La Comisión Europea ha presentado este viernes una propuesta para que, en un horizonte de catorce años, la electricidad llegue a representar el doble de su peso actual en el consumo energético de la Unión Europea, hoy estancado en torno al 23%. El plan pasa por aliviar la presión fiscal sobre esta fuente respecto al gas, generalizar los contadores inteligentes y acelerar el despliegue de bombas de calor, vehículos eléctricos y soluciones industriales alimentadas con electricidad.
“Queremos que los precios reflejen la realidad: lo verde es más barato y más inteligente; la dependencia es cara”, ha subrayado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, advirtiendo de que cada año de demora implica más costes, mayor exposición a crisis externas y nuevas oportunidades que se escapan para la economía europea.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo comunitario busca que la electricidad vaya reemplazando de forma gradual a los combustibles fósiles en fábricas, edificios y transporte. Para ello fija, entre otros objetivos, que al menos el 50% de los consumidores disponga de sistemas de medición inteligente del consumo en 2030 y que la capacidad de almacenamiento eléctrico alcance los 200 gigavatios en esa misma fecha.
La propuesta parte de la idea de que incrementar la generación renovable y nuclear no será suficiente si la electricidad no gana peso en el consumo final. Por ello, Bruselas quiere actuar también sobre la fiscalidad, las redes y el coste de tecnologías como las bombas de calor o los coches eléctricos, con el fin de hacerlas más accesibles.
“Desde el cierre del estrecho de Ormuz, Europa ha pagado más de 50.000 millones de euros adicionales por la energía sin recibir una sola molécula más”, ha recordado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, quien ha señalado que esa factura evidencia la vulnerabilidad económica que genera la dependencia exterior.
Según ha recalcado, la UE necesita sustituir las “moléculas negras, caras y contaminantes” por “electrones limpios, baratos y producidos en Europa”, tanto para recortar sus importaciones de combustibles fósiles como para reforzar la competitividad y avanzar en la lucha contra el cambio climático.
Menos impuestos a la electricidad
Una de las piezas centrales del plan es que la electricidad soporte una carga fiscal inferior a la del gas. Bruselas considera que esta diferencia impositiva es imprescindible para corregir el desequilibrio actual entre ambas fuentes y abaratar las facturas de los consumidores.
La Comisión se ha comprometido además a presentar antes de que concluya el año nuevas propuestas para retirar de forma gradual las subvenciones a los combustibles fósiles, que cifra en unos 100.000 millones de euros anuales, al entender que el dinero público no debe seguir apuntalando la dependencia energética del exterior.
El Ejecutivo comunitario plantea igualmente sacar más partido a las infraestructuras de red ya existentes mediante tarifas que incentiven la flexibilidad y animen a hogares y empresas a consumir electricidad en los momentos en que resulte más barata y el sistema esté menos tensionado.
Con este enfoque, Bruselas pretende evitar ampliaciones “innecesarias y costosas” de las redes y, al mismo tiempo, aliviar los costes que soportan las industrias con un consumo intensivo de energía.
Electrificar la industria
En el ámbito industrial, la Comisión sostiene que ya es “técnicamente posible” sustituir combustibles fósiles por electricidad en el 60% de la demanda energética, gracias a soluciones como hornos eléctricos y calderas alimentadas con esta fuente.
Para acelerar este proceso, el Ejecutivo comunitario elaborará hojas de ruta específicas por sectores y tratará de facilitar el acceso de las empresas a distintas fuentes de energía baja en carbono, además de destinar parte de los ingresos del mercado europeo de emisiones a financiar la transformación.
Bombas de calor y vehículos eléctricos
En los hogares, oficinas y edificios públicos, Bruselas quiere impulsar con fuerza la instalación de bombas de calor antes de 2030 y facilitar su financiación para ir sustituyendo progresivamente las calderas de gas.
De acuerdo con los cálculos presentados por Jorgensen, esta sustitución puede recortar hasta un 60% la factura media de calefacción de las viviendas europeas, además de ofrecer capacidad de refrigeración durante los meses más cálidos.
Para lograrlo, la Comisión propone reducir el riesgo financiero de las inversiones y proporcionar a los consumidores presupuestos e información comparables, de manera que puedan elegir con mayor facilidad entre las distintas tecnologías disponibles.
El documento incorpora también nuevas medidas de apoyo a los vehículos eléctricos y plantea extender los programas de arrendamiento social que ya aplican algunos Estados miembro, con el objetivo de facilitar a los hogares con menos recursos el acceso a automóviles y otras soluciones de movilidad eléctrica.