Durante las últimas semanas se han sucedio diferentes críticas en varios medios en relación a la intención del Gobierno de España de regular el despliegue de los centros de datos. En algunos casos se ha presentado como una peculiaridad española, como si estuviésemos inventando obstáculos que no existen en otros países. Incluso se ha querido interpretar el informe de la CNMC sobre el proyecto de Real Decreto como una desautorización al conjunto de la iniciativa. Creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo.
Porque mientras discutimos si España debe regular o no, medio mundo ya está regulando, modificando sus reglas o planteándose cómo hacerlo. Y no es casualidad. La expansión acelerada de la inteligencia artificial está transformando los centros de datos en grandes consumidores de electricidad, agua, suelo y capacidad de red. Son infraestructuras necesarias para la digitalización y para la autonomía tecnológica europea, pero su escala empieza a producir efectos que ningún gobierno responsable puede ignorar.
Buena parte de las iniciativas que aparecen en la siguiente infografía (IA of course, porque la uso y su infraestructura es necesaria ) que acompaña este artículo se han producido únicamente entre septiembre y octubre:
- España. El proyecto de Real Decreto sometido a información pública a finales de agosto planteaba que los centros de datos de al menos 1 MW respalden hora a hora el 80% de su consumo con nueva generación renovable, incorpora requisitos de eficiencia energética e hídrica, transparencia, resiliencia y soberanía digital y vincula su cumplimiento al acceso a la red. El informe de la CNMC, aprobado el 22 de septiembre, propone modificar y modular algunos de estos instrumentos, especialmente adicionalidad, correlación horaria y determinados incentivos económicos. Eso forma parte precisamente del proceso regulatorio: discutir cómo conseguir los objetivos de manera proporcionada y eficiente. Ahora estamos a la espera del Decreto definitivo que a buen seguro incluirá sugerencias y alegaciones presentadas
- UE. El 21 de septiembre, la Comisión adoptó el nuevo rating scheme común para centros de datos y abrió simultáneamente una consulta para introducir estándares mínimos obligatorios de rendimiento, con una propuesta legislativa prevista para el segundo trimestre de 2027. La propia Comisión reconoce expresamente los problemas asociados al consumo de electricidad, capacidad de red, emisiones y agua. La Cloud and Artificial Intelligence Act (CADA) está en sus primeros pasos legislativos
- Dinamarca. El 1 de octubre, el Parlamento aprobó un plan urgente para gestionar una red eléctrica que ya no dispone de espacio suficiente para todos los proyectos que solicitan conexión. La nueva legislación permite abandonar el principio puro de first come, first served (incorporado también al Paquete de Redes Europeo que está ya en avanzada tramitación legislativa) y priorizar proyectos según criterios de interés social y funcionamiento del sistema. El debate político danés ha señalado expresamente a los grandes centros de datos hyperscaler como cargas que pueden quedar detrás de actividades consideradas prioritarias. La ley entró en vigor el 12 de octubre.
- Reino Unido. Ofgem , el regulador energético del Reino Unido, está reformando las conexiones después de que las solicitudes de grandes cargas eléctricas se disparasen. Sólo los centros de datos suman alrededor de 73 GW en la cola de conexión. El regulador ha propuesto una tasa de compromiso y hitos obligatorios que demuestren que existe un cliente real, capacidad financiera y equipos contratados. El objetivo declarado es sacar de la cola los proyectos especulativos que ocupan capacidad e impiden avanzar a proyectos viables.
- Alemania. Entre septiembre y octubre el Bundestag ha estado revisando su legislación de eficiencia energética aplicada también a centros de datos. En el debate parlamentario se han presentado propuestas para priorizar la conexión de los centros más eficientes y sostenibles, mientras otros grupos como Los Verdes y Die Linke han llegado a plantear una moratoria hasta disponer de un análisis sólido de necesidades y capacidad. Alemania ya regula PUE, reutilización del calor y consumo renovable de estas instalaciones.
- Francia. El 16 de septiembre, el Senado aprobó por unanimidad un informe con 16 recomendaciones sobre el impacto ambiental de la IA. Su planteamiento es interesante: Francia quiere atraer centros de datos, pero haciendo de la “excelencia ambiental” una ventaja competitiva. Reclama transparencia, integración territorial, IA más frugal y también sustituir progresivamente la lógica de “primero que llega, primero que conecta” por otra basada en la madurez efectiva de los proyectos.
- Finlandia. Uno de los países europeos más atractivos para centros de datos por su electricidad baja en carbono y su clima frío acaba de recordar que disponer de energía limpia no supone un cheque en blanco. El 8 de octubre, las autoridades obligaron a Google a detener trabajos preparatorios en dos futuros centros de datos en Muhos y Kajaani hasta completar las correspondientes evaluaciones ambientales, después de grandes operaciones de tala y transformación del terreno. Paralelamente, proyectos privados están incorporando compromisos de nueva generación renovable vinculada a su consumo.
- Estados Unidos. El 21 de septiembre, Texas, uno de los lugares más favorables al sector, paralizó nuevos permisos estatales mientras audita el efecto de los centros de datos sobre electricidad, agua e infraestructuras. Había más de 470 GW de proyectos solicitando conexión. Y el 12 de octubre, el regulador federal FERC autorizó a PJM a crear un registro obligatorio de grandes centros de datos para conocer potencia, localización, calendario y suministro eléctrico. El debate sobre quién debe pagar las nuevas infraestructuras está ya plenamente abierto.
- Australia. El 22 de septiembre,el estado de Victoria propuso que los nuevos centros de datos obtengan su propia generación renovable y almacenamiento, financien sus conexiones y refuerzos de red y utilicen agua reciclada o no potable. Nueva Gales del Sur está trabajando además sobre cómo repercutir los costes hídricos e infraestructurales específicamente sobre estas instalaciones.
