De dónde sale la camiseta de ‘Todos somos caballas’ que Vinicius y Mbappé trataron de ocultar

En la XV Legislatura se han registrado en el Congreso varias iniciativas cuyo objetivo explícito es apoyar a Ceuta (a menudo junto con Melilla), sobre todo en el plano económico‑fiscal y en la gestión del fenómeno migratorio. Su estado parlamentario es muy desigual: hay textos ya concluidos, otros en fase muy inicial y alguno rechazado.

1. Bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta (apoyo económico y al empleo)

El bloque más claro de “apoyo a Ceuta” son las proposiciones de ley para restaurar el régimen tradicional de bonificación de cuotas empresariales de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, suprimido por el Real Decreto‑ley 1/2023:

• Proposición de Ley para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de las ciudades de Ceuta y Melilla, remitida por el Senado (exp. 124/000005).
  Esta iniciativa del Senado persigue restablecer la bonificación del 50 % en las aportaciones empresariales a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta para empresas de determinados sectores con actividad en Ceuta y Melilla, alegando la debilidad estructural de sus economías y los problemas añadidos por el cambio de sistema de incentivos en 2023.
  En el Congreso, la ficha oficial consta en estado “Concluido (publicación del texto aprobado)”, tras la publicación del texto aprobado. Es decir, la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley ha finalizado en las Cortes Generales y el texto está cerrado desde el punto de vista parlamentario.
• Proposición de Ley para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de las ciudades de Ceuta y Melilla, presentada por el Grupo Popular en el Congreso (exp. 122/000134).
  Tiene prácticamente el mismo objeto: revertir el nuevo sistema de bonificación fijado en el art. 31 del Real Decreto‑ley 1/2023 y volver al esquema de bonificación del 50 % sobre las cuotas empresariales que regía desde 2004.
  La Mesa admitió la iniciativa y acordó su publicación el 22 de octubre de 2024; desde entonces está en fase de presentación de enmiendas, con el plazo ampliado sucesivamente hasta el 23 de septiembre de 2026 según la ficha de iniciativas del Congreso (ficha 122/000134).
  Esto significa que la proposición sigue en tramitación en fase muy inicial (pendiente de toma en consideración y del eventual debate de totalidad), coexistiendo con la proposición similar remitida por el Senado cuya tramitación ya se ha dado por concluida.

2. Gestión de la inmigración y menores migrantes (impacto directo en Ceuta)

Otra línea de apoyo parlamentario a Ceuta se ha planteado desde la óptica migratoria, especialmente en relación con menores extranjeros no acompañados, donde Ceuta y Canarias se citan como territorios sometidos a mayor presión:

• Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, presentada conjuntamente por los Grupos Socialista y Plurinacional SUMAR (exp. 122/000123).
  La exposición de motivos subraya el fuerte impacto de los flujos migratorios en Canarias y en la ciudad de Ceuta, y propone articular mejor el traslado y reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados, reforzando la cooperación interterritorial para garantizar su protección y aliviar la carga de los territorios fronterizos.
  En el Congreso, esta proposición de ley fue admitida a trámite y publicada el 17 de julio de 2024, pero la ficha de la iniciativa indica que el 5 de octubre de 2024 fue rechazada y que la tramitación ha quedado concluida (ficha 122/000123). No seguirá su curso legislativo.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, del Grupo Parlamentario VOX (exp. 122/000012).
  Aunque no es exclusiva de Ceuta, la iniciativa vincula expresamente la inmigración irregular y la presión en la frontera sur (con mención a Ceuta y Melilla) con la seguridad nacional, y propone actualizar el catálogo de misiones de las Fuerzas Armadas para que su intervención en la lucha contra la inmigración ilegal quede claramente amparada por la Ley de Defensa Nacional.
  Esta proposición fue admitida a trámite y publicada en octubre de 2023; la ficha la sitúa desde el 5 de diciembre de 2023 en situación de “espera de toma en consideración”, sin que conste todavía debate de totalidad en el Pleno. Por tanto, permanece en tramitación, pero en punto muerto, a la espera de que la Mesa y la Junta de Portavoces la incluyan en el orden del día.

3. Otras normas generales con efectos específicos en Ceuta

Junto a estas iniciativas expresamente centradas en Ceuta (y Melilla), en la XV Legislatura hay proyectos de ley de alcance estatal que incorporan disposiciones singulares para estos territorios:

• El Proyecto de Ley tributario sobre el impuesto complementario mínimo global y otros tributos (121/000023), ya aprobado definitivamente, contiene una disposición adicional específica para respetar las especialidades fiscales de Canarias, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la determinación de la base imponible del nuevo impuesto complementario, con impacto en la captación de inversión y empleo.
• El Proyecto de Ley MOVES III 2025 (121/000056), en tramitación urgente y todavía en fase de enmiendas (plazo ampliado hasta el 23 de septiembre de 2026), prevé que las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las comunidades autónomas, gestionen las convocatorias de ayudas a la movilidad eléctrica, de modo que también puedan canalizar inversión y subvenciones hacia su territorio.

En síntesis, en lo que va de legislatura el principal avance concreto de apoyo parlamentario a Ceuta desde el Congreso se ha producido en el ámbito de las bonificaciones a la Seguridad Social, con una proposición de ley ya concluida y otra en fase muy inicial, mientras que la propuesta para aliviar la presión migratoria a través de un reparto obligatorio de menores entre comunidades fue rechazada y las reformas de la Ley de Defensa Nacional relacionadas con inmigración siguen pendientes de un primer debate de fondo.

