La Junta propone al Gobierno una ayuda de 120 euros por hectárea para el arroz andaluz

La Junta propone ayudas de 120 euros por hectárea de arroz, financiadas con la reserva europea de crisis, para aliviar la grave situación del sector andaluz.

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La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha enviado ya al Ministerio de Agricultura, para su tramitación con cargo a la reserva europea de crisis, una propuesta de ayuda excepcional destinada a compensar las pérdidas que arrastran los arroceros andaluces. Esta iniciativa, que obtuvo el visto bueno en la mesa de interlocución agraria, plantea movilizar en torno a 3,72 millones de euros para el cultivo del arroz mediante una ayuda de 120 euros por hectárea, con un tope de 100 hectáreas por explotación.

Según la propuesta, la medida se sufragaría con el 40% de los fondos extraordinarios asignados a Andalucía de la reserva de crisis de la UE, creada para paliar el impacto del encarecimiento de la energía y de los fertilizantes. El resto de la dotación que corresponde a Andalucía de este Fondo Europeo de Reserva de Crisis se orientará a apoyar al vacuno de leche, al caprino de leche y a la apicultura, tal y como han detallado Asaja y la Federación de Arroceros en una nota informativa.

Asaja-Sevilla y la Federación de Arroceros han expresado por escrito su satisfacción por la buena acogida de esta iniciativa, al entender que "permitirá aliviar parcialmente la grave situación que sufre el sector arrocero, que tras varios años sin poder sembrar por la sequía se ve ahora sumido en una profunda crisis de mercado". El sector del arroz en Andalucía encara "una de las campañas más difíciles de su historia". Aunque se ha recuperado la superficie sembrada gracias a una mayor disponibilidad de agua, "los agricultores afrontan serias dificultades para comercializar su producción".

En este contexto, cuando ya se ha comenzado la recolección de 2026 en la provincia de Sevilla, principal área arrocera del país, todavía queda sin vender parte de la cosecha de 2025, ante la imposibilidad de obtener precios que cubran los costes de producción. El origen de esta situación se encuentra, sobre todo, en el "creciente peso" de las importaciones de arroz de países terceros. Tal y como ha denunciado reiteradamente el sector, la Unión Europea permite la entrada libre de aranceles de hasta 562.000 toneladas de arroz procedente de estados acogidos al régimen EBA ("Todo menos armas"), entre ellos Camboya y Myanmar (antigua Birmania).

Este volumen, equivalente a todo el consumo de arroz de España durante dos años, está generando una intensa presión a la baja sobre el mercado comunitario. Asaja-Sevilla y la Federación de Arroceros subrayan que los productores europeos están obligados a cumplir estrictos requisitos medioambientales, fitosanitarios, laborales y de seguridad alimentaria que encarecen notablemente sus costes, mientras compiten con partidas importadas sin arancel y sometidas a condiciones mucho menos estrictas. A juicio de ambas organizaciones, la ayuda extraordinaria planteada no basta para resolver los problemas estructurales del cultivo, pero sí ayudará a aliviar la delicada situación financiera de las explotaciones y a compensar en parte el fuerte incremento de los costes de producción, en un escenario comercial especialmente adverso.

Las dos asociaciones confían en que el Ministerio de Agricultura respalde el planteamiento remitido por la Junta de Andalucía y que la Comisión Europea dé luz verde cuanto antes a la aplicación de estas ayudas, de forma que puedan llegar a los agricultores lo más rápido posible y siempre dentro del plazo fijado por Bruselas para la justificación, gestión y pago, que la propia Comisión sitúa en el 28 de febrero de 2027. Al mismo tiempo, recalcan que esta intervención puntual debe ir acompañada de medidas estructurales que aseguren la viabilidad económica del cultivo, refuercen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, garanticen la reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros y activen mecanismos eficaces de salvaguarda frente a las importaciones de arroz procedentes de estados beneficiarios de estos regímenes preferenciales de acceso, que están distorsionando el mercado comunitario.