaciones laborales, su impulso inicial procede del movimiento por la vivienda. Los sindicatos han insistido en que la decisión de convocarla comenzó a gestarse antes del anuncio del adelanto electoral y que sus destinatarios son tanto las administraciones públicas como las organizaciones empresariales.

La patronal CEOE ha cuestionado la huelga y anunció su intención de impugnarla por considerarla política. Las centrales sindicales rechazan esa interpretación y defienden que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones de vida forman parte de sus reivindicaciones laborales.

Las manifestaciones comenzarán esta noche y continuarán durante el miércoles

La huelga se desarrollará durante 24 horas, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del miércoles 11 de noviembre, con las adaptaciones correspondientes para los centros de trabajo organizados por turnos.

En Madrid, las primeras concentraciones de piquetes informativos están previstas para la noche de este martes, con una convocatoria a las 20.30 horas en la Puerta del Sol. Durante la madrugada habrá actividad sindical en distintos centros de trabajo, entre ellos instalaciones de recogida de residuos, Mercamadrid y cocheras de la EMT.

El miércoles, CCOO y UGT han convocado una concentración a las 12.00 horas en Cibeles, donde está previsto que ofrezcan los primeros balances de seguimiento. La principal manifestación de la tarde comenzará a las 18.00 horas en Atocha, recorrerá el paseo del Prado, Cibeles, Alcalá y Gran Vía y terminará en la plaza de España.

También hay manifestaciones anunciadas en Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza y otras ciudades. En Barcelona están previstas movilizaciones a las 13.00 horas en la plaza de la Universitat y a las 17.30 horas en los Jardinets de Gràcia. Valencia y Sevilla celebrarán sus principales marchas a las 18.00 horas, mientras que en Bilbao la manifestación comenzará a las 11.30 horas.

El transporte y los servicios públicos, pendientes del seguimiento de la huelga

El paro puede provocar alteraciones en el transporte, la educación, la sanidad y otros servicios, aunque la convocatoria no supone el cierre automático de colegios, comercios, centros sanitarios o estaciones. Las administraciones han aprobado servicios mínimos para garantizar las prestaciones esenciales, con porcentajes diferentes según el territorio y el medio de transporte.

En Madrid, Metro prestará el 80% del servicio habitual en las horas punta, comprendidas entre las 7.30 y las 9.30, las 14.00 y las 16.00 y las 18.00 y las 20.00 horas. Durante el resto del día se garantizará un promedio del 50%. En los autobuses de la EMT, los mínimos serán del 40% en las líneas concurrentes con Metro y del 50% en las de la red específica.

Los trabajadores que decidan secundar la huelga tienen derecho a suspender su actividad durante la jornada, aunque el tiempo de paro no se remunera. Quienes estén designados para cubrir servicios mínimos legalmente establecidos deberán cumplirlos.

La huelga irrumpe en la recta final hacia las elecciones del 29N

La movilización llega a dieciocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre y apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña. El precio de la vivienda, las dificultades para llegar a fin de mes y las propuestas económicas de los partidos ya ocupan buena parte del debate electoral.

Los sindicatos han insistido en que la convocatoria no está dirigida contra un único partido ni responde al calendario electoral. Sus demandas interpelan al Gobierno, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a las empresas.

La jornada permitirá comprobar el seguimiento del paro en los centros de trabajo y la respuesta ciudadana a las manifestaciones. Los primeros balances llegarán durante la mañana del miércoles, mientras que las movilizaciones de la tarde servirán para medir la capacidad de convocatoria de un movimiento que comenzó con la defensa de una vecina de Madrid frente a su desahucio.

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¿En qué estado parlamentario se encuentran actualmente las propuestas legislativas sobre vivienda tras el rechazo de los decretos en el Congreso?

A 11 de noviembre de 2026, la situación no es simplemente de bloqueo: los decretos de vivienda rechazados quedaron derogados, pero el Gobierno aprobó otros dos textos para recuperar sus medidas. Además, la disolución de las Cortes el 6 de octubre hizo caducar las iniciativas legislativas ordinarias que seguían pendientes: no deben presentarse como leyes que continúan avanzando en comisión o hacia el Senado.

Los decretos rechazados: tramitación terminada

Los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, ambos de 29 de septiembre, fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre. Su derogación se publicó ese mismo día. Por tanto, no están pendientes de enmiendas, de un informe de ponencia ni de aprobación en el Senado: su recorrido parlamentario terminó, según explica Demócrata.

  • Real Decreto-ley 26/2026: reunía medidas sobre vivienda asequible, protección frente a desahucios, alquileres temporales y por habitaciones, fiscalidad y ampliación del parque público. La resolución publicada en el BOE acredita su derogación.
  • Real Decreto-ley 27/2026: modificaba la continuidad de los contratos de vivienda habitual, los preavisos y determinadas indemnizaciones. Su rechazo dejó sin efecto esas novedades, como recoge el balance de las medidas derogadas.
Los nuevos decretos: una vía parlamentaria distinta

El Gobierno volvió a aprobar medidas mediante los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, publicados el 7 de octubre. Son normas nuevas, no una continuación automática de los textos rechazados. Con las Cortes disueltas, corresponde a la Diputación Permanente decidir su convalidación, es decir, si mantiene los decretos, o su derogación (Demócrata, 7 de octubre).

  • Real Decreto-ley 28/2026: vuelve a abordar la estabilidad y las prórrogas de los contratos de arrendamiento habitual.
  • Real Decreto-ley 29/2026: recupera medidas sobre desahucios, fiscalidad, parque público y vivienda asequible; incorpora avales de hasta 2.000 millones de euros para alquiler social o asequible y el mecanismo TU CASA.

La comunicación del Congreso localizada anuncia su examen por la Diputación Permanente, pero no recoge el resultado. En las fuentes consultadas no consta el acuerdo final; por ello, no cabe darlos por convalidados ni atribuirles una posterior tramitación como proyectos de ley.

Qué ocurre con las propuestas de ley ordinarias

La distinción decisiva es entre rechazo, retirada y caducidad por disolución:

  • Suspensión de lanzamientos de colectivos vulnerables: el proyecto procedente del Real Decreto-ley 1/2024 caducó el 6 de octubre de 2026. Había sido enviado a la Comisión de Vivienda y tramitado por urgencia. La caducidad del proyecto no equivale a derogar el decreto previamente convalidado (Congreso).
  • Alquileres temporales y por habitaciones: consta trabajo de ponencia en noviembre de 2025, pero la propuesta pendiente caducó con la disolución; esa fase histórica no acredita una tramitación actual (Demócrata).
  • Incentivos fiscales al alquiler asequible: la propuesta identificada en fase inicial tampoco puede considerarse viva tras la disolución. Para continuar necesitaría una nueva presentación en la siguiente legislatura.
  • Reforma gubernamental del suelo: el proyecto fue retirado en mayo de 2024; no está esperando aprobación parlamentaria (publicación de la retirada).

En conclusión: no hay que confundir propuestas pendientes de la legislatura anterior con reformas actualmente en marcha. El foco parlamentario se trasladó a los nuevos decretos y a la Diputación Permanente; las iniciativas ordinarias caducadas deberán reiniciarse, mientras que las normas ya aprobadas siguen un régimen distinto.

¿Cuáles son las competencias y atribuciones legales de los principales sindicatos convocantes, como CCOO y UGT, en la organización de huelgas generales?

En España, las competencias y atribuciones legales de los sindicatos en la organización de huelgas generales no se regulan de forma específica para CCOO o UGT, sino para cualquier sindicato, si bien estos dos, por su condición de sindicatos “más representativos”, tienen una capacidad práctica y jurídica reforzada para impulsarlas y gestionarlas.

El marco básico está en el artículo 28.2 de la Constitución, que reconoce el derecho de huelga de los trabajadores, y en el Real Decreto-ley 17/1977, de relaciones de trabajo, interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sobre esa base, las competencias principales de los sindicatos al convocar una huelga general son las siguientes:

