La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia propone reforzar la transparencia, endurecer los controles de legalidad ante nuevas emergencias sanitarias y modificar el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El dictamen, que salió adelante esta semana en el Pleno con el apoyo de CC, PP, Vox y AHI y el voto en contra de PSOE, NC-bc y ASG, que presentaron un voto particular, incorpora el denominado “test de encaje”. Este mecanismo obliga a la administración, antes de recurrir a la contratación de emergencia, a descartar previamente soluciones en tres escalones.
En primer lugar, se debe analizar si el problema puede resolverse con medios propios o mediante acuerdos marco; en segundo término, valorar la tramitación de urgencia ordinaria y, solo como última opción, acudir a la vía de emergencia.
El informe también exige que se motive de forma precisa la necesidad del contrato, la relación causa-efecto, la adecuación del proveedor y la razonabilidad del precio. Igualmente, plantea instaurar un sistema de trazabilidad que incluya un expediente mínimo con contactos, ofertas, encargos y facturas en un plazo máximo de un mes desde la adopción del acuerdo.
El documento, recogido por Europa Press, plantea además la creación de un registro cronológico interno donde consten reuniones y negociaciones con intermediarios o terceros, con el fin de impedir canales de decisión paralelos o informales. A ello suma una plataforma única para publicar los contratos, un portal de seguimiento de fondos en tiempo real y controles específicos frente a conflictos de interés, intermediarios innecesarios y precios por encima del mercado.
La Cámara propone también delimitar con claridad qué órganos se encargan de las compras, activar equipos especializados cuando proceda, reforzar las comprobaciones sobre pagos anticipados, verificar la solvencia de los proveedores mediante un registro de operadores aptos e implantar controles de integridad que eviten conflictos de interés o sobreprecios.
En la misma línea, se reclama al Gobierno autonómico que dote de más recursos humanos y tecnológicos a la Intervención General, para poder fiscalizar contratos a partir de determinados umbrales económicos; revisar los decretos de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica y el esquema de respuesta a emergencias, y constituir un comité multidisciplinar alineado con los estándares del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS.
Al Estado se le insta, además de a adaptar el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público a grandes emergencias, a permitir que las comisiones de investigación accedan, de forma confidencial y proporcionada, a información fiscal de personas físicas o jurídicas directamente vinculadas al caso investigado, impulsar la producción nacional de material sanitario y fijar precios de referencia para los suministros críticos.
Responsabilidades políticas y contratos bajo la lupa
El dictamen señala como responsables políticos de las contrataciones durante la pandemia al expresidente canario, Ángel Víctor Torres, al exdirector del SCS, Antonio Olivera, y a los exconsejeros Julio Pérez y Blas Trujillo, aunque al mismo tiempo admite que solo uno de los 1.390 contratos analizados, el de RR7, presenta irregularidades y supone una “quiebra gravísima” del control político sobre fondos públicos esenciales, dado que se abonaron cuatro millones por adelantado, en dos pagos, por un millón de mascarillas que nunca se entregaron.
Asimismo, la comisión concluye que la reacción del Ejecutivo fue “tardía, insuficiente y políticamente inaceptable” y sostiene que la responsabilidad del Gobierno “no puede descargarse en exclusiva sobre la firma técnica ni sobre niveles inferiores”.
Respecto al contrato de Soluciones de Gestión, por 12,2 millones, la comisión considera que Olivera asumió un papel político “activo, concreto y continuado”, mientras que Torres siguió e impulsó personalmente actuaciones “incompatibles” con la posición de un presidente.
No obstante, el dictamen subraya que los encargos son “intachables” desde el punto de vista administrativo y que contribuyeron a reforzar la protección del personal sanitario, además de que los cuatro pagos se efectuaron siempre una vez recibido el material.
En relación con Megalab (5,8 millones), la comisión aprecia un patrón de acceso “privilegiado” a la red gubernamental, pero al mismo tiempo resalta la solvencia de la compañía, que no existe “ningún indicio” de irregularidad y que su actuación tuvo un impacto social muy positivo al facilitar, mediante test, los reencuentros familiares y evitar al menos 83 fallecimientos.