La Consellería do Mar ha enviado a la Comisión Europea sus observaciones a la consulta pública sobre la comunicación “La pesca sostenible en la UE: estado de la situación y orientaciones para 2027”, en las que demanda que el “esfuerzo” realizado por la flota en materia de sostenibilidad se vea recompensado con “estabilidad de cotas y seguridad jurídica” de cara a 2027.
El departamento subraya que la posición de la comunidad adquiere un “peso estratégico añadido” al ejercer Galicia, durante el segundo semestre de 2026, la representación del conjunto de las comunidades autónomas en las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (Agrifish).
La Xunta sostiene que la conservación biológica y la viabilidad socioeconómica “deben avanzar juntas para consolidar la soberanía alimentaria de la Unión”. En el ámbito de la gestión pesquera, el documento remitido reclama que se reconozcan de forma explícita el Golfo de Vizcaya y las aguas ibéricas como espacios estratégicos y referentes de gestión, y recuerda que la propia Comisión ha constatado la “rápida caída” de la mortalidad por pesca.
El texto pide también evitar recortes “automáticos e indiscriminados” de cuotas cuando la ausencia de recuperación de determinados stocks responda a causas ambientales o a la actividad no declarada de operadores de terceros países. En esta línea, Mar propone instaurar de forma generalizada planes de recuperación plurianuales que “eliminen los drásticos vaivenes anuales y ofrezcan estabilidad y previsibilidad a las empresas y cofradías”, según detalla en un comunicado.
En relación con la competitividad y los costes operativos, el departamento que dirige Marta Villaverde alerta del “fuerte impacto” de la crisis energética vinculada a la “inestabilidad internacional”. “Ante esta situación, se demanda una estrategia dotada de fondos específicos de modernización energética y mecanismos de cobertura de precios que vayan más allá de las compensaciones puntuales de crisis del fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)”, señala.
Asimismo, Galicia plantea revisar el marco regulador de la capacidad pesquera para diferenciar entre el incremento del esfuerzo extractivo y las inversiones en arqueo y potencia destinadas exclusivamente a reforzar la seguridad, mejorar la habitabilidad a bordo y avanzar en la descarbonización de la flota.
Reivindicación de igualdad frente a las importaciones
La posición gallega incide también en el papel estratégico de la flota de gran altura y en la necesidad “urgente” de renovar los acuerdos de colaboración con países terceros, velando por la protección de los intereses de la Unión Europea.
Para frenar la competencia desleal, Galicia reclama una igualdad de condiciones “estricta” que obligue a las importaciones pesqueras extracomunitarias —en especial en el ámbito de la conserva de atún— a respetar los mismos estándares ambientales, sociales y de trazabilidad exigidos a la flota europea.
Las aportaciones gallegas insisten, además, en la dimensión social y en el equilibrio en el medio marino, con un llamamiento a reforzar la pesca artesanal y el marisqueo a pie, acelerar la homologación de los títulos de la gente del mar en el marco del Convenio STCW-F y reforzar la presencia de la mujer en toda la cadena extractiva y transformadora.
Del mismo modo, la Consellería solicita un control proporcionado de la obligación de desembarque, priorizando la selectividad y la prevención frente a cargas rígidas; la garantía de coexistencia de la actividad pesquera con los nuevos usos del espacio marítimo, y la continuidad de un instrumento financiero “fuerte, independiente y específico” para la pesca y la acuicultura en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.