El Partido Animalista PACMA ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el Decreto 48/2026, con el que el Principado introduce cambios en el II Plan de Gestión del Lobo.
En el mismo escrito, la formación animalista reclama que se acuerde la suspensión cautelar de la norma, de manera que quede sin efectos mientras el tribunal analiza a fondo su legalidad.
PACMA alerta de que la reforma del plan podría respaldar medidas de control que conlleven la muerte de ejemplares de lobo y provoquen un daño irreversible sobre el equilibrio del ecosistema. El partido cuestiona que el decreto se ajuste a la normativa de protección ambiental vigente y plantea, además, críticas por las limitaciones en el acceso a la información y en la participación ciudadana durante la elaboración de disposiciones ambientales.
La petición de suspensión cautelar se fundamenta en el riesgo de que, durante la tramitación del recurso, se produzcan perjuicios imposibles de reparar.
El Partido Animalista argumenta que, si se matan lobos antes de que exista sentencia firme, una posible anulación posterior del decreto no podría deshacer esas muertes ni sus efectos sobre la población de la especie.
Desde la formación inciden en que “la administración asturiana insiste una y otra vez, pese a numerosas sentencias que anulan la caza del lobo, en el control poblacional de esta especie, pero desatiende la obligación de su recuperación impuesta por al Directiva de Hábitats”.
“El lobo es una especie imprescindible en el ecosistema español y mundial y aún así Asturias desoye a los científicos que avalan su protección frente a su caza”, añaden.
El Partido Animalista subraya también que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya estimó un recurso suyo contra el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo para 2025-2026 y dejó sin efecto aquella resolución. Ahora, solicita que una nueva protección cautelar impida que se ejecuten las actuaciones previstas antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo.
Como respaldo, PACMA incorpora una evaluación de la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), que advierte sobre la situación de vulnerabilidad del lobo en España y la necesidad de asegurar la viabilidad de sus poblaciones a largo plazo.
La formación política pide al tribunal que deje en suspenso de forma provisional los efectos del decreto para garantizar la eficacia de una eventual sentencia futura y evitar que el conflicto judicial se cierre cuando los daños denunciados ya sean irreversibles.