El proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente de la Comunidad de Madrid sigue adelante en la Asamblea regional después de que PP y Vox hayan tumbado las enmiendas a la totalidad registradas por Más Madrid y PSOE contra la norma aprobada previamente en el Consejo de Gobierno.
Para justificar el texto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha recalcado que la ley parte de una idea básica: el contribuyente no es “un sospechoso habitual ni culpable por defecto” sino una persona que, además de trabajar, “cumple y paga”, tal y como ha señalado en la Cámara autonómica.
“Y cuando se dirige a la Administración tributaria, pues tiene derecho a que le atienda y a que le explique todo con claridad y, por supuesto, también a que se le respete cuando la Administración se equivoca. Podría parecer una situación obvia, pero no lo es. No está escrito en ninguna parte y lo que venimos a hacer con esta ley es darle rango de ley a esa necesidad”, ha reivindicado.
En la misma línea, ha incidido en que quien abona sus impuestos está cumpliendo una obligación, pero que la Administración está “para servirle, no para desconfiar de él”, y que la futura ley está pensada tanto para quienes “tienen que enfrentarse a expedientes”, como para una pareja joven que adquiere una vivienda y debe cumplimentar el Impuesto de Transmisiones o para el empresario que pretende dejar su casa a su hijo y “quiere que todas las cuestiones tributarias estén hechas correctamente”.
La Comunidad de Madrid ha impulsado esta Ley de Defensa del Contribuyente con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica en la relación de los ciudadanos con la Administración tributaria, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y reducir la complejidad de los trámites asociados.
La norma se aplicará únicamente a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos figuran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.
El texto pretende incorporar el principio de buena administración como eje de actuación de la Administración tributaria autonómica, con el objetivo de asegurar una protección real de los derechos de los contribuyentes. Para ello, diseña un modelo de asistencia sustentado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una atención ajustada a las circunstancias y necesidades de cada persona.
En este marco, se otorga especial relevancia a los principios de accesibilidad universal, con medidas concretas dirigidas a eliminar barreras para las personas mayores y para los madrileños con discapacidad.
LA IZQUIERDA REPROCHA QUE NO CREA MÁS “DERECHOS”
Durante el debate parlamentario, la diputada de Vox Ana Cuartero ha defendido la disposición de su grupo a “contribuir a la propuesta” del Ejecutivo regional, motivo por el que han rechazado las enmiendas de totalidad. En su intervención ha cargado contra PSOE y Más Madrid, sosteniendo que era “mucho pedir” que la izquierda no se opusiera a una “ley de defensa de los contribuyentes”, cuando, a su juicio, son “mucho más de asfixiar al contribuyente”.
“Perseguir al contribuyente, sea pequeño, mediano o grande. Sánchez ha subido impuestos y tasas en más de 100 ocasiones desde que ha llegado al Gobierno”, ha criticado Cuartero, antes de repasar distintos ámbitos que, según ha dicho, se han visto afectados por las decisiones fiscales del Ejecutivo central.
En nombre del PSOE, Daniel Rubio ha asegurado que “cualquier mejora para los contribuyentes de Madrid” contará con “la mano” tendida de los socialistas, pero ha rechazado que este proyecto vaya en esa dirección, al considerar que deja fuera numerosos aspectos.
“Una verdadera Ley de Defensa del Contribuyente debería servir para ampliar derechos, mejorar la atención, reforzar la información y proteger al contribuyente frente a la administración. Y ahí es donde esta ley se queda en la nada”, ha sentenciado Rubio, que ha instado al PP a negociar enmiendas parciales para introducir “ampliaciones de derechos”.
Por su parte, el diputado de Más Madrid Gumersindo Ruiz Rosales ha sostenido que, bajo un “título amable”, la iniciativa esconde “un texto profundamente viciado que confunde la defensa de la ciudadanía con la promoción de una agenda neoliberal que desmantela lo común”.
“Cuando una ley no aporta nuevos derechos, no aporta más recursos, y no aporta independencia, pero sí aporta un nuevo nombre, una nueva oficina y una nueva campaña de comunicación, lo que tenemos no es una reforma. Tenemos marketing legislativo”, ha concluido.