Ayuso encuentra el respaldo de empresarios de toda España en la defensa de su modelo económico frente al de Sánchez

Ovacionada ante casi 800 empresarios, Ayuso defiende rebajas fiscales y seguridad jurídica y anuncia una ley para reducir la burocracia

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Clausura XXIX Congreso Nacional Empresa Familiar. Foto: IEF.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Clausura XXIX Congreso Nacional Empresa Familiar. Foto: IEF.

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Isabel Díaz Ayuso ha ganado una batalla. Al menos, la del auditorio de los casi 800 empresarios que, desde distintos puntos de España, han acudido al XXIX Congreso de la Empresa Familiar, celebrado este lunes y martes en el Teatro Príncipe Pío.

La ovación de los allí presentes ha sido prácticamente unánime. Un aplauso prolongado ha acompañado el final de un discurso de unos veinte minutos, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha desgranado algunas de las principales acciones de su Ejecutivo en materia fiscal y empresarial.

Ante la ejecutiva de la Empresa Familiar y los presidentes de CEIM y de Foment del Treball, Miguel Garrido y Josep Sánchez Llibre Díaz, Díaz Ayuso ha aludido a las 35 bajadas de impuestos aprobadas por la Comunidad de Madrid; a la eliminación de 738 normas; a la nueva ley de empresa familiar, que ha elevado del 95% al 99% la bonificación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones; a la aprobación de la Ley contra la Hiperregulación y a la creación de una Aceleradora de Inversiones.

También ha anunciado dos nuevas rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda de los menores de 40 años, con un ahorro estimado de 116 millones de euros. La primera reduce del 6% al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda usada, lo que supone un ahorro medio de casi 3.000 euros por beneficiario. La segunda rebaja el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados hasta el 0,4% para las viviendas de nueva construcción. Ambas medidas podrían beneficiar a más de 40.000 madrileños.

Un modelo económico frente al que atribuye al Gobierno

La presidenta madrileña ha utilizado buena parte de su intervención para presentar ante el empresariado familiar las líneas que, a su juicio, deben sostener la economía española: libertad empresarial, propiedad privada, impuestos más bajos, seguridad jurídica y colaboración entre el sector público y el privado.

Y ha contrapuesto ese modelo al que ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado un aumento de la regulación y de las cargas que soportan las empresas. Ayuso ha defendido que los empresarios y los autónomos no pueden asumir más burocracia y ha situado a la empresa familiar como una de las piezas centrales de la economía y del empleo.

«España necesita a sus empresas», ha defendido durante una alocución en el que ha reclamado preservar un marco que permita invertir, crear empleo y mantener la actividad empresarial.

La presidenta ha llevado también el debate hasta la vivienda, uno de los asuntos que han ocupado buena parte de la agenda política en las últimas semanas. Ha defendido la propiedad privada y ha cuestionado las políticas que, en su opinión, introducen mayor intervención sobre el mercado inmobiliario.

En este punto, ha anunciado que la Comunidad de Madrid estudiará el texto definitivo del decreto que pretende recuperar el Gobierno. Si finalmente se tramita mediante la Diputación Permanente y mantiene, según ha señalado, la misma orientación que los decretos rechazados por el Congreso, Madrid utilizará «todos los instrumentos legales» a su alcance para defender la propiedad privada, el libre mercado, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Clausura XXIX Congreso Nacional Empresa Familiar IV
Isabel Díaz Ayuso, en el centro de la imagen, con el nuevo presidente de la Instituto de la Empresa Familiar, el empresario catalán, Eloi Planes. 

35 rebajas fiscales y 738 normas menos

Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el encuentro para hacer balance de su política económica. Ha cifrado en 35 las rebajas fiscales aprobadas durante su gestión y ha señalado que estas medidas han permitido mantener 49.009 millones de euros en manos de los ciudadanos. A ellas se sumarán otras cuatro medidas actualmente en tramitación.

En materia de regulación, ha destacado la eliminación de 738 normas dentro de la estrategia de lucha contra la hiperregulación. Y ha avanzado que este miércoles el Gobierno madrileño aprobará una nueva ley con la que pretende introducir un principio de compensación: cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá quedar compensada con la eliminación de otra de coste equivalente.

