La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha difundido este miércoles un informe en el que sitúa a la policía autonómica catalana como la competencia no homogénea con mayor coste para el Estado, con una estimación de 1.855 millones de euros en 2023. A partir de este cálculo, el centro de estudios plantea aprovechar la reforma del modelo de financiación autonómica para replantear el catálogo de competencias singulares.
El análisis, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuenta, se centra en la financiación de estas competencias específicas y se presenta en plena discusión sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que se abordará la próxima semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el documento, Fedea cuestiona la metodología del “coste histórico” aplicada en la actualidad, al considerar que genera “valoraciones muy dispares e incoherentes” para un mismo servicio según la comunidad autónoma. De la Fuenta sostiene que estas diferencias resultan “prácticamente invisibles” para la ciudadanía porque el Ministerio de Hacienda no difunde de forma periódica la información desglosada.
Tras examinar el ejercicio 2023, Fedea cifra en 8.319 millones de euros el desembolso total asociado a las competencias singulares, es decir, aquellas funciones que solo ejercen determinadas autonomías.
Después de la policía autonómica catalana, la segunda competencia singular con mayor coste es el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, seguida de la participación provincial en los ingresos del Estado, que suma 1.329 millones.
El informe detalla a continuación otras partidas relevantes: los fondos para la normalización lingüística alcanzan 813 millones, los hospitales provinciales suponen 606 millones y las instituciones penitenciarias de Cataluña representan 603 millones.
Diferencias de coste en enseñanza y justicia
En este contexto, el estudio recoge ejemplos de fuertes divergencias de gasto por servicios equivalentes, que califica de “difícilmente justificables”.
En la gestión de la Administración de Justicia, transferida a diez comunidades autónomas, el coste por habitante muestra una horquilla superior a 80 puntos de índice. Así, Asturias ha recibido 81,8 euros por residente, mientras que Galicia ha percibido 35,5 euros y la Comunidad Valenciana 37,7 euros.
Las disparidades se acentúan en la financiación de los profesores de religión, donde el gasto por alumno en edad escolar presenta desviaciones de más de 150 puntos de índice. Asturias encabeza este reparto con 88,7 euros por estudiante, frente a los 20 euros de Cataluña o los 29,2 euros de Baleares.
En cuanto a la valoración de las competencias de las provincias, el informe sitúa a Madrid con 136 euros per cápita, frente a los 367 euros de Extremadura.
Críticas al uso del IVA y propuesta de reforma
En el marco de la negociación del nuevo sistema de financiación, Fedea rechaza la idea del Ministerio de Hacienda de permitir que las comunidades sufraguen estas competencias no homogéneas mediante la cesión de un tramo adicional de IVA de hasta el 90%.
Ángel de la Fuenta considera que esta fórmula reduce la transparencia, complica la comparación de los costes reales entre territorios y dificulta que estas prestaciones puedan integrarse en el futuro en el esquema general de financiación.
Como alternativa, Fedea propone ordenar las competencias singulares en distintos grupos. Para aquellas destinadas a ser asumidas por todas las comunidades a medio o largo plazo, como la justicia o los profesores de religión, sugiere ir adaptando su valoración a la fórmula de necesidades de gasto del bloque general.
En el caso de funciones que previsiblemente seguirán siendo singulares por motivos geográficos o políticos, como las prisiones o la policía autonómica, el informe aboga por fijar costes de referencia objetivos.
El director de Fedea concluye que la reforma de la financiación regional debe ir acompañada de una homogeneización de criterios, por lo que insta a suprimir la multiplicidad de regímenes para las comunidades uniprovinciales y a publicar de manera transparente toda la financiación, con independencia de la vía por la que se articule.