Feijóo lanza la precampaña con una pregunta: ¿Quién del partido en el Gobierno dio la orden de contratar sicarios para quitarse problemas de encima?

La convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026 ya no está «en tramitación» en las Cortes. El paso decisivo se ha producido con la aprobación y publicación del Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, publicado en el BOE el 6 de octubre de 2026. A partir de ese momento la parte parlamentaria del ciclo se da por cerrada y lo que queda por delante es un proceso estrictamente electoral y administrativo, no legislativo.

1. Acto jurídico que sustenta la convocatoria

La convocatoria se articula mediante el Real Decreto 806/2026, firmado por el Rey y refrendado por el presidente del Gobierno. Su contenido esencial es:

• Artículo 1: disolución del Congreso de los Diputados y del Senado elegidos el 23 de julio de 2023.
• Artículo 2: convocatoria de elecciones a ambas Cámaras, a celebrar el 29 de noviembre de 2026.
• Artículos 3 y 4: determinación del reparto de escaños por circunscripción y fijación de la campaña electoral del 13 al 27 de noviembre.
• Artículo 5: fijación de la sesión constitutiva de las nuevas Cámaras el 23 de diciembre a las 10:00 horas.

El decreto invoca el artículo 115 de la Constitución y el artículo 42.1 de la LOREG, que regulan la disolución de las Cortes y el calendario electoral. La nota de prensa del Congreso recoge este mismo esquema y subraya que el BOE ha publicado ya el decreto y que las nuevas Cámaras se constituirán el 23 de diciembre a las 10:00 horas, dentro del plazo constitucional de 25 días posteriores a los comicios.

2. ¿Hay “tramitación parlamentaria” de esa convocatoria?

En sentido estricto, no existe un expediente parlamentario que deba ser tramitado o votado por el Congreso o el Senado para que la convocatoria sea eficaz. La secuencia es la siguiente:

• El presidente del Gobierno informa previamente al Rey y propone la disolución.
• El Consejo de Ministros delibera y aprueba el proyecto de real decreto.
• El Rey expide el real decreto, que se publica en el BOE y entra en vigor el mismo día.

La Constitución y la LOREG no exigen una convalidación parlamentaria de este real decreto, a diferencia de lo que ocurre con los reales decretos-leyes. Por tanto, no hay una votación pendiente en el Pleno ni en la Diputación Permanente sobre la propia convocatoria electoral.

Desde la publicación del decreto, las Cortes de la XV Legislatura quedan disueltas. Según recuerda la propia nota del Congreso, únicamente continúa en funciones la Diputación Permanente, que se limita a velar por los poderes de la Cámara y a ejercer competencias muy acotadas (convalidación o derogación de decretos-leyes, control de estados de alarma, excepción y sitio). Es decir, la Diputación Permanente no tramita ni aprueba la convocatoria de elecciones, sino que opera sobre otras decisiones del Gobierno mientras las Cámaras están disueltas.

3. Situación actual del procedimiento

A fecha de hoy (10 de octubre de 2026), el estado puede resumirse así:

• Disolución y convocatoria: ya realizadas y vigentes mediante el Real Decreto 806/2026.
• Sin expediente legislativo abierto: no hay proyecto ni proposición de ley sobre la fecha del 29 de noviembre en tramitación; la decisión se ha adoptado por real decreto del Rey a propuesta del Gobierno.
• Periodo electoral en marcha: el decreto ha activado el calendario previsto en la LOREG. Se han abierto ya plazos como la solicitud de voto por correo, y el Instituto Nacional de Estadística ha difundido la nota “Elecciones a Cortes Generales de 29 de noviembre de 2026”, que cifra en 38,7 millones los electores convocados.
• Próximo hito institucional: tras las elecciones y los escrutinios, las nuevas Cámaras se reunirán el 23 de diciembre para su sesión constitutiva, iniciando la XVI Legislatura; a partir de ahí se abrirá el procedimiento de investidura.

En consecuencia, la pregunta sobre “en qué punto se encuentra la tramitación parlamentaria” se responde diciendo que la fase parlamentaria pertinente ya se ha cerrado con la disolución de las Cortes y la entrada en vigor del real decreto. Lo que queda por delante son actuaciones de naturaleza electoral (Junta Electoral Central, Oficinas del Censo, administración electoral) y, tras los comicios, la constitución de las nuevas Cámaras y la investidura. Ningún trámite en el Congreso o el Senado puede ya alterar la propia convocatoria del 29 de noviembre.

En el ordenamiento jurídico español no existe una ley que enumere de forma detallada y exhaustiva las competencias del presidente del Partido Popular (PP) como tal. Sus funciones se determinan principalmente por tres niveles normativos: la Constitución, la legislación de partidos políticos y, sobre todo, los estatutos internos del propio PP. A partir de ese marco se pueden identificar claramente qué tipo de atribuciones tiene.