- Malasia. Uno de los mercados que más rápidamente está creciendo en Asia ha creado una Data Centre Task Force. El Gobierno deja claro que sólo deben avanzar los proyectos con electricidad y agua aseguradas y cumplimiento ambiental acreditable. Se incorporan métricas de PUE y WUE y se da prioridad a los proyectos que desarrollen proveedores, empleo y cadena de valor local. No quieren simplemente centros de datos: quieren que el despliegue deje valor industrial en el país.
- India. La oposición social a proyectos de Amazon o Google ha aumentado durante las últimas semanas por su consumo de agua y electricidad, transformación del suelo y falta de participación local. Y precisamente hoy, 14 de octubre, el Gobierno indio anuncia una nueva política nacional para ordenar el desarrollo del sector con un objetivo explícito: evitar que su crecimiento termine elevando el coste eléctrico para el resto de los consumidores
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Lo que observamos no parece precisamente una extravagancia española. Es una tendencia global. Cada país está buscando su propia solución porque las circunstancias no son iguales. Francia dispone de una electricidad muy descarbonizada. Australia tiene retos específicos de agua y red. Dinamarca quiere decidir quién tiene prioridad cuando la capacidad escasea. Malasia intenta evitar proyectos sin recursos asegurados y utilizar las inversiones para desarrollar su propia industria. Reino Unido quiere limpiar una cola eléctrica saturada de solicitudes especulativas. Por eso tampoco creo que exista una única regulación idéntica que pueda trasladarse mecánicamente a todos los Estados europeos.
Europa necesita un marco común, pero probablemente más parecido a una Directiva que a un Reglamento extremadamente prescriptivo: objetivos y principios comunes fuertes y capacidad de adaptación a la realidad eléctrica, hídrica, industrial y territorial de cada Estado miembro. Pero los objetivos deberían estar claros.
El primero es no aumentar nuestra dependencia fósil. Sería absurdo construir la infraestructura de la economía digital europea creando al mismo tiempo nueva dependencia del gas para alimentarla. Basta con mirar el comportamiento del TTF , el mercado mayorista de gas europeo, en los últimos años como para entender que sería pegarse un tiro en el pie. Por eso la adicionalidad renovable que plantea España va en la dirección adecuada. Podemos discutir cómo medirla, qué excepciones tienen sentido o hasta qué punto la correlación debe ser horaria, pero no abandonar el principio.
Segundo, necesitamos transparencia real. No sólo ratios. Queremos saber cuánta electricidad consume cada gran instalación, cuánta agua utiliza, qué emisiones provoca directa o indirectamente y qué impacto tiene sobre la red. El nuevo rating scheme europeo es un paso, pero la discusión abierta sobre Aarhus demuestra que todavía queda camino por recorrer.
Tercero, hay que gestionar la capacidad de la red como el recurso escaso que empieza a ser. Una solicitud de conexión no puede bloquear durante años cientos de MW que podría necesitar una fábrica, la electrificación del transporte, una industria química, un hospital o una nueva actividad productiva. Eso significa acabar progresivamente con el first come, first served cuando deja de servir al interés general y avanzar hacia el first ready, first served cuanto antes. Ya está incorporado también al Paquete de Redes Europeo que está ya en avanzada tramitación legislativa. Por lo tanto lo que toca es priorizar proyectos reales, maduros y financieramente sólidos. Evitar solicitudes especulativas. . Y garantizar una competencia justa por la capacidad eléctrica entre sectores económicos.
Cuarto y muy importante : quien provoca costes extraordinarios sobre el sistema debe asumir una parte proporcionada de ellos. Si un proyecto de cientos de MW exige nuevas líneas, subestaciones o generación firme, no podemos aceptar automáticamente que la inversión se traslade a la factura eléctrica del conjunto de hogares y empresas.
Quinto, la flexibilidad debe tener valor. Un centro de datos capaz de desplazar carga computacional hacia las horas de abundancia renovable no tiene el mismo impacto que otro que exige la misma potencia de manera completamente rígida las 24 horas del día.
Sexto, eficiencia y renovables deben ser elementos transversales del modelo: PUE, agua, recuperación de calor, almacenamiento, generación renovable y gestión de demanda deben formar parte del mismo diseño.
Y hay una última cuestión que a veces olvidamos: la soberanía.
Tener un edificio lleno de servidores en territorio europeo no significa automáticamente disponer de soberanía digital. Importa quién controla la infraestructura, bajo qué legislación están los datos, qué capacidad tenemos para acceder a los servicios y qué ocurre si una decisión adoptada fuera de Europa limita ese acceso. Necesitamos capacidad computacional en Europa. Mucha pero la necesitamos de modo eficiente. Nuevos indicadores que relacionen la capacidad de computación con la energía consumida o con las emisiones producidas deberán ser cada vez más comunes.
Por eso creo que el Decreto español llega en un momento adecuado y va en la dirección que necesita nuestro país. Seguro que lo que vamos a ver mejorará el borrador previo a la consulta pública , recordemos que el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Sara Aagesen ha sido modélico todos estos años facilitando la participación pública . Y seguro que algunas de las aportaciones de la CNMC serán tenidas en cuenta ,pues para eso sirven los informes de los reguladores, las alegaciones y el debate público.
Pero discutir cómo regular es muy diferente de sostener que regular es un error. Si observamos lo que está ocurriendo desde Dinamarca hasta Texas, desde Finlandia hasta Australia o Malasia, la conclusión es precisamente la contraria: el verdadero riesgo empieza a ser no regular a tiempo.