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) es una asociación empresarial privada de ámbito autonómico, sin ánimo de lucro, que se rige por la legislación general de asociaciones y por sus propios estatutos internos. A falta del texto estatutario completo en las fuentes consultadas, solo puede describirse su marco jurídico general y las funciones que se deducen de su actividad pública reciente.

1. Marco jurídico general de sus competencias

Como asociación empresarial privada, AVE se encuadra en el régimen general del derecho de asociación y de las asociaciones de carácter empresarial. Este marco le reconoce, con carácter general:

• Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar una vez inscrita conforme a la normativa aplicable, lo que le permite celebrar convenios, ser titular de patrimonio, contratar personal y ejercitar acciones en defensa de sus intereses.
• Autonomía organizativa y estatutaria: son los estatutos aprobados por sus miembros los que fijan sus fines concretos, órganos de gobierno, procedimiento de adopción de acuerdos, régimen económico y de control interno, siempre dentro de los límites de la normativa básica.
• Facultad de representación y defensa de los intereses de sus asociados frente a administraciones públicas y otros actores sociales y económicos, en todos aquellos ámbitos vinculados al desarrollo empresarial y a la economía valenciana.
• Capacidad para participar en órganos y procesos consultivos cuando así lo prevea la normativa o se le invite expresamente (comisiones, mesas de diálogo, órganos de participación), aportando propuestas y alegaciones.
• Facultad de impulsar iniciativas y campañas de carácter económico, social o de infraestructuras que afecten al tejido empresarial y al desarrollo de la Comunitat Valenciana.

A la vez, la normativa vigente le impone deberes básicos: funcionamiento democrático interno, llevanza de una mínima contabilidad y rendición de cuentas ante sus miembros, respeto a la legalidad y ausencia de ánimo de lucro en su actividad asociativa.

2. Fines y funciones que se desprenden de su actividad reciente

Aunque no se ha localizado el texto literal de los estatutos de AVE en las fuentes consultadas, diversas noticias permiten inferir cuáles son sus fines prácticos y funciones efectivas:

• Impulso de infraestructuras estratégicas. AVE aparece como promotora del Movimiento #QuieroCorredor, definido como una “iniciativa empresarial y social” que reivindica la culminación del Corredor Mediterráneo, revisa periódicamente el estado de las obras y ejerce presión pública para que se respeten los plazos. En encuentros empresariales citados por la prensa, su secretario general subraya la relevancia europea de esta infraestructura y alerta de la pérdida de oportunidades si no se completa.
• Participación en el debate sobre la financiación autonómica. En varias informaciones de Demócrata se recoge cómo las declaraciones del presidente de AVE sobre la reforma del modelo de financiación autonómica son tomadas como posición relevante del empresariado valenciano, y generan reacciones de partidos políticos y del propio Consell. Ello refleja una función de interlocución e influencia en debates de política económica y fiscal que afectan a la Comunitat Valenciana.
• Foro de diálogo con responsables políticos. La agenda institucional del Gobierno y las crónicas periodísticas recogen comidas de trabajo, coloquios y actos organizados por AVE con ministros, presidentes autonómicos u otros cargos, en los que se abordan cuestiones como infraestructuras, inversiones o financiación. En la práctica, actúa como plataforma estable de relación entre grandes empresarios valencianos y responsables públicos.
• Articulación de iniciativas solidarias y de apoyo al tejido productivo. Notas de prensa empresariales describen colaboraciones de AVE en proyectos como “Desde Valencia para Valencia”, orientado a ayudar a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios afectados por episodios de DANA, en coordinación con otras patronales y fundaciones empresariales. Esta línea encaja con una función de promoción del desarrollo económico y apoyo a empresas y autónomos en situaciones de crisis.
• Representación de intereses empresariales valencianos a nivel supraautonómico. A través de campañas y actos en diferentes territorios del arco mediterráneo, AVE proyecta hacia el conjunto de España y ante instituciones europeas reivindicaciones asociadas a la competitividad del tejido empresarial valenciano, muy especialmente en materia de infraestructuras ferroviarias y logísticas.

3. Síntesis

En resumen, de acuerdo con la normativa general de asociaciones y con la práctica que reflejan las fuentes consultadas, AVE es una asociación empresarial privada cuya competencia básica consiste en representar y articular los intereses de un núcleo relevante del empresariado valenciano. Sus funciones materiales se concretan en:

• Defensa de infraestructuras clave (especialmente el Corredor Mediterráneo) y de condiciones favorables para la inversión.
• Interlocución con gobiernos y partidos en asuntos de financiación autonómica y política económica.
• Organización de foros, coloquios y encuentros entre empresas y responsables públicos.
• Impulso de iniciativas solidarias y de apoyo al tejido empresarial en contextos de crisis.

El detalle exacto de estos fines y de la distribución interna de funciones entre órganos (asamblea, junta directiva, presidencia, etc.) vendría determinado por sus estatutos, que no constan de forma literal en las fuentes revisadas, pero se insertan en este marco jurídico y funcional.

No puedo elaborar esa biografía deportiva con detalle: estoy especializado en política e instituciones españolas (parlamento, gobiernos, normativa, actores públicos y debate político), no en información deportiva o trayectorias de futbolistas concretos.

Puedo ayudarte, por ejemplo, a analizar la relación entre el deporte y las políticas públicas (subvenciones, leyes del deporte, seguridad en estadios, derechos audiovisuales, integración mediante el deporte, etc.), a identificar qué normas regulan el deporte profesional en España o a revisar iniciativas parlamentarias relacionadas con clubes y federaciones.

Si quieres mantenerte en ese ámbito, dime qué aspecto político o institucional del deporte te interesa (por ejemplo, “normativa sobre canteras y formación de jugadores en España” o “iniciativas parlamentarias sobre control económico de los clubes de fútbol”) y lo investigamos en detalle.