Bruselas quiere aplicar el filtro de la simplificación también al sector bancario. Dos décadas después de la crisis financiera, la Unión Europea busca abrir un nuevo capítulo en la regulación del sistema financiero con una revisión del marco legislativo construido a partir de 2008, cuando la crisis obligó a reforzar los controles sobre las entidades bancarias y elevar los requisitos de solvencia.
La Comisión Europea defiende que el objetivo ahora pasa por equilibrar la estabilidad financiera alcanzada tras las reformas de los últimos quince años con la necesidad de superar la fragmentación que todavía limita la capacidad del mercado bancario europeo. El Ejecutivo comunitario considera que el sector es hoy más resistente y rentable, pero advierte de que persisten obstáculos relacionados con la complejidad regulatoria, la falta de proporcionalidad y las barreras nacionales que dificultan la integración.
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Bruselas, bajo presión para rediseñar el sector bancario y adaptar la regulación a la banca pequeña
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Fuentes comunitarias señalan que, aunque los bancos europeos han reforzado significativamente sus balances desde la crisis financiera, el exceso de capas regulatorias está reduciendo la eficiencia del sistema y dificultando que las entidades puedan operar a escala europea. En este contexto, el gabinete de la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luisa Albuquerque, ha diseñado una hoja de ruta centrada en tres grandes prioridades: completar la Unión Bancaria, simplificar los requisitos de capital y armonizar las normas de resolución y garantía de depósitos. “Abordar los retos del sector bancario es otro paso importante en la construcción de la Unión de Ahorro e Inversión. Junto con nuestro trabajo en los mercados de capitales, la inversión minorista y las pensiones, estamos construyendo un sistema financiero eficiente e integrado”, ha defendido la comisaria.
Menos fragmentación para liberar liquidez
Uno de los principales problemas identificados por la Comisión Europea es la fragmentación del mercado bancario. Según Bruselas, la existencia de requisitos nacionales adicionales impide que los grandes grupos transfronterizos puedan gestionar sus recursos de manera eficiente y limita la capacidad de las entidades para asignar capital allí donde sea más necesario.
En el apartado relativo a la gestión eficiente de capital y liquidez, el informe presentado por la Comisión plantea nuevas medidas para permitir que los grupos bancarios con presencia en varios Estados miembros puedan gestionar de forma más centralizada sus recursos entre la matriz y sus filiales.
Actualmente, muchas entidades están obligadas a mantener determinados colchones de capital y liquidez en cada jurisdicción donde operan, incluso cuando forman parte de un mismo grupo supervisado. Bruselas considera que este modelo genera duplicidades y reduce la capacidad de reacción del sistema.
La propuesta comunitaria permitiría eliminar parte de estas barreras bajo la supervisión consolidada del grupo bancario. Según las estimaciones del Ejecutivo europeo, la reforma podría desbloquear cerca de 200.000 millones de euros en activos líquidos de alta calidad, recursos que podrían destinarse a financiación de la economía europea.
Nuevo enfoque para el seguro de depósitos
Otro de los pilares de la reforma será la revisión del marco europeo de garantía de depósitos. La Comisión Europea plantea sustituir la propuesta presentada en 2015 por un nuevo enfoque que permita simplificar la estructura actual y garantizar una protección más homogénea para los ahorradores en toda la Unión Bancaria.
El objetivo es evitar que una eventual crisis de una entidad transfronteriza pueda traducirse en una presión excesiva sobre los presupuestos nacionales. Bruselas considera que un sistema más integrado permitiría responder de manera más eficaz ante posibles episodios de inestabilidad financiera y reforzaría la confianza de los ciudadanos.
Además, la Comisión pretende avanzar en la armonización de ámbitos que actualmente dificultan la actividad bancaria transfronteriza, como las normas de insolvencia, la protección de los consumidores financieros y los controles contra el blanqueo de capitales.
En este último punto, Bruselas confía en que la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales contribuya a reducir las diferencias entre Estados miembros y facilite una aplicación más uniforme de las reglas.
Uno de los retos regulatorios más sensibles será la revisión de la aplicación de los estándares internacionales de Basilea III al contexto específico del mercado europeo. La Comisión reconoce que la estructura económica de la Unión presenta características diferentes a otros mercados, especialmente por el peso del crédito bancario en la financiación empresarial. Muchas pequeñas y medianas empresas europeas dependen todavía de los bancos como principal fuente de financiación y, en numerosos casos, no cuentan con una calificación crediticia externa.
Por ello, Bruselas estudiará eliminar la obligación de contar con determinadas calificaciones externas para facilitar el acceso de las pymes al crédito, siempre garantizando una adecuada evaluación del riesgo. La revisión también afectará al tratamiento prudencial de determinados activos. La Comisión plantea modificar las reglas aplicables a las inversiones en software, que actualmente deben deducirse en gran medida del capital principal de las entidades.
El Ejecutivo comunitario considera que los activos tecnológicos deben recibir un tratamiento más acorde con la transformación digital del sector financiero, dejando de ser considerados únicamente como costes operativos para reconocer su carácter estratégico. Del mismo modo, se evaluará posibles ajustes en las normas de remuneración bancaria con el objetivo de que las entidades puedan atraer y retener talento especializado sin generar incentivos que fomenten una asunción excesiva de riesgos.
Reducir la complejidad acumulada en quince años
La principal línea política del plan presentado por la Comisión Europea pasa por “eliminar la complejidad innecesaria que se ha acumulado en los últimos quince años”. El Ejecutivo comunitario considera que una regulación más clara y previsible permitirá que los bancos puedan planificar inversiones y asignar capital con mayor eficacia.
En este sentido, Bruselas abre la puerta a revisar los requisitos de capital del denominado Pilar 2, especialmente aquellos relacionados con la ratio de apalancamiento. También propone mejorar la transparencia de las metodologías utilizadas por los supervisores nacionales y europeos.
La reforma afectará igualmente al marco de resolución bancaria, con el objetivo de alinearlo “más estrechamente” con los estándares internacionales. La Comisión apuesta por simplificar la calibración de los procedimientos y automatizar determinados procesos para aquellas entidades con posiciones financieras más sólidas. “La complejidad también genera incertidumbre. Y la falta de previsibilidad dificulta que los bancos planifiquen, inviertan y asignen capital de manera eficiente”, ha explicado Albuquerque durante la presentación del documento.
La responsable comunitaria también ha reclamado a los Estados miembros un cambio de enfoque. “Los Estados miembros deben reconocer que todos se benefician de un mercado único basado en las normas de la UE, y evitar la aplicación excesiva de normativas, la aplicación incoherente y las barreras injustificadas a la consolidación o la actividad transfronteriza”, ha señalado.
En esta línea, la comisaria ha insistido en que la competitividad europea no depende únicamente de modificar leyes, sino también de cambiar la cultura regulatoria. Bruselas reclama a supervisores y entidades abandonar un enfoque basado exclusivamente en el cumplimiento formal de requisitos para centrarse en los riesgos materiales. No obstante, la Comisión advierte de que una cultura de aversión absoluta al riesgo podría terminar perjudicando la capacidad de los bancos para financiar la economía real y apoyar el crecimiento europeo. Al margen de la comunicación presentada este viernes, el Ejecutivo comunitario organizará reuniones periódicas con el Mecanismo Único de Supervisión y la Junta Única de Resolución para garantizar que las decisiones de supervisión no generen nuevas barreras dentro del mercado único.
El calendario de Bruselas prevé que las primeras medidas legislativas derivadas de esta estrategia se presenten durante el primer trimestre de 2027, en el marco de la construcción de la Unión de Ahorro e Inversión. La Comisión busca así cerrar una de las piezas pendientes de la arquitectura financiera europea: un mercado bancario más integrado, competitivo y capaz de movilizar recursos para la economía.