El desembolso asociado a los servicios de operación del sistema eléctrico se ha elevado hasta los 3.570 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone un repunte del 37% frente al mismo intervalo de 2025. Así se desprende del último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación, en el que participan las patronales de las grandes eléctricas Aelec, de las comercializadoras independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva (AEGE) y la organización empresarial CEOE.
De acuerdo con las estimaciones del Observatorio, en la segunda mitad de agosto los consumidores de electricidad afrontaron un sobrecoste adicional de 19,20 euros por megavatio hora (MWh) vinculado a estos servicios de operación, lo que supone más de 210 millones de euros en ese periodo.
Desde el arranque de 2026, este recargo se sitúa de media en 21,60 euros/MWh, en valores próximos al coste de las redes, lo que hace que la factura acumulada del ejercicio alcance esos 3.570 millones de euros.
Según los cálculos del Observatorio, el peso de estos servicios de operación tiene un impacto aproximado del 7% en la factura de un usuario doméstico, del 10% en la de una pyme y puede llegar hasta el 17% en el caso de un consumidor electrointensivo.
Además de Aelec, que agrupa a compañías como Endesa, EDP España o Iberdrola, y de ACIE, Acenel, AEGE y CEOE, integran también el Observatorio la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, la confederación de consumidores Consumes y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
En su informe más reciente, las organizaciones que conforman el Observatorio recalcan que en los últimos meses los costes ligados a la operación del sistema han registrado un fuerte aumento, "trasladándose directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía".
Asimismo, destacan que este encarecimiento se ha visto especialmente intensificado por la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada tras el apagón del 28 de abril de 2025, que "se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas".
"Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía", consideran las entidades firmantes.
Por este motivo, vuelven a reclamar la necesidad de "adoptar medidas que corrijan estas distorsiones", planteando iniciativas para "reducir estos costes, mejorar la transparencia y la competitividad de la economía".