1. Marco constitucional y legal general

En primer lugar, la Constitución Española (artículo 6) reconoce a los partidos políticos como instrumentos esenciales para la participación política y les garantiza libertad de creación y funcionamiento interno. Esto implica dos ideas clave:

• Autonomía organizativa: el Estado no fija cómo se estructura un partido ni qué órganos debe tener más allá de lo básico; son los estatutos los que regulan la figura de su presidente.
• Exigencia de democracia interna: las normas internas (incluida la elección y cese del presidente) deben respetar principios democráticos.

En desarrollo de ese mandato, la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, establece principalmente requisitos de registro, funcionamiento democrático, transparencia y financiación. No define las competencias concretas del presidente del PP, pero sí fija el marco en el que estas deben ejercerse: respeto a la legalidad, actuación democrática y sometimiento a los estatutos.

2. Papel del presidente según los estatutos del partido

La concreción real de las competencias del presidente del Partido Popular reside en los estatutos del PP, que son normas internas aprobadas por su congreso nacional. Sin citar su articulado al detalle, de ellos y de la práctica política se desprende un conjunto bastante estable de funciones:

• Máxima dirección política: el presidente es la principal autoridad política del partido. Marca la línea estratégica, fija las grandes posiciones en materias como economía, territorio, política social o exterior y coordina la acción de los órganos ejecutivos.
• Representación del partido: actúa como representante institucional y público del PP:
  • Frente a las instituciones del Estado (Jefe del Estado, Gobierno, Cortes Generales).
  • Ante otros partidos, tanto nacionales como internacionales (por ejemplo, en el Partido Popular Europeo).
  • En la esfera pública (medios de comunicación, actos y campañas).
• Dirección de los órganos ejecutivos: preside normalmente el Comité Ejecutivo u órgano equivalente y otros órganos de dirección. Esto implica:
  • Convocar sus reuniones.
  • Fijar el orden del día junto a la secretaría general.
  • Dirigir los debates y velar por la ejecución de los acuerdos.
• Propuesta y nombramiento de cargos internos: según estatutos, puede proponer o nombrar, con ratificación de los órganos competentes, a:
  • Secretario/a general.
  • Portavoces en el Congreso, Senado u otros parlamentos.
  • Responsables de áreas (organización, comunicación, economía, etc.).
• Orientación sobre candidaturas electorales: tiene un papel central en la selección y validación de candidaturas:
  • Propone o influye decisivamente en el candidato a la Presidencia del Gobierno.
  • Tiene capacidad de impulso y veto relevante sobre listas electorales en distintos niveles, siempre dentro de lo previsto en los estatutos y reglamentos electorales internos.
• Negociación y pactos: dirige o encabeza las negociaciones de pactos, coaliciones y acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas, especialmente a nivel estatal, y fija los criterios de negociación en ámbitos autonómicos y locales.
• Supervisión de la organización y disciplina interna: aunque no ejerce la disciplina directamente (que suele recaer en comités específicos), sí:
  • Marca criterios de coherencia política y de disciplina de voto.
  • Puede impulsar la apertura de expedientes disciplinarios en casos graves, respetando el procedimiento estatutario.
• Dirección de campañas electorales: tiene un rol protagonista en la definición del mensaje, lemas, actos principales y estrategia general de campaña.

3. Diferencia con los cargos institucionales

Es importante distinguir entre las competencias como presidente del PP y las que pueda tener por ocupar, en su caso, un cargo institucional (por ejemplo, presidente del Gobierno, presidente de una comunidad autónoma o portavoz parlamentario). Esas competencias institucionales:

• Proceden de la Constitución, estatutos de autonomía, leyes y reglamentos parlamentarios.
• Son independientes jurídicamente de su condición de presidente del partido, aunque en la práctica se solapen en la persona y se condicionen mutuamente.

4. Límites y controles

Las atribuciones del presidente del Partido Popular, aunque muy amplias políticamente, están limitadas por:

• La legalidad general (Constitución, Ley de Partidos, Ley Electoral, normas de financiación).
• Los estatutos y reglamentos internos, que establecen órganos colegiados, procedimientos de elección y revocación, y mecanismos de control (congresos, juntas directivas, comités).
• Los principios de democracia interna, exigidos por la Constitución y la Ley de Partidos.

En síntesis, las competencias del presidente del Partido Popular no están detalladas en una ley específica, sino que se configuran como la máxima dirección política, representativa y organizativa del partido dentro del marco constitucional, legal y estatutario español.

Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia nacional del Partido Popular en abril de 2022 tras una larga trayectoria que combina alta función pública, gestión de grandes organismos estatales y liderazgo político en Galicia. Antes de dar el salto a Génova, ya acumulaba más de tres décadas de experiencia en la Administración y en el propio PP, sobre todo en el PPdeG y en la Xunta de Galicia, donde se consolidó como uno de los barones territoriales más fuertes del partido.

Nacido en Ourense en 1961 y licenciado en Derecho, Feijóo ingresó en 1985 en el Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia como funcionario. Según las biografías disponibles en Wikipedia en español y perfiles recopilados por medios como RTVE y Demócrata, sus primeros pasos relevantes se producen ya en la estructura de la Xunta durante los años noventa, ligado a los gobiernos autonómicos de Manuel Fraga.

En 1991 fue nombrado secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta. Ese mismo año pasó al ámbito sanitario y social como secretario general de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales. Desde esos puestos técnicos ascendió a la cúpula del sistema sanitario gallego: a comienzos de los noventa ejerció como vicepresidente y secretario general del Servizo Galego de Saúde (Sergas), lo que le situó como uno de los altos cargos clave del Gobierno autonómico en un área, la sanidad, especialmente sensible.

El salto a la política estatal llegó con la victoria de José María Aznar en 1996. Feijóo se trasladó a Madrid y fue nombrado secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. De forma paralela asumió la presidencia del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), organismo encargado de la gestión sanitaria en buena parte del territorio antes de culminarse las transferencias a las comunidades autónomas. Distintas crónicas biográficas, como el perfil “hombre de Estado” publicado por eldiario.es, sitúan precisamente en la presidencia del Insalud el inicio de su carrera política a nivel estatal.

En el año 2000, ya en la segunda legislatura de Aznar, Feijóo fue designado presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Al frente de Correos permaneció hasta 2003, consolidando su perfil como gestor de grandes estructuras públicas. Terminado ese ciclo en Madrid, regresó a Galicia para integrarse de nuevo en el Ejecutivo autonómico de Fraga.

De vuelta en la Xunta, entre 2003 y 2005 fue conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Poco después pasó a ejercer como vicepresidente primero de la Xunta, lo que lo convertía en número dos político del gobierno gallego y en uno de los principales referentes del PP en la comunidad. En las elecciones autonómicas de 2005 obtuvo escaño en el Parlamento de Galicia, lo que reforzó su anclaje parlamentario en el ámbito autonómico.

El relevo generacional en el PP de Galicia se produjo tras la derrota de Fraga en esos comicios. En enero de 2006, Feijóo fue elegido presidente del Partido Popular de Galicia (PPdeG), heredando el liderazgo de quien había sido presidente de la Xunta durante lustros. Desde ese puesto comenzó a reconstruir al partido en la oposición y a prepararlo para recuperar el poder autonómico. Como recuerdan los perfiles de Demócrata, esa etapa de oposición (2005‑2009) fue una de las pocas fases en las que no formó parte de un gobierno, pero le sirvió para consolidar su control interno sobre la organización gallega.

En 2009 encabezó la candidatura del PPdeG a la Xunta y ganó las elecciones autonómicas, poniendo fin al gobierno bipartito PSdeG‑BNG. Fue investido presidente de la Xunta de Galicia y, desde entonces, encadenó cuatro mayorías absolutas consecutivas (2009, 2012, 2016 y 2020), gobernando Galicia durante trece años. Diversos análisis políticos subrayan que se convirtió en el dirigente autonómico más estable del PP, y ese éxito territorial fue uno de los argumentos que más pesaron a la hora de impulsarle a la política nacional.

Durante todo ese periodo (2009‑2022) compatibilizó la presidencia de la Xunta con la del PPdeG. Además, se fue integrando progresivamente en los órganos de dirección del PP nacional —Comité Ejecutivo y otros órganos—, aunque en 2018 renunció a competir en las primarias para suceder a Mariano Rajoy y optó por seguir en Galicia. Solo tras la crisis interna que forzó la salida de Pablo Casado, a comienzos de 2022, aceptó dar el salto definitivo a Madrid.

El XX Congreso Nacional Extraordinario del PP, celebrado el 2 de abril de 2022, le proclamó presidente nacional del partido con un apoyo cercano a la unanimidad, según recogieron medios como RTVE y otros perfiles de referencia. Para entonces, Feijóo llegaba a la cúpula del PP como un dirigente con experiencia en la alta administración autonómica, en el aparato estatal (Insalud y Correos) y como presidente autonómico de larga trayectoria, lo que explica en buena medida el peso político acumulado antes de liderar el Partido Popular a nivel estatal.