¿Hay autobuses mañana 11 de noviembre? Servicios mínimos de EMT, urbanos e interurbanos

Los servicios mínimos durante una huelga general de transporte público deben fijarlos una autoridad gubernativa competente, mediante una resolución motivada y proporcionada. Su finalidad es preservar las necesidades esenciales de la población, no mantener el funcionamiento normal del transporte. No existe un porcentaje obligatorio y uniforme para toda España: deben justificarse las prestaciones necesarias en cada caso.

1. Fundamento legal

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga y exige garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad. La habilitación básica está en el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, interpretado conforme a la Constitución: permite a la autoridad gubernativa adoptar las medidas necesarias para asegurar esos servicios.

La Ley 39/2015 regula las garantías administrativas, especialmente la motivación, notificación y publicación; la Ley 29/1998 establece el control judicial. Estas normas se completan con la normativa sectorial y autonómica y la jurisprudencia constitucional. No hay un procedimiento estatal único y exhaustivo para todas las modalidades de transporte.

2. Quién decide

La competencia depende del servicio afectado y de las atribuciones de cada Administración, no simplemente de que la huelga sea general:

• Estado: la autoridad estatal habilitada para los transportes de su competencia.
• Comunidades autónomas: el órgano al que su normativa atribuya la decisión, que puede ser el Gobierno autonómico o la consejería competente.
• Ámbito municipal: debe comprobarse la atribución normativa; ser titular del autobús urbano no basta, por sí solo, para identificar quién puede imponer los mínimos.

La empresa operadora puede aportar datos y organizar la ejecución, pero no sustituir a la autoridad al decidir la restricción. Así lo recuerda la STC 8/1992.

3. Cómo se fijan

1. Analizar la convocatoria. Se identifican duración, territorio, trabajadores y servicios afectados, junto con las consecuencias previsibles para la población.
2. Recabar información suficiente. La Administración reúne datos sobre demanda, líneas, frecuencias, franjas horarias, conexiones imprescindibles, personal y alternativas disponibles. El informe empresarial no sustituye la valoración pública.
3. Valorar las propuestas sindicales. Deben respetarse los trámites de audiencia aplicables y considerarse las ofertas de mantenimiento del servicio. Negociar no equivale a necesitar un acuerdo: la STC 27/1989 aclara que la negociación previa no es un requisito constitucional indispensable.
4. Determinar lo indispensable. Se ponderan el derecho de huelga y los derechos de la comunidad. No basta invocar molestias, pérdidas económicas o copiar porcentajes de convocatorias anteriores.
5. Dictar una resolución motivada. Debe identificar la competencia, las prestaciones exigidas y su duración, y explicar por qué ese nivel concreto resulta necesario y proporcionado. La esencialidad del transporte no permite suprimir la huelga, como señala la STC 310/2006.
6. Publicar o notificar y ejecutar. Debe darse conocimiento con antelación suficiente, mediante el boletín correspondiente cuando proceda y las comunicaciones necesarias. Después, el operador puede designar trabajadores con criterios objetivos, sin ampliar los mínimos establecidos.

4. Cómo se impugnan

Los sindicatos y demás sujetos legitimados pueden recurrir la resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa, incluido el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. El tribunal competente depende del órgano que haya dictado el acto.

Puede solicitarse una medida cautelar urgente para suspender sus efectos antes de la huelga. El recurso no equivale por sí mismo a una suspensión. El control judicial debe ser útil y oportuno, como destaca la STC 148/1993. Agotada la vía judicial, cabe amparo constitucional cuando concurran sus requisitos.

Las comunidades autónomas pueden fijar los servicios mínimos del transporte sobre el que tengan competencia y responsabilidad política. No pueden, por esa vía, regular libremente el derecho de huelga ni asumir servicios estatales solo porque la huelga se produzca dentro de su territorio. La clave es distinguir la regulación general de ese derecho de la decisión concreta sobre qué prestaciones esenciales deben mantenerse.

Distribución de competencias

La legislación laboral corresponde al Estado, conforme al artículo 149.1.7 de la Constitución. Pero determinar los servicios mínimos no es exclusivamente una actuación laboral: también implica garantizar el servicio público afectado. Por eso, el Tribunal Constitucional atribuye esa decisión a la autoridad estatal o autonómica competente sobre el servicio, como explica la STC 31/2010, siguiendo la STC 233/1997.

En el transporte terrestre, los artículos 148.1.5 y 149.1.21 establecen un criterio fundamentalmente territorial: el Estado tiene competencia sobre los transportes que atraviesan más de una comunidad; las autonomías pueden asumir, mediante sus estatutos, los desarrollados íntegramente en su territorio. La STC 118/1996 precisa que un tramo interior de una línea supracomunitaria no se convierte, por ello, en un servicio autonómico independiente.

¿Qué pueden decidir las autonomías?

• Metro, tranvía y ferrocarriles autonómicos: pueden establecer las prestaciones indispensables cuando estos servicios estén dentro de sus competencias.
• Autobuses interurbanos: pueden fijar mínimos en los servicios íntegramente autonómicos de su competencia, atendiendo a sus rutas, horarios y necesidades esenciales.
• Transporte urbano: debe examinarse el reparto concreto entre comunidad y municipio. La titularidad municipal del servicio no permite concluir automáticamente quién debe dictar los mínimos; importa la atribución de potestades y la autoridad gubernativa responsable.
• Servicios estatales: no basta la competencia autonómica de ejecución laboral para intervenir. La STC 124/2013 confirmó la competencia estatal sobre servicios aeroportuarios vinculados a aeropuertos de interés general, aunque los centros afectados estuvieran en Cataluña.