1. Legitimación para convocar la huelga
  • Sujetos legitimados: Pueden convocar huelgas los sindicatos y también las representaciones unitarias de los trabajadores (comités de empresa, delegados de personal). No existe una reserva exclusiva a CCOO o UGT, pero, al ser organizaciones de ámbito estatal y “más representativas”, están especialmente legitimadas para convocar huelgas de alcance general, que afectan a múltiples sectores y territorios.
  • Ámbito de la convocatoria: El sindicato puede fijar el ámbito funcional (uno o varios sectores) y territorial (local, autonómico, estatal) de la huelga. Las huelgas “generales” suelen tener ámbito estatal y multisectorial, algo que en la práctica solo pueden articular sindicatos del tamaño de CCOO y UGT.
2. Contenido y formalidades de la convocatoria
  • Determinación de los objetivos: El sindicato define las “causas” y objetivos de la huelga (laborales, sociales, de política socioeconómica, etc.). La jurisprudencia ha admitido también huelgas de carácter más “general” o social, siempre que mantengan conexión con intereses laborales.
  • Fijación de fecha, duración y modalidad: El sindicato convoca indicando inicio y, en su caso, fin de la huelga, así como su carácter indefinido o limitado a uno o varios días concretos.
  • Comunicación previa: Debe comunicarse por escrito a la empresa o empresas afectadas y, en huelgas generales, también a las organizaciones empresariales y a las autoridades laborales. Debe respetarse un plazo mínimo de preaviso (con carácter general, al menos cinco días naturales; en servicios públicos esenciales, mayor).
3. Dirección de la huelga: comité de huelga y representación
  • Designación del comité de huelga: El sindicato convocante propone o participa decisivamente en la designación del comité de huelga, órgano representativo de los trabajadores en conflicto. En una huelga general, CCOO y UGT suelen copresidir o formar parte central de ese comité.
  • Funciones del comité: Negocia con empresas, patronales y autoridades; canaliza reclamaciones; participa en la fijación práctica de servicios mínimos; y es el interlocutor principal frente a la Administración.
  • Capacidad de negociación: Los sindicatos pueden negociar durante la huelga acuerdos que pongan fin al conflicto (pactos de salida, compromisos de retirada de medidas, garantías frente a represalias), que obligan a las partes firmantes.
4. Organización de la acción sindical
  • Información y propaganda: El sindicato organiza campañas informativas, asambleas y difusión pública de los motivos de la huelga. Esta actividad está protegida por la libertad sindical, siempre que se respete la legalidad.
  • Piquetes informativos: Los sindicatos pueden organizar piquetes pacíficos para informar y persuadir a los trabajadores. Su legitimidad se reconoce siempre que no haya coacciones, daños ni violencia, pues entonces podría incurrirse en responsabilidad administrativa o penal.
  • Coordinación intersectorial: En una huelga general, CCOO y UGT desempeñan la función práctica de coordinar comités de empresa, secciones sindicales y federaciones sectoriales para homogeneizar mensajes y acciones.
5. Relación con los servicios mínimos y con la Administración
  • Servicios esenciales: En actividades calificadas como “servicios esenciales para la comunidad” (sanidad, transporte, etc.), la autoridad gubernativa fija servicios mínimos. Los sindicatos, a través del comité de huelga, participan en la negociación práctica de esos servicios y pueden impugnarlos ante los tribunales si los consideran abusivos.
  • Impugnación y tutela judicial: Los sindicatos están legitimados para acudir a la jurisdicción social o contencioso-administrativa para:
    • Defender el derecho de huelga frente a vulneraciones (sustitución de huelguistas, sanciones, etc.).
    • Impugnar resoluciones de servicios mínimos desproporcionados.
    • Reclamar indemnizaciones por daños a la libertad sindical o al derecho de huelga.
6. Responsabilidad y límites
  • Respeto a la legalidad: La convocatoria y el desarrollo de la huelga deben respetar la Constitución, la ley y los derechos fundamentales de terceros (libertad de trabajo de quienes no secundan la huelga, integridad física, propiedad, etc.).
  • Responsabilidad del sindicato: En caso de daños derivados de actuaciones ilícitas organizadas o amparadas por el sindicato (por ejemplo, piquetes violentos dirigidos desde su estructura), puede exigírsele responsabilidad civil o penal.

En síntesis, CCOO y UGT no tienen “poderes especiales” distintos de los del resto de sindicatos, pero su condición de más representativos y de ámbito estatal les otorga una capacidad reforzada de convocatoria, coordinación y negociación que los convierte en los actores centrales en la organización de huelgas generales en España.