La norma establecerá además dos fechas concretas de entrada en vigor para las nuevas obligaciones administrativas, el 2 de enero y el 1 de julio, con el objetivo de que las empresas puedan anticipar los cambios regulatorios. Ayuso ha anunciado también que determinadas normas tendrán una fecha de caducidad y que se reforzará la Aceleradora de Inversiones, con procedimientos preferentes y reducción a la mitad de los plazos para proyectos considerados de especial interés.

El Ejecutivo madrileño incorporará asimismo espacios de prueba regulatoria para proyectos vinculados a la digitalización, el turismo, el comercio innovador y la tecnología sanitaria.

El relevo generacional de la empresa familiar

La empresa familiar ha ocupado otro de los bloques centrales de su intervención. La dirigente madrileña reinvindicó ayer la nueva ley aprobada en julio por la Comunidad de Madrid, que ha elevado del 95% al 99% la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y ha ampliado los posibles beneficiarios a determinados familiares y a empleados de larga trayectoria que participen en la continuidad de la compañía.

La norma también ha flexibilizado las condiciones para afrontar el relevo generacional, de modo que la sucesión no tenga que producirse necesariamente en un momento concreto vinculado a la edad, la jubilación o una enfermedad.

A estas medidas se suma una estrategia específica de apoyo a la empresa familiar, dotada con 16 millones de euros y diez actuaciones. Entre ellas figura un programa de inteligencia artificial con ayudas de hasta 10.000 euros, una plataforma para poner en contacto a empresas que buscan continuidad con inversores y profesionales y un servicio de mediación para facilitar los procesos de transmisión.

Diaz Ayuso ha situado estas medidas dentro de una política económica que, según ha defendido, busca reducir impuestos, facilitar la actividad empresarial y eliminar obstáculos administrativos.

La vivienda vuelve al centro del discurso

Las dos nuevas rebajas fiscales anunciadas este lunes han permitido a Ayuso llevar al Congreso de la Empresa Familiar uno de los asuntos que más está marcando el debate político: el acceso a la vivienda.

La reducción del ITP del 6% al 4% para viviendas usadas y la rebaja del AJD al 0,4% para las nuevas construcciones se suman a las medidas que el Gobierno madrileño ha defendido para facilitar la compra por parte de menores de 40 años.

La presidenta ha cifrado en 116 millones de euros el ahorro conjunto de ambas medidas y ha estimado que podrán alcanzar a más de 40.000 madrileños.

En paralelo, ha defendido que la Comunidad seguirá utilizando los incentivos fiscales como una de las herramientas de su política económica y ha situado la vivienda dentro de su defensa de la propiedad privada.

Sánchez, ausente del Congreso y centrado en el adelanto electoral

La intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha producido un día después de la ausencia de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno también estaba invitado al Congreso de la Empresa Familiar, pero finalmente desistió de acudir el lunes.

A las nueve de la mañana de ese mismo día, Sánchez anunció desde La Moncloa el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La decisión había sido comunicada previamente al Rey en la tarde del domingo, lo que horas más tarde dio paso a una jornada centrada en el calendario electoral y en la disolución de las Cortes.

Este martes, mientras Ayuso comparecía ante los empresarios, Sánchez ha vuelto a situar el adelanto electoral y la situación parlamentaria en el centro de su agenda. Entre los asuntos que ha abordado el Gobierno se encuentra también su intención de llevar a la Diputación Permanente los dos decretos de vivienda que fueron rechazados la semana pasada en el Congreso.

La presidenta madrileña ha elegido, en cambio, el escenario empresarial para presentar sus medidas económicas y para defender ante casi 800 representantes de la empresa familiar un modelo basado, según sus propias palabras, en menos impuestos, menos regulación y mayor seguridad jurídica.

El discurso ha terminado con una ovación de más de dos minutos. Ayuso ha abandonado después el escenario tras saludar y conversar con algunos de los asistentes, poniendo punto final a una intervención en la que el mensaje económico y el nuevo escenario político han quedado entrelazados ante uno de los principales foros empresariales del país.

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¿En qué estado parlamentario se encuentra la nueva ley de compensación de cargas administrativas anunciada por Ayuso?

Según la información disponible a 7 de octubre de 2026, la llamada “nueva ley de compensación de cargas administrativas” anunciada por Isabel Díaz Ayuso no se encuentra todavía en tramitación en la Asamblea de Madrid. Forma parte del proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, que el Gobierno regional ha anunciado y está aprobando en Consejo de Gobierno, pero que aparece pendiente de remisión al Parlamento autonómico. Por tanto, su “estado parlamentario” es todavía prelegislativo: no consta como proyecto de ley registrado, publicado en el Boletín de la Asamblea ni sometido a toma en consideración ni a enmiendas.

Qué ha anunciado exactamente Ayuso

En la nota oficial de la Comunidad de Madrid del 6 de octubre de 2026, la presidenta anunció que:

  • El Consejo de Gobierno aprobará el “proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación”, cuyo objetivo es reducir trámites para ciudadanos y empresas y eliminar normas obsoletas que frenan la inversión.
  • Entre sus disposiciones centrales se incluye una regla por la que cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente; es esta regla la que se está difundiendo mediáticamente como “ley de compensación de cargas administrativas”.
  • La propia nota especifica que, una vez aprobado por el Ejecutivo, el proyecto se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.

Otras comunicaciones de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (por ejemplo, la nota del 30 de septiembre de 2026) encuadran esta futura ley dentro de la estrategia autonómica contra la hiperregulación y detallan la idea de “one in, one out” (compensar cualquier nueva carga con la eliminación de otra), además de cláusulas de caducidad y mecanismos de evaluación de las normas.

Situación actual: fase prelegislativa, sin expediente en la Asamblea

Con esa información, el punto en el que se encuentra la iniciativa es el siguiente:

  • Ámbito: se trata de una futura ley autonómica de la Comunidad de Madrid, que se articulará como proyecto de ley del Gobierno regional.
  • Fase: la ley está en preparación y aprobación en el Consejo de Gobierno. Las notas oficiales hablan de “aprobar mañana el nuevo proyecto de ley” y de su posterior envío a la Asamblea, pero no recogen aún que el Parlamento lo haya registrado o debatido.
  • En la Asamblea de Madrid: no aparece incorporada al listado de proyectos o proposiciones de ley ya tramitados o en curso. No hay constancia de:
    • Publicación del proyecto de ley en el Boletín de la Asamblea.
    • Apertura de plazo de enmiendas.
    • Informe de ponencia o dictamen de comisión sobre esta materia concreta.
    • Debate plenario específico sobre la “ley contra la hiperregulación” o una ley de compensación de cargas administrativas.
  • Conclusión sobre el estado parlamentario: a día de hoy no puede hablarse de un “estado parlamentario” propiamente dicho, porque la iniciativa aún no ha pasado del Ejecutivo al Legislativo. Está pendiente de registro en la Asamblea.

Qué pasos faltan hasta que la ley esté “en tramitación”

Para que la futura ley de compensación de cargas administrativas entre realmente en fase parlamentaria en la Asamblea de Madrid, deben producirse, en síntesis, estos hitos:

  • Aprobación formal del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el texto definitivo que se enviará a la Cámara autonómica.
  • Remisión del proyecto a la Asamblea de Madrid, donde la Mesa deberá admitirlo a trámite, ordenar su publicación en el Boletín de la Asamblea y atribuirlo a la comisión competente (previsiblemente Presupuestos y Hacienda u otra relacionada con economía y simplificación normativa).
  • Apertura del plazo de enmiendas de los grupos parlamentarios, tanto a la totalidad (si las hubiera) como al articulado.
  • Debate y dictamen en comisión, con posible ponencia y aprobación de un texto para elevar al Pleno.
  • Debate y votación en Pleno de la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva como ley autonómica, con eventual corrección técnica posterior y publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Hasta que el proyecto no se registre efectivamente en la Asamblea y aparezca en su boletín, la “ley de compensación de cargas administrativas” debe entenderse como una iniciativa anunciada y en manos del Ejecutivo, pendiente de iniciar su recorrido parlamentario, aunque políticamente ya se la presente como una pieza central de la agenda contra la hiperregulación en Madrid.

¿Cuáles son las competencias y funciones específicas de un presidente autonómico según la legislación española?

El presidente autonómico es el jefe del poder ejecutivo de la comunidad autónoma y su figura está configurada de forma muy similar a la del presidente del Gobierno estatal, pero a escala territorial. Su estatuto básico deriva de la Constitución (especialmente el artículo 152.1) y de cada Estatuto de Autonomía y ley de gobierno autonómica. Sobre esa base común, pueden distinguirse varias grandes áreas de competencias y funciones.

a) Papel institucional y de representación

La Constitución establece que, en las comunidades con organización de tipo parlamentario, el presidente:

  • Es elegido por la asamblea legislativa autonómica de entre sus miembros (o, excepcionalmente, de entre los ciudadanos que reúnan las condiciones de elegibilidad), mediante un procedimiento de investidura regulado por el Estatuto y el reglamento de la cámara.
  • Es nombrado formalmente por el Rey, a propuesta de la asamblea autonómica. Este nombramiento tiene carácter solemne, pero no discrecional.
  • Ostenta la máxima representación de la comunidad autónoma en sus relaciones con cualquier autoridad o institución, públicas y privadas.
  • Ejerce, además, la representación ordinaria del Estado en la comunidad, lo que lo convierte en el principal interlocutor institucional del Gobierno central dentro del territorio autonómico.
b) Dirección del gobierno autonómico y reparto con el consejo de gobierno

El presidente es el jefe del Consejo de Gobierno (o Gobierno autonómico) y, en la práctica, el centro de dirección política del ejecutivo autonómico:

  • Nombra y cesa a los consejeros, define su número y estructura (dentro de los límites que marque la normativa autonómica) y puede remodelar el gobierno.
  • Fija las líneas generales de la acción de gobierno y coordina la actuación de las consejerías, resolviendo conflictos de competencias internas.
  • Convoca, preside y levanta las reuniones del Consejo de Gobierno y establece su orden del día.
  • Garantiza la ejecución de las leyes y disposiciones de la comunidad, así como el funcionamiento de la administración autonómica en su conjunto.

El Consejo de Gobierno, como órgano colegiado, adopta muchas decisiones ejecutivas y reglamentarias, pero bajo la orientación y responsabilidad última del presidente, que responde políticamente ante el parlamento autonómico.

c) Potestades normativas e impulso político

Aunque la potestad legislativa corresponde siempre al parlamento autonómico, el presidente tiene destacadas funciones de impulso:

  • Dirige la elaboración de los proyectos de ley autonómicos y ordena su remisión a la asamblea legislativa, normalmente aprobados previamente por el Consejo de Gobierno.
  • Firma y ordena la publicación de las leyes autonómicas y de los decretos legislativos, en su caso.
  • Ejerce, en nombre del gobierno autonómico, la iniciativa legislativa y puede solicitar la tramitación urgente de determinados proyectos o la celebración de determinados debates de orientación política.
  • En el plano reglamentario, dicta decretos del presidente en materias organizativas o de su competencia directa, mientras que el Consejo de Gobierno aprueba los decretos de carácter general.
  • En muchas comunidades, tiene la facultad de disolver anticipadamente el parlamento autonómico y convocar elecciones, dentro de los límites que marcan la Constitución, el Estatuto y la legislación electoral (plazos mínimos de legislatura, prohibición de disolver cuando existe una moción de censura en tramitación, etc.).
  • Puede plantear una cuestión de confianza ante el parlamento autonómico para comprobar si mantiene su respaldo, vinculada a su programa, a una declaración de política general o a un texto normativo clave.
d) Relaciones con el Estado y con otras comunidades

Como representante ordinario del Estado en la comunidad y máxima autoridad autonómica, el presidente:

  • Se relaciona con el Gobierno central para la negociación y ejecución de políticas que afecten a la comunidad (conferencias sectoriales, conferencias de presidentes, comisiones bilaterales Estado–comunidad, etc.).
  • Participa en la firma de convenios y acuerdos de cooperación con el Estado y con otras comunidades autónomas, informando al parlamento autonómico y respetando los límites constitucionales (por ejemplo, que no se formen federaciones entre comunidades).
  • Puede, a través de los órganos competentes de la comunidad, impugnar leyes o disposiciones del Estado ante el Tribunal Constitucional cuando se estime que vulneran la autonomía o el reparto competencial.
  • Representa a la comunidad en foros europeos o internacionales en materias de su competencia, generalmente en coordinación con el Estado.
e) Responsabilidad política y mecanismos de control

El presidente autonómico es políticamente responsable ante el parlamento de la comunidad. Los mecanismos habituales, inspirados en el modelo estatal, son:

  • Control ordinario mediante preguntas, interpelaciones, comparecencias y debates, en los que rinde cuentas de su actuación y de la del gobierno.
  • Cuestión de confianza: iniciativa del propio presidente para someterse al voto de la cámara; si la pierde, debe dimitir, lo que abre la puerta a una nueva investidura.
  • Moción de censura: instrumento de la oposición para exigir su responsabilidad, generalmente con carácter constructivo (ha de proponerse un candidato alternativo). Si se aprueba por la mayoría exigida, el presidente cesa y resulta investido el candidato de la moción.
  • Otras formas de reprobación política (resoluciones o mociones de reprobación) que, según el Estatuto y el reglamento, pueden tener efectos meramente políticos o desencadenar dimisiones.
  • Régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses, que le impide ejercer determinados cargos o actividades privadas simultáneamente con la presidencia.
  • Cese automático por pérdida de la confianza parlamentaria, imposibilidad física o jurídica, dimisión, fallecimiento o expiración de la legislatura, según detalla cada Estatuto y ley de gobierno.

En conjunto, la figura del presidente autonómico concentra una intensa capacidad de dirección política, pero siempre enmarcada por la confianza de la cámara autonómica, el respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, y por un entramado de controles parlamentarios y jurisdiccionales.

¿Qué resultados obtuvieron el Partido Popular y el PSOE en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid?

En las últimas elecciones autonómicas celebradas en la Comunidad de Madrid, el 28 de mayo de 2023, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvieron los siguientes resultados oficiales en la elección a la Asamblea de Madrid:

  • Partido Popular (PP): 1.586.985 votos, el 47,34 % del total, y 71 escaños.
  • PSOE: 609.718 votos, el 18,19 % del total, y 27 escaños.

La Asamblea de Madrid está compuesta por 135 diputados. Con 71 escaños, el PP superó claramente el umbral de la mayoría absoluta (situado en 68), lo que permitió a Isabel Díaz Ayuso gobernar en solitario sin necesidad de pactos. El PSOE, por su parte, quedó muy por detrás en términos de voto y representación, pero aun así consolidó una presencia relevante en el Parlamento regional con esos 27 diputados.

En términos comparados con las anteriores autonómicas, estos resultados supusieron:

  • Un refuerzo del liderazgo del PP en la Comunidad de Madrid: el partido incrementó su número de escaños respecto a la cita anterior y confirmó el ciclo de mayoría absoluta en torno a la figura de Ayuso. El porcentaje superior al 47 % reflejó una fuerte concentración del voto de centroderecha en el PP.
  • Para el PSOE, el resultado significó una mejora modesta en escaños, pero insuficiente para disputar la hegemonía al PP. Su alrededor del 18 % de apoyo lo dejó muy lejos tanto del primer partido como de una posible suma alternativa de izquierdas con capacidad de gobierno.

La distribución de escaños que dejaron las urnas explica buena parte de la dinámica política madrileña posterior:

  • El PP, con 71 diputados, se situó en una posición de hegemonía parlamentaria, pudiendo sacar adelante presupuestos y leyes autonómicas con sus propios votos.
  • El espacio de la izquierda quedó fragmentado, con un PSOE que, pese a ser una de las principales fuerzas de la oposición, no tuvo capacidad numérica para articular una alternativa junto con otras formaciones.

En el análisis postelectoral, distintos medios y encuestas han subrayado que el mapa político madrileño se ha mantenido desde entonces relativamente estable en lo esencial: un PP muy reforzado y un PSOE que se mueve en una franja de voto y escaños cercana a lo obtenido en 2023, sin alcanzar un salto cualitativo que ponga en cuestión la mayoría absoluta popular. La brecha de casi 30 puntos entre ambos partidos en porcentaje de voto en aquellas autonómicas ilustra hasta qué punto el resultado consolidó a Madrid como uno de los principales bastiones territoriales del PP.

En resumen, en las últimas elecciones autonómicas madrileñas el PP obtuvo una victoria clara y mayoría absoluta con el 47,34 % de los votos y 71 escaños, mientras que el PSOE se situó en un segundo plano cuantitativo, con el 18,19 % de los apoyos y 27 diputados, manteniendo una representación significativa pero claramente subordinada al dominio popular en la Asamblea de Madrid.

¿Cómo quedaron el resto de partidos (Más Madrid, Vox, Podemos, etc.) en esas mismas elecciones autonómicas de 2023 en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo se comparan esos resultados de PP y PSOE en Madrid con sus resultados en otras comunidades autónomas en 2023? ¿Qué factores políticos y de campaña explican la mayoría absoluta del PP y el resultado del PSOE en esas elecciones madrileñas?

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¿Cuál es el porcentaje de bonificación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones tras la nueva ley de empresa familiar de la Comunidad de Madrid?

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Pregunta 2 de 3

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Pregunta 3 de 3