Como ejemplo estatutario, el artículo 170.1.i del Estatuto catalán contempla la determinación de servicios mínimos. Sin embargo, esa previsión debe interpretarse respetando las competencias estatales: no atribuye una potestad general sobre cualquier huelga localizada en Cataluña.

Límites de la decisión autonómica

La competencia no permite imponer cualquier nivel de funcionamiento. El artículo 28.2 de la Constitución exige compatibilizar el derecho de huelga con el mantenimiento de los servicios esenciales. La autoridad debe respetar estas garantías:

• Proporcionalidad: preservar lo indispensable, no reproducir automáticamente el servicio ordinario. Deben ponderarse duración, franjas horarias, ámbito territorial, usuarios afectados y alternativas disponibles.
• Motivación concreta: explicar qué necesidades esenciales se protegen y por qué cada prestación o porcentaje resulta necesario. No bastan fórmulas genéricas aplicables a cualquier huelga.
• Decisión pública imparcial: corresponde a la autoridad gubernativa; no puede dejarse la determinación efectiva en manos de la empresa, aunque sea pública.
• Consideración de las propuestas: deben valorarse las ofertas de mantenimiento del servicio. No obstante, la negociación previa no es un requisito constitucional indispensable para la validez de la decisión, según la STC 27/1989.

En definitiva, pueden concretar mínimos dentro de su ámbito competencial, pero no neutralizar la huelga. La STC 2/2022 ilustra este límite: anuló una decisión que produjo, durante los paros, una prestación del servicio esencial superior a la habitual.

Las últimas elecciones municipales celebradas en Madrid y Barcelona fueron las del 28 de mayo de 2023. En Madrid, el PP consiguió la mayoría absoluta y José Luis Martínez-Almeida continuó como alcalde. En Barcelona, Trias per Barcelona fue la candidatura más votada, pero Jaume Collboni, del PSC, fue elegido alcalde con el apoyo de los comunes y el PP.

Madrid: mayoría absoluta del PP

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 57 concejales y la mayoría absoluta se alcanza con 29. El PP obtuvo exactamente esa cifra, por lo que pudo afrontar la investidura sin necesitar el respaldo de otras candidaturas. La distribución de las cinco fuerzas que consiguieron representación fue la siguiente:

• PP: 29 concejales y el 44,50 % de los votos.
• Más Madrid: 12 concejales y el 19,11 %.
• PSOE: 11 concejales y el 16,75 %.
• Vox: 5 concejales y el 9,07 %.

El resultado dejó al PP con más concejales que las otras tres candidaturas representadas juntas: 29 frente a 28. Más Madrid quedó como segunda fuerza municipal, con un concejal más que el PSOE. Vox fue la cuarta candidatura con representación. Los resultados pueden consultarse en la información electoral de RTVE.

La consecuencia institucional fue directa: Martínez-Almeida fue investido alcalde con una mayoría propia. Conviene distinguir el porcentaje de voto del porcentaje de concejales: el 44,50 % de los votos se tradujo en 29 de los 57 puestos del Ayuntamiento, suficientes para alcanzar la mayoría absoluta de la corporación.

Barcelona: victoria de Trias y alcaldía de Collboni

El Ayuntamiento de Barcelona tiene 41 concejales, de modo que la mayoría absoluta requiere 21. Ninguna candidatura alcanzó esa cifra en las elecciones. Seis fuerzas consiguieron representación, con este reparto:

• Trias per Barcelona–Junts: 11 concejales y el 22,42 % de los votos.
• PSC-CP: 10 concejales y el 19,79 %.
• Barcelona en Comú: 9 concejales y el 19,77 %.
• ERC-AM: 5 concejales y el 11,22 %.
• PP: 4 concejales y el 9,21 %.
• Vox: 2 concejales y el 5,70 %.

Trias per Barcelona terminó primera, con un concejal más que el PSC. La diferencia porcentual entre el PSC y Barcelona en Comú fue especialmente pequeña: 0,02 puntos, aunque obtuvieron diez y nueve concejales, respectivamente. El detalle está disponible en los resultados de Barcelona publicados por RTVE.

Sin embargo, ganar en votos y concejales no se tradujo en obtener la alcaldía. Jaume Collboni fue elegido alcalde con el apoyo del PSC, Barcelona en Comú y el PP. Esas tres fuerzas reunían 23 concejales —diez, nueve y cuatro—, por encima de los 21 necesarios para la mayoría absoluta. Ese respaldo en la investidura no debe confundirse con el resultado electoral de cada candidatura.

La diferencia principal

En Madrid, la candidatura ganadora consiguió también una mayoría suficiente para elegir al alcalde sin apoyos externos. En Barcelona, la candidatura más votada quedó lejos de la mayoría absoluta y la alcaldía correspondió al candidato de la segunda fuerza gracias a los apoyos de otras dos formaciones.

Por tanto, los dos resultados ilustran situaciones distintas: mayoría propia en Madrid y elección mediante apoyos entre candidaturas en Barcelona. Estas cifras corresponden a los ayuntamientos de ambas ciudades, no a sus comunidades autónomas ni al conjunto de sus provincias.