Vox se querella contra Óscar Puente ante el Supremo por el accidente de Urda

La formación de Abascal solicita que el ministro declare como investigado y reclama que se examine su actuación ante las advertencias sobre seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los sindicatos en febrero

Detalle de la fachada del Tribunal Supremo. EUROPA PRESS

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Vox ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en la modalidad de comisión por omisión, en relación con el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

La formación considera necesario investigar si el titular del departamento incumplió sus obligaciones de dirección, supervisión y control en materia de seguridad ferroviaria y solicita que comparezca ante el Alto Tribunal en calidad de investigado.

La iniciativa judicial se centra en determinar qué información recibió el ministro sobre posibles deficiencias en la red ferroviaria, qué actuaciones impulsó para corregirlas y de qué manera supervisó su ejecución. Según expone Vox en su escrito, la investigación debe esclarecer también si Puente exigió los informes necesarios para conocer el estado de la seguridad ferroviaria y si adoptó las medidas que correspondían a sus responsabilidades.

No obstante, el partido de Santiago Abascal no atribuye al ministro la decisión concreta de autorizar la reanudación de la circulación ferroviaria, sino que plantea una posible responsabilidad penal derivada de las omisiones que considera necesario investigar.

Vox pide investigar los compromisos

Entre los antecedentes que incorpora la querella figuran las advertencias y reclamaciones formuladas tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, así como el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero entre el Ministerio de Transportes y las organizaciones sindicales para reforzar el mantenimiento de las infraestructuras, las plantillas y las condiciones de seguridad.

La formación reclama que se compruebe hasta qué punto se habían ejecutado los compromisos adquiridos y que se identifiquen las siete medidas que, según la documentación recogida en el escrito, todavía se encontraban en tramitación el 16 de octubre.

Con esta petición, Vox pretende que la investigación judicial examine tanto las advertencias trasladadas a los responsables del Ministerio como las decisiones adoptadas posteriormente para atenderlas, con especial atención a los mecanismos de seguimiento y verificación de las actuaciones comprometidas.

Solicitan la declaración de Puente 

La querella incluye una serie de diligencias dirigidas a reconstruir la actuación de los responsables de la seguridad ferroviaria antes del accidente. Además de solicitar que Óscar Puente declare como investigado, Vox pide que se incorporen a las actuaciones los informes, comunicaciones y alertas recibidos por el Ministerio de Transportes y Adif relacionados con posibles deficiencias de seguridad.

La formación también reclama que se examinen los protocolos aplicables cuando se producen fallos en los sistemas de protección ferroviaria, con el objetivo de determinar qué procedimientos estaban previstos y qué medidas debían adoptarse ante situaciones de este tipo.

Entre las declaraciones solicitadas figuran las de responsables del departamento ministerial, representantes de las organizaciones sindicales y miembros de la asociación de víctimas del accidente de Adamuz. Asimismo, Vox propone la elaboración de una prueba pericial independiente que permita identificar las posibles deficiencias existentes y establecer qué actuaciones concretas habrían podido evitar la colisión.

Otra querella contra responsables de Adif

El escrito presentado ante el Supremo también hace referencia a otra querella formulada por Vox contra responsables de Adif con competencias en circulación y seguridad ferroviaria, cuyas actuaciones solicita incorporar para facilitar la coordinación de ambas investigaciones.

La formación diferencia así entre las decisiones operativas relacionadas directamente con la circulación de los trenes y las posibles responsabilidades de supervisión que atribuye al ministro en el ejercicio de sus funciones.