¿Puedes detallar cómo se configura legalmente un comité de huelga en España y qué límites tiene su actuación? ¿Qué papel juegan los servicios mínimos en una huelga general y cómo pueden los sindicatos impugnarlos? ¿En qué se diferencia jurídicamente una huelga general “laboral” de una de carácter más “político” o social?

¿Qué otros gobiernos autonómicos o el Gobierno central han adoptado recientemente medidas similares para contener los desahucios y regular el precio de los alquileres?

Sí. Cataluña, Navarra, Euskadi, Galicia y Asturias han aplicado medidas de contención del alquiler mediante zonas de mercado residencial tensionado, mientras que el Gobierno central ha aprobado límites a las actualizaciones, prórrogas contractuales y protección frente a determinados desahucios. Conviene distinguir ambas actuaciones: limitar la renta no equivale a suspender un desahucio, y las protecciones no alcanzan por igual a todos los contratos.

Gobiernos autonómicos: límites territoriales y nuevas garantías
  • Cataluña. Además de aplicar la contención de rentas en zonas tensionadas, el Parlament aprobó el 18 de diciembre de 2025 una nueva regulación de los contratos de temporada. Es una actuación relevante para evitar que la contratación temporal desplace al alquiler habitual. La Generalitat informó en abril de 2026 de una reducción de 1.233 contratos de temporada durante el cuarto trimestre de 2025, aunque ese dato no demuestra por sí solo el efecto causal de la reforma. Balance de la Generalitat.
  • Navarra. Activó los límites de precios en 21 municipios en julio de 2025 y ha ampliado la regulación al alquiler de habitaciones. El Parlamento foral ha aprobado una ley que contempla que, en zonas tensionadas, la suma de las rentas de las habitaciones no supere el máximo aplicable a la vivienda completa, con reparto proporcional según superficie. También prevé reclamar cantidades cobradas indebidamente y compensarlas en casos de desahucio por impago. Las previsiones sobre inscripción de contratos producirán efectos el 1 de enero de 2027. Texto aprobado en Navarra.
  • Euskadi. Ha extendido progresivamente las zonas tensionadas. Arrasate, Pasaia y Zestoa se incorporaron con efectos desde el 28 de abril de 2026; entonces eran 17 localidades, que reunían el 54% de la población vasca. En Pasaia, la orden autonómica aplica además el límite del sistema de referencia a viviendas sin contrato durante los cinco años anteriores. Estas declaraciones se acompañan de planes para ampliar la oferta asequible, no de una moratoria autonómica general de desahucios. Despliegue vasco y orden de Pasaia.
  • Galicia y Asturias. La declaración publicada en julio de 2026 incorporó Santiago de Compostela, que se sumó a A Coruña, y ámbitos concretos de cinco municipios asturianos: Gijón —La Arena y Cimadevilla—, Avilés —La Magdalena—, Llanes, Gozón —Luanco— y Cabrales —Arenas y Poo—. No supone limitar todos los alquileres de ambas comunidades. Según el Ministerio, las nuevas declaraciones tuvieron efectos el 30 de julio. Relación y ámbitos afectados.
Gobierno central: estabilidad contractual y desahucios

Durante 2026, el Ejecutivo aprobó un tope extraordinario del 2% para determinadas actualizaciones y prórrogas de hasta dos años. Los textos de octubre mantuvieron ese esquema: cuando la renta supera el máximo del sistema de referencia no puede incrementarse; en otros supuestos, a falta de acuerdo, opera el 2%. No debe confundirse con un precio máximo universal para cualquier nuevo alquiler. Explicación de Demócrata.

El paquete aprobado en septiembre incluyó suspensiones de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional, con condiciones y excepciones, entre ellas propietarios vulnerables con dos o menos viviendas. También contempló que las comunidades asumieran las cantidades necesarias para evitar determinados desahucios por impago cuando no ofrecieran realojamiento. Son medidas aprobadas mediante decretos-ley: las fuentes consultadas no permiten presentar su continuidad parlamentaria como definitivamente resuelta. Medidas anunciadas por Moncloa.

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¿Cuál es el principal motivo de la huelga general convocada en España en noviembre?

Pregunta 1 de 3

¿Qué respuesta legislativa intentó dar el Gobierno a las protestas por la vivienda antes de la huelga general?

Pregunta 2 de 3

¿Qué sindicatos NO se han sumado a la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre?

Pregunta 3 de 3