El Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los centros educativos de Cantabria llegará al Pleno del Parlamento el próximo lunes, 26 de octubre, para su debate y aprobación definitiva, después de que este miércoles se hayan incorporado 19 enmiendas parciales impulsadas por PP y Vox, cinco de ellas registradas de forma conjunta.
Las modificaciones se han aprobado en la Comisión de Educación, donde, por el contrario, han sido rechazadas las enmiendas presentadas por el PRC, el PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio. El portavoz 'popular' en la comisión, Álvaro Aguirre, ha defendido que el texto del Gobierno autonómico, articulado en 20 artículos, es "bueno", aunque con "pequeñas cosas" que convenía "mejorar y matizar", lo que ha justificado la presentación y aprobación de las enmiendas del PP.
Entre los cambios aceptados se incluyen propuestas para reconocer el derecho de los docentes a la desconexión digital, limitar a un máximo de cinco días la suspensión del derecho de asistencia cuando se aplique como medida provisional, y concretar qué conductas entorpecen o impiden el derecho a aprender o el deber de estudiar, de forma que queden tipificadas como perjudiciales para la convivencia.
Fruto del acuerdo entre PP y Vox, que permitirá a los 'populares', en minoría parlamentaria, sacar adelante la ley, ambos grupos han presentado cinco enmiendas conjuntas adicionales. Una de ellas especifica, dentro de las conductas lesivas para la convivencia, la captación y difusión de imágenes o audios.
El resto de enmiendas consensuadas se orienta a detallar que, en casos de acoso escolar, se priorizará la separación del grupo de la persona o personas a las que se atribuyan dichas conductas; a concretar el tratamiento de los daños causados a través de medios digitales; y a reconocer programas específicos de mediación como parte de las medidas educativas cuando se produzcan conflictos.
El diputado del PP ha subrayado que el profesorado requiere respaldo jurídico en el ejercicio de sus funciones, como el que proporcionará esta ley, y ha remarcado que esa autoridad "no es un privilegio", sino "la garantía de que pueda desarrollar su labor con el respeto que merece, porque sin autoridad no hay aprendizaje posible".
En su opinión, la autoridad docente y pedagógica "es la mejor garantía de la convivencia" y ambos conceptos, ha añadido Aguirre, se integran en la norma porque "en la práctica son inseparables". "Esta ley construye un triple enfoque muy importante para las aulas de Cantabria: el preventivo, el disciplinario y el resolutivo. Busca anticiparse a los conflictos, ordenarlos cuando surgen y resolverlos con eficacia", ha señalado el parlamentario.
Respecto a la posición del PP, Aguirre ha defendido el apoyo a las enmiendas de Vox porque, a su juicio, "enriquecen" el articulado en aspectos "altamente positivos", como la protección de los derechos del profesorado y el ejercicio de la función docente, el refuerzo de los protocolos de convivencia o el reconocimiento de todas las formas de acoso y violencia. Ha admitido que algunas propuestas de Palacio les parecen "francamente interesantes", pero ha argumentado que "no tienen encaje" en el texto remitido por el Gobierno.
En cambio, el PP ha votado en contra de las enmiendas del PSOE al considerarlas "muy poco trabajadas", alejadas del modelo de ley que defienden, "antagónicas" o solapadas con otras propuestas de PP y PRC. También han rechazado las del PRC porque, según ha dicho, suponen "un volcado" de la enmienda a la totalidad que los regionalistas, al igual que los socialistas, ya presentaron y que fue rechazada en el Pleno.
Por su parte, el diputado de Vox Armando Blanco ha justificado el voto en contra a las enmiendas de Palacio, PSOE y PRC por "no aportar nada al texto, ser reiterativas, no guardar los mínimos de calidad técnica" o resultar "contrarias al objetivo de la norma".
PSOE y PRC defienden sus propuestas frente al acuerdo PP-Vox
Desde el PSOE, el parlamentario Jorge Gutiérrez ha insistido en que las enmiendas de su grupo no suponen "un obstáculo" para la aprobación de la ley, sino "una oportunidad para mejorarla" y convertirla en una "herramienta verdaderamente útil".
Ha detallado que sus propuestas buscan una ley "más clara, garantista y eficaz", que proteja al profesorado sin menoscabar los derechos del alumnado y que combine la corrección de las conductas con la prevención, la reparación y la educación.
La diputada regionalista Teresa Noceda ha rechazado que las 34 enmiendas del PRC sean una simple reproducción del texto alternativo que su grupo ya defendió y que fue rechazado, y ha sostenido que se dirigen a "corregir las carencias reales" detectadas en el proyecto. Su objetivo, ha dicho, es que Cantabria cuente con una ley que "no se limite a reconocer la autoridad del profesorado, sino que garantice su protección y proporcione a los centros herramientas para mejorar la convivencia", una tarea que ha descrito como "una responsabilidad compartida".
En esta línea, el PRC ha votado en contra de las enmiendas pactadas por PP y Vox al entender que la norma resultante "debería dar bastante más espacio a la prevención, a la protección efectiva y a las obligaciones de la Administración".