El sector eléctrico ha alertado de que el escenario actual, marcado por el contexto geopolítico derivado de la crisis en Oriente Próximo, "es muy distinta" al vivido en los primeros compases de la guerra de Ucrania y que, por tanto, "hoy en España no se cumplen las condiciones" para volver a poner en marcha una excepción ibérica.
En unas declaraciones, Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que agrupa a compañías como Endesa, Iberdrola o EDP España, recordó que la excepción ibérica, un mecanismo temporal avalado por la Unión Europea para que España y Portugal limitaran el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica y así contener el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, "nació como una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria y bajo unas condiciones específicas establecidas por Europa".
A este respecto, señaló que durante el periodo de vigencia del mecanismo, a lo largo de un año y medio entre 2022 y finales de 2023, se produjo "un shock abrupto e imprevisible y el gas llegó a marcar el precio de la electricidad en alrededor del 75% de las horas", mientras que en la actualidad su influencia se sitúa en menos del 15%.
"Precisamente por eso, a pesar de las tensiones en el gas, el mercado eléctrico está registrando precios mucho más competitivos. No tiene sentido responder a una crisis del gas interviniendo un mercado eléctrico que está funcionando y que es el que está amortiguando su impacto, añadió al respecto.
Además, subrayó que recuperar la excepción ibérica supone que una parte muy mayoritaria de los consumidores, los que están en el mercado libre y en gran medida a precio fijo, "asuman un mayor coste para reducir el precio de los consumidores directamente expuestos al mercado".
"Es decir, podemos acabar subiendo el coste al 75% de los consumidores para reducirlo al 25% restante. Ese efecto distributivo debe ponerse encima de la mesa antes de plantear una intervención", dijo.
Por ello, consideró que si existen sectores o consumidores especialmente afectados, habrá que estudiar "medidas específicas y focalizadas, pero preservando el funcionamiento del mercado eléctrico, sus señales y la seguridad jurídica".
Este jueves, en un encuentro convocado con los agentes sociales para evaluar el impacto del conflicto en Irán y analizar la continuidad de las medidas de protección a hogares y empresas más allá del 30 de septiembre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, limitar alquileres y gravar el refino ante las consecuencias de la guerra de Irán y el repunte de los precios, mientras que las organizaciones sindicales han defendido recuperar la excepción ibérica.