España se ha instalado en la parte baja de la clasificación internacional sobre competitividad fiscal. El país ocupa el puesto 34 de las 38 economías de la OCDE incluidas en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional de 2025, elaborado por la Tax Foundation, con una puntuación de 57,9 sobre 100. Solo Polonia, Colombia, Italia y Francia presentan un resultado inferior.
La posición supone, además, un nuevo retroceso. España pierde un puesto respecto a 2024 y acumula una caída de cinco posiciones desde 2018, según el informe Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición indirecta en el turismo, presentado por el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo.
El índice no mide únicamente cuánto recauda un Estado, sino la calidad y la capacidad competitiva de su sistema tributario. Para ello analiza más de 40 variables relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades, la fiscalidad personal, el consumo, la propiedad y el tratamiento de las rentas internacionales. La Tax Foundation premia los modelos que considera más neutrales, sencillos y estables, con bases amplias y menores distorsiones sobre la inversión, el ahorro y las decisiones empresariales.
Por tanto, no se trata de una clasificación oficial elaborada por la OCDE, sino de un índice de la Tax Foundation que compara los sistemas tributarios de sus 38 países miembros. Con esa metodología, España obtiene una puntuación 11,5 puntos inferior a la media de los países comunitarios analizados y 12,2 puntos por debajo del promedio de la OCDE. La clasificación original confirma el puesto 34 y la puntuación de 57,9.
Estonia vuelve a encabezar el índice, seguida de Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Lituania. En la parte final aparecen Portugal, España, Polonia, Colombia, Italia y Francia. El resultado español es especialmente desfavorable en la imposición sobre la propiedad, donde ocupa el puesto 35, y en la tributación empresarial, situada en la posición 33. Su comportamiento es más próximo a la zona media en los impuestos personales y sobre el consumo, con el puesto 18 en ambos apartados, y en el régimen aplicable a las rentas internacionales, donde ocupa el 17.
Una presión fiscal inferior a la UE, pero que crece con mayor rapidez
El informe introduce una distinción relevante entre la presión fiscal convencional —la recaudación por impuestos y cotizaciones en relación con el PIB— y la denominada presión fiscal normativa, un indicador desarrollado por el IEE para aproximar la carga derivada del diseño legal de los tributos.
La presión fiscal convencional española alcanzó en 2024 el 36,8% del PIB, todavía por debajo del 39,4% de la Unión Europea. Esta comparación impide sostener que España recaude ya, en proporción al tamaño de su economía, más que la media comunitaria. Sin embargo, la evolución desde 2018 muestra una aproximación rápida: la presión fiscal aumentó 2,3 puntos de PIB en España, mientras que disminuyó 0,6 puntos en el conjunto de la UE.
El IEE sostiene que la menor recaudación española está condicionada, entre otros elementos, por el mayor desempleo y el peso de la economía sumergida. Según sus cálculos, una convergencia con Europa en ambos ámbitos permitiría elevar los ingresos públicos en unos 39.100 millones de euros, alrededor de 2,4 puntos del PIB, sin necesidad de incrementar los tipos ni la carga normativa sobre quienes ya tributan.
El diagnóstico empeora cuando se incorpora la capacidad económica de los contribuyentes. El denominado esfuerzo fiscal -que relaciona la recaudación con el nivel de renta- resulta en España un 14,1% superior a la media europea. Si se considera exclusivamente la imposición directa, fundamentalmente el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, la diferencia aumenta hasta el 16,5%.
Por su parte, el indicador de presión fiscal normativa sitúa a España en 116,6 puntos, tomando como referencia 100 para la media comunitaria. De acuerdo con esta métrica, el diseño legal del sistema impone una carga un 16,6% superior al promedio de la UE y un 17,8% mayor que la media de la OCDE.
El propio informe precisa que la ligera mejoría relativa observada en este apartado no se debe a una reforma significativa del sistema español, sino fundamentalmente al deterioro registrado por otras economías.
Las empresas aportan casi el 34% de la recaudación
La fiscalidad empresarial concentra buena parte de las advertencias del IEE. En 2024, los impuestos y cotizaciones atribuidos a las empresas representaron el 33,9% de la recaudación total en España, frente al 26% de la Unión Europea. La diferencia de 7,9 puntos coloca al país en la quinta posición comunitaria por el peso de la contribución empresarial sobre los ingresos públicos.
La comparación en términos de PIB conduce a un resultado similar. La carga empresarial equivale al 12,5% del PIB español, frente al 10,3% de la UE. España se sitúa así como el sexto país comunitario con mayor presión fiscal empresarial sobre el PIB, por detrás de Chipre, República Checa, Estonia, Eslovaquia y Francia.
La brecha se ha ampliado durante los últimos años. Entre 2018 y 2024, la presión fiscal empresarial aumentó 1,5 puntos en España, cinco veces más que el incremento de 0,3 puntos registrado en Europa. En relación con el excedente bruto de explotación —una aproximación al resultado generado por las empresas antes de determinados gastos—, la carga alcanza el 29,5%, frente al 24,9% comunitario.
El tipo general del Impuesto sobre Sociedades se mantiene en el 25%, por encima del 21,5% de media europea calculado por el estudio. A esta figura se suma la tributación de los dividendos. Si se aplican sucesivamente el gravamen sobre los beneficios empresariales y el tipo máximo sobre su distribución, la imposición combinada puede alcanzar el 47,5% en España, frente al 38,8% europeo.
El informe también llama la atención sobre las cotizaciones sociales empresariales, que equivalen al 9,5% del PIB, frente al 7,1% de la UE. España ocupa en este capítulo el cuarto lugar de la Unión, solo por detrás de Estonia, Francia y República Checa. Para el IEE, esta diferencia encarece el factor trabajo y puede influir en las decisiones de contratación, especialmente dentro de un tejido productivo dominado por pequeñas y medianas empresas.
La factura oculta de la complejidad tributaria
A la cantidad pagada se añade el coste de interpretar y cumplir las obligaciones fiscales. España obtiene 114,8 puntos en el Índice de Complejidad Fiscal utilizado por el IEE, casi 15 puntos por encima de la referencia europea y también por encima de los 103,4 puntos de la OCDE.
Las empresas españolas dedican una mediana de 150 horas anuales a preparar, presentar y pagar impuestos, según los datos incorporados al estudio. La cifra se reduce a 113 horas en la UE y a 92 en el conjunto de la OCDE.
La diferencia resulta especialmente relevante para las pymes, que disponen de menos personal y recursos para asumir los costes de asesoramiento, gestión y adaptación a los cambios legislativos. En este sentido, el problema no reside solo en los tipos tributarios, sino también en la proliferación de normas, obligaciones de información, criterios interpretativos y modificaciones regulatorias.
El IEE considera que la incertidumbre tributaria puede terminar condicionando inversiones, ampliaciones de capacidad o decisiones de localización. Su propuesta pasa por simplificar las obligaciones, reducir las figuras más distorsionadoras y reforzar la estabilidad y la seguridad jurídica.
El turismo alerta ante la posibilidad de un IVA del 21%
El informe dedica un bloque específico al IVA aplicado a hoteles y restaurantes. El análisis, elaborado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Fernando Pinto Hernández, estudia los efectos que tendría elevar el actual tipo reducido hasta el general del 21%.
El sector turístico representa el 12,6% del PIB, emplea a cerca de 2,8 millones de trabajadores y cerró 2024 con un saldo exterior de 68.400 millones. En 2025, España recibió 96,8 millones de turistas, cuyo gasto se aproximó a los 135.000 millones.
El estudio sostiene que una subida de once puntos tendría efectos distintos a los de un incremento fiscal aplicado a una actividad protegida de la competencia exterior. Hoteles y restaurantes compiten directamente con destinos como Portugal, Grecia, Italia, Croacia, Turquía o los países del norte de África, por lo que una parte de la demanda puede desplazarse si aumenta el precio final.
El IEE recurre a los precedentes de Portugal e Irlanda para advertir de que la recaudación esperada puede verse compensada por una reducción de la actividad. Portugal elevó en 2012 el IVA de la restauración del 13% al 23% y revirtió parcialmente la decisión en 2016. Alemania, por su parte, aplica desde enero de 2026 un tipo reducido del 7% a la restauración, según recoge el documento.
La conclusión general del informe es que España no necesita necesariamente recaudar menos, sino modificar la forma en que obtiene los ingresos. El IEE reclama un sistema más sencillo, estable y neutral, capaz de ampliar las bases imponibles mediante más empleo, inversión y actividad formal. El deterioro hasta el puesto 34 revela, en cualquier caso, que la desventaja española no procede únicamente del volumen de impuestos, sino también de cómo están diseñados y de cuánto cuesta cumplirlos.