La Plataforma de Directores de Canarias ha reclamado este viernes en el Parlamento de Canarias la puesta en marcha de una ley de autoridad del profesorado ante el aumento de “insultos, amenazas, acoso y agresiones” que se registran en los centros educativos.
Durante su intervención ante la comisión de Educación, los representantes de la plataforma han respaldado la proposición de ley impulsada por los grupos del cuatripartito, pero al mismo tiempo han pedido “recursos y protección” para que la autoridad del profesorado sea efectiva y la futura norma no quede “solo en palabras”.
Una de las portavoces, Carmen Terrón, ha alertado de la “violencia silenciosa” que supone tener que “justificar constantemente” cada decisión pedagógica, una situación que provoca “desgaste, miedo e inseguridad” en el profesorado.
En esa línea ha subrayado que “las familias tienen derecho a preguntar, tienen derecho a discrepar, a reclamar y a pedir explicaciones pero discrepar no significa insultar, reclamar no significa amenazar y cuestionar una decisión no puede significar desacreditar o acosar a un profesional”.
Por este motivo ha recalcado que precisan “protección jurídica real, asesoramiento inmediato, apoyo psicológico, protocolos claros ante agresiones de cualquier tipo, respaldo institucional y procedimientos rápidos”.
Ha señalado también que “hay temor a las consecuencias” a la hora de tomar decisiones y ha reiterado la necesidad de preservar la “convivencia” en los centros. “El respeto y la seguridad del profesorado no es una reivindicación corporativa, es una condición indispensable para poder educar”, ha indicado.
En este contexto ha remarcado que una familia “tiene derecho a conocer lo ocurrido, ser escuchada, reclamar” pero sin que exista “intimidación” hacia los docentes, que a diario tratan con familiares sometidos a mucho “estrés”, entre otros motivos por comentarios que circulan en grupos de 'whatsapp'.
Violencia silenciada en educación especial y alumnado con NEAE
María Cristina Molowny ha señalado que la futura ley debe “complementarse” con la ley de diversidad, ya que en un centro ordinario una conducta disruptiva “constituye una falta disciplinaria” mientras que, en el caso del alumnado con NEAE, ese comportamiento es expresión de su propia discapacidad.
Ha añadido que en los centros de educación especial se sufre una “violencia silenciada y normalizada”, con episodios de agresiones, insultos y amenazas, y ha precisado que, aunque se ha incrementado el personal de apoyo con terapeutas ocupacionales y enfermeras, también ha crecido el porcentaje de estudiantes con grandes necesidades de apoyo.
“El objetivo final es lograr que el aula sea un entorno seguro, tanto para el docente que necesita protección y recursos, como para el alumnado con discapacidad que merece una educación inclusiva, justa y no discriminatoria”, ha explicado.
Secundaria, posobligatoria y sobrecarga de los directores
Sara Lázaro, que ha expuesto la situación de los institutos de Secundaria, ha insistido en la urgencia de reforzar “límites, convivencia y respeto”, aunque ha lamentado el “tiempo” que se invierte en abordar las conductas inadecuadas del alumnado.
Asimismo, ha cuestionado por qué han quedado sin cubrir numerosas plazas en el último proceso de selección de directores.
Por su parte, Francisco Ruiz, en representación de las enseñanzas posobligatorias, ha señalado que los centros son “cada vez más complejos” y considera que la autoridad del docente se “debilita” cuando percibe que la dirección no puede respaldarlo.
“Pero puede ser todavía peor, que es cuando la administración tampoco lo respalda y ahí es cuando la autoridad de la dirección también se debilita”, ha afirmado.
En esta línea ha advertido de que no se puede exigir al director “ser líder pedagógico, gestor administrativo, contable, responsable de convivencia, mediador e interlocutor con la familia y además gestionar una carga burocrática cada vez más creciente”.
Ha solicitado que la nueva ley consolide una “cadena de respaldo” que sostenga la autoridad del profesorado y que se reduzca de forma drástica la burocracia, al tiempo que ha descrito a los directores como “especies en extinción” por la falta de incentivos para asumir el cargo.
La proposición de ley se debatirá la próxima semana en comisión parlamentaria y, según han recordado PSOE y NC-bc, la nueva regulación puede “legislar sobre lo ya legislado”, tal y como han señalado el Consejo Escolar y el Consultivo, por lo que ambos grupos muestran dudas sobre su impacto real.