El Gobierno está inmerso en conversaciones con las principales compañías tecnológicas para perfilar las condiciones del próximo real decreto sobre centros de datos. El Ejecutivo sostiene que las nuevas exigencias en materia ambiental, energética y de soberanía digital no deberían frenar la llegada de capital extranjero ni de nuevos proyectos a España.
Fuentes gubernamentales han señalado este lunes que el diálogo con el sector, enmarcado en el trámite de audiencia pública del borrador de real decreto, se centra en cerrar los aspectos técnicos de una regulación que obligará a los centros de datos de mayor tamaño a respaldar con nueva capacidad renovable, certificada hora a hora, al menos el 80% de su consumo de electricidad.
La intención del Ejecutivo es lograr un equilibrio aceptable para todas las partes, en un escenario en el que las empresas vienen remarcando que sus instalaciones ya son sostenibles y que garantizan la soberanía de sus operaciones y de los datos que gestionan.
El Gobierno insiste en que esta normativa no implicará una moratoria para las nuevas iniciativas, que podrán seguir adelante siempre que se ajusten a los criterios fijados. Las obligaciones se aplicarán a las instalaciones que superen 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica, debido a su mayor impacto sobre la red, el territorio y el uso de agua.
El texto plantea que cada nuevo MW de consumo eléctrico vaya asociado a 1 MW adicional de generación renovable puesto en servicio en los 18 meses previos a la entrada en operación del centro, ya sea mediante autoconsumo o a través de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
Más de 12 GW preconcedidos y objetivo de ordenar el crecimiento
Las proyecciones nacionales estiman que en 2030 se alcanzarán unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación, mientras que desde 2021 se han otorgado de forma previa más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para centros de datos.
Para el Ejecutivo, este desajuste evidencia la fuerte expectativa generada en torno al negocio de los centros de datos y la pugna por la capacidad eléctrica disponible. El nuevo decreto pretende reducir el componente especulativo ligado a la reserva y posible reventa de esos derechos de acceso, además de asegurar que los proyectos que sigan adelante aporten empleo y actividad económica con el menor efecto negativo posible sobre el entorno.
El Gobierno defiende que España parte de una posición ventajosa para atraer este tipo de inversiones gracias a la abundancia de recursos renovables, los precios de la electricidad y la conectividad internacional, aunque considera imprescindible ordenar la expansión del sector antes de que pueda generar tensiones en la red.
Referencias internacionales y requisitos de soberanía digital
En la actualidad no se detectan problemas de suministro eléctrico vinculados a los centros de datos, pero el Ejecutivo apuesta por anticiparse a posibles tensiones derivadas del incremento previsto de la demanda.
En este contexto, se ha tomado como referencia el caso de Irlanda, donde diversos informes señalan que los centros de datos podrían llegar a concentrar hasta el 32% de la demanda eléctrica, así como la situación de algunos estados de Estados Unidos, donde ese peso supera el 25%. También se han mencionado las limitaciones impuestas en Países Bajos.
El borrador incorpora, además, obligaciones de eficiencia energética e hídrica y condiciones de soberanía digital, entre ellas que la operación del centro y los datos asociados a la misma se mantengan bajo jurisdicción de la Unión Europea.
La patronal SpainDC alerta de posibles fugas de inversión
En paralelo, SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha alertado este lunes de que el proyecto para exigir consumo energético renovable a centros de datos supone un “riesgo de pérdida de inversiones” de hasta el 90% y reclama “cambios sustanciales” sobre el mismo.
En un comuinicado, la asociación ha mostrado su “preocupación” por el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
En concreto, pide “cambios sustanciales” antes de su aprobación definitiva y adelanta que presentará alegaciones al texto, pues considera que “España se situaría como el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea” y que el diseño, la intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias “pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad” del país frente a otros mercados europeos.