La 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas ha vuelto a convertir Nueva York en el gran escenario de la política mundial. Cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno han debatido sobre Gaza, Ucrania y Sudán, la emergencia climática, el retroceso de los derechos humanos y la reforma del sistema multilateral. La inteligencia artificial ha ganado centralidad, y el endeudamiento de los países en desarrollo ha reaparecido como uno de los grandes obstáculos para la Agenda 2030. Pero, por debajo de la agenda, la cuestión de fondo era otra: si el mundo seguirá rigiéndose por normas comunes o por la ley del más fuerte.
La Asamblea se ha celebrado en un momento de extrema debilidad para la Organización. Ese deterioro no se explica solo por sus limitaciones: responde también a una estrategia deliberada de quienes desean debilitarla. Donald Trump y otros líderes populistas la presentan como una institución lenta, inútil y capturada por burócratas globalistas. No es una crítica inocente, sino una batalla por el relato: si el multilateralismo se presenta como una ideología extrema y no como un método de convivencia, resulta más sencillo desmantelarlo.
Trump lo expresó sin rodeos. Proclamó que «quien gane la superinteligencia, gana», calificó de «plan globalista» cualquier supervisión internacional de la IA y describió la Corte Penal Internacional como una institución «llena de gente malvada», invitando a los demás países a abandonarla. Pedro Sánchez defendió la posición contraria: denunció un «intento de demolición planificado y coordinado» del orden multilateral y pidió reformar el Consejo de Seguridad y suprimir el derecho de veto.
Lant Pritchett, Michael Woolcock y Matt Andrews acuñaron el concepto de «mimetismo isomórfico» a partir de un fenómeno de la naturaleza: especies que imitan la apariencia de otras para sobrevivir, sin poseer sus capacidades. Trasladado a las instituciones, describe aquellas que conservan las formas de una organización funcional sin producir los resultados que justifican su existencia. La ONU corre ese riesgo. Sigue celebrando cumbres y aprobando resoluciones con la igualdad formal de sus 193 Estados, pero muchas de sus decisiones no se ejecutan y el poder real sigue concentrado en unos pocos. Con una diferencia importante respecto a los casos que estudian estos autores: aquí no es la institución la que carece de capacidad, sino sus miembros más poderosos quienes vacían la forma de contenido.
La Asamblea ofreció ejemplos elocuentes. Por segundo año consecutivo, Estados Unidos negó el visado a Mahmoud Abbas y a altos cargos de la Autoridad Palestina, y el presidente palestino tuvo que intervenir mediante un vídeo pregrabado que la Asamblea había autorizado por 152 votos contra tres. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional desde 2024, llegó a Nueva York sobrevolando el espacio aéreo de Estados parte del Estatuto de Roma, como Francia, Italia o Grecia, que tenían la obligación de ejecutarla. Las normas siguen existiendo, pero su aplicación depende cada vez más de quién las infringe.
Fue también la última apertura de António Guterres como secretario general. Su discurso sonó a advertencia final: «Las líneas de fractura de nuestro mundo se ensanchan. Las grietas se han convertido en abismos». Guterres planteó cuatro grandes pruebas para el ejercicio del poder: la guerra y la paz, la desigualdad, el clima y la inteligencia artificial. Era, formulada desde la tribuna, la pregunta que sobrevoló toda la Asamblea: si el poder estará gobernado por la ley o por la fuerza.
Naciones Unidas no siempre funciona; demasiadas veces, tampoco la dejan funcionar
Y se proyecta sobre su sucesión. Según los resultados filtrados de la tercera votación indicativa del Consejo de Seguridad, celebrada el 18 de septiembre, Rebeca Grynspan (Costa Rica) encabeza la carrera con nueve votos de apoyo, cinco en contra y uno sin opinión, seguida de Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), con ocho apoyos. Ninguna se ha consolidado. En 2016, Guterres nunca bajó de once apoyos en ninguna ronda.
El procedimiento exige nueve votos de los quince miembros del Consejo y ningún veto de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido. En próximas rondas podrían utilizarse papeletas de colores que revelen si los rechazos proceden de un miembro permanente. El incentivo es perverso: las grandes potencias no buscan al candidato más capaz o independiente, sino al aceptable para todas ellas; un secretario general de mínimos.
En el caso de Estados Unidos, la disyuntiva es aún más preocupante. Tras recortar su financiación, abandonar organismos internacionales, atacar a la Corte Penal Internacional e impulsar una Junta de Paz que nació con el aval del Consejo para Gaza pero que aspira ahora a un papel paralelo, Washington parece tener dos opciones. La primera, promover un candidato afín. Entre los posibles aspirantes de última hora se mencionan Nickolay Mladenov, antiguo coordinador especial de la ONU para Oriente Medio y hoy alto representante para Gaza vinculado a la Junta de Paz que preside Trump.
La segunda, vetar sucesivamente a los candidatos con más méritos o autonomía y prolongar el bloqueo. Esa parálisis reforzaría su narrativa: una ONU incapaz de funcionar, sustituible por mecanismos más reducidos y controlables. Si el Consejo llegara al 31 de diciembre sin sucesor, la Organización entraría en una incertidumbre que no vive desde 1950, cuando el veto soviético llevó a la Asamblea General a prorrogar el mandato de Trygve Lie. Según la práctica de rotación regional, el puesto correspondería a América Latina y el Caribe, que solo lo ha ocupado una vez, con Javier Pérez de Cuéllar. Y, tras ocho décadas, existe una legítima aspiración a que lo ocupe por primera vez una mujer, como la propia Asamblea ha alentado. Pero ni los méritos, ni la geografía ni la igualdad de género están garantizados frente al veto.
Naciones Unidas no siempre funciona; demasiadas veces, tampoco la dejan funcionar. Pero la alternativa no es un mundo más eficiente, sino uno sin reglas compartidas. Los resultados de las votaciones indicativas deberían ser públicos, y los miembros permanentes deberían explicar sus vetos. La ONU no puede impedir por sí sola que se imponga la ley del más fuerte. Lo mínimo es que no sea esa ley la que elija a su secretario general.