El pequeño municipio de Murtas, en plena Alpujarra granadina, presenta una situación demográfica y electoral poco habitual en la provincia: alrededor del 75 por ciento de las personas con derecho a voto están empadronadas fuera de España.
De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press, el número de ciudadanos con derecho al sufragio que viven en el extranjero alcanza los 1.067 electores (CERA), frente a los apenas 332 votantes inscritos hasta septiembre como residentes (CER) en esta localidad granadina.
De estas cifras se concluye que el 76,2 por ciento del censo total se encuentra en el exterior. Estas personas no pueden participar en las elecciones municipales, aunque sí están habilitadas para votar en las autonómicas y en las generales. El alcalde de Murtas, José Miguel Romera, explica a Europa Press que la mayoría de estos nacionalizados “no son gente del pueblo ni lo conocen”. Sus familias salieron en su día hacia distintos países de Latinoamérica, como Argentina o Venezuela, y muchos de ellos no han regresado al municipio en los últimos años.
Esta realidad se vincula a una disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, que reconoce el derecho a obtener la nacionalidad española a los descendientes de quienes se exiliaron. Sin embargo, la cuestión está actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir si quienes han obtenido la nacionalidad por esta vía podrán ejercer el voto en las próximas elecciones del 29 de noviembre.