El conocido como “Made in Europe” es uno de los expedientes más sensibles de la actual legislatura comunitaria. No es para menos. Bruselas pretende establecer con él requisitos de origen y condiciones fijas para la inversión extranjera directa, con el objetivo de reindustrializar el continente y reforzar la capacidad productiva europea en sectores estratégicos.
Los debates no solo se están produciendo solo entre países o formaciones políticas, sino incluso dentro de las propias delegaciones nacionales de los grupos en el Parlamento Europeo, que ya han presentado sus enmiendas este miércoles. El partido de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el Partido Popular Europeo (EPP), mira con recelo “el intervencionismo de mercado rígido”, pero respalda el objetivo último de la legislación: fortalecer la industria europea y reducir dependencias exteriores.
Según los documentos a los que ha tenido acceso DEMÓCRATA, entre las filas populares existe un amplio consenso contra la fijación en la ley de un objetivo obligatorio para que la industria manufacturera represente el 20% del PIB de la Unión en diez años. Algunas delegaciones, como la CDU alemana, sostienen que establecer una cuota rígida sobre el PIB resulta arbitrario y contrario a “una política industrial basada en el mercado”. A su juicio, un porcentaje relativo puede disminuir simplemente porque otros sectores, como los servicios o la inteligencia artificial, crezcan a mayor velocidad, sin que ello implique necesariamente una pérdida de producción industrial real o una reducción de la capacidad manufacturera europea.
En cambio, el Partido Popular Europeo propondrá durante las negociaciones que ahora se abren en la Eurocámara reubicar la referencia del 20% en un considerando no vinculante, de manera que el objetivo pueda mantenerse como referencia política sin convertirse en una obligación cuantitativa para los Estados miembros. Las fuentes consultadas explican que el éxito de la estrategia debería evaluarse mediante un cuadro de mando de competitividad, capaz de ofrecer una fotografía más amplia de la evolución de la industria europea.
Este mecanismo tendrá que medir, entre otros elementos, la inversión productiva, la productividad, los costes energéticos, la reducción de los plazos para la obtención de licencias y la brecha de costes respecto a los competidores globales.
La delegación española del Partido Popular introduce, no obstante, un matiz. Génova sí respalda el objetivo del 20% como una señal política “clara” para revertir “la desindustrialización”, aunque insiste en que esta referencia no debe traducirse en cuotas nacionales o sectoriales obligatorias. El planteamiento español busca preservar el objetivo político de reforzar el peso industrial europeo, pero evitando que la norma termine convirtiendo un indicador macroeconómico en una obligación regulatoria de difícil aplicación para los Estados miembros.
Compra pública: reciprocidad antes que acceso automático
Una de las principales diferencias dentro de la bancada popular se encuentra en los requisitos aplicables a la contratación pública. El EPP respalda los incentivos a la compra de productos europeos siempre que intervengan fondos públicos comunitarios o nacionales, pero rechaza que estas reglas interfieran de manera generalizada en las decisiones comerciales o de inversión primaria de las empresas.
La cuestión central pasa entonces por determinar qué países pueden beneficiarse de un trato equivalente al de los productores europeos. Las delegaciones belga y alemana consideran que el punto de partida debería incluir a los Veintisiete, el Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y Reino Unido, además de aquellos países firmantes del Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA) de la Organización Mundial del Comercio o de Tratados de Libre Comercio que incorporen cláusulas de reciprocidad efectivas.
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Los eurodiputados populares españoles defienden, sin embargo, un enfoque más restrictivo respecto a determinados terceros países. Su posición es que el trato equivalente no debe concederse automáticamente a países como Marruecos, ya que podría existir el riesgo de desviar inversión y empleo fuera de la Unión.
Madrid plantea así que la condición de “socio de confianza” sea otorgada caso por caso y sector por sector, y que quede supeditada a una reciprocidad real y demostrable. El objetivo es evitar que la apertura del mercado europeo termine produciendo un efecto contrario al perseguido por la legislación: favorecer la producción industrial fuera de la Unión en lugar de consolidarla dentro del mercado único. Rechaza, en este sentido, que puedan acogerse automáticamente a esta denominación productos fabricados en terceros países con acuerdos comerciales con la Unión, al considerar que “ello perjudicaría a la industria europea y generaría confusión”. Eso sí, la delegación española defiende que determinados productos puedan obtener el reconocimiento tras una evaluación previa. “Un acuerdo comercial no basta para equiparar un producto a la producción europea: debe haber reciprocidad efectiva y garantías para nuestra industria”, defiende el ponente y eurodiputado popular Raúl de la Hoz tras el registro de las enmiendas.
Inversión extranjera: el umbral de los 100 millones
En materia de inversión extranjera directa, el Partido Popular Europeo respalda que la ley se aplique a aquellas inversiones superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos como las baterías, los vehículos eléctricos o las materias primas críticas, especialmente cuando un único proveedor de un tercer país controle más del 40% de la capacidad mundial. El objetivo es concentrar las obligaciones y mecanismos de control en aquellas operaciones que puedan tener una incidencia significativa sobre la autonomía industrial y estratégica de la Unión, evitando extender el régimen de manera indiscriminada a cualquier proyecto de inversión extranjera.
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Los populares aceptan como regla general, además, establecer un requisito del 50% de trabajadores procedentes de la UE para evitar que las nuevas plantas industriales financiadas o impulsadas en territorio europeo sean operadas enteramente con mano de obra importada. La delegación neerlandesa plantea, no obstante, introducir una excepción relevante: excluir al personal dedicado a investigación y desarrollo del cómputo, debido a la escasez de investigadores e ingenieros cualificados en Europa. La discusión refleja así una de las tensiones centrales del expediente: garantizar un componente europeo suficiente en los proyectos industriales sin generar condiciones que puedan dificultar la llegada de inversiones intensivas en conocimiento y tecnología.
España propone, por su parte, elevar la cuota de empleo europeo al 66% cuando el proyecto reciba apoyo o subvención pública. Génova también respalda que la existencia de una mayoría europea en la estructura de propiedad pueda convertirse en una condición obligatoria y no negociable en determinados proyectos.
Procedimientos digitales y plazos para acelerar la industria
En los distintos equipos negociadores de la bancada azul existe también un consenso para establecer procedimientos digitales centralizados y plazos estrictos de resolución para los proyectos de descarbonización industrial. La cuestión vuelve a generar diferencias sobre el alcance de los mecanismos de aceleración. Berlín rechaza el principio de silencio administrativo positivo para la decisión final, mientras que otras delegaciones, como la española, solicitan que este pueda aplicarse a determinados pasos intermedios del procedimiento.
El objetivo es reducir los tiempos administrativos que actualmente pueden retrasar la ejecución de proyectos industriales estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la transición energética y la descarbonización. España, junto con Italia y Bélgica, reclama además extender la aceleración no solo a las plantas de nueva construcción, sino también a la modernización y conversión de instalaciones existentes. El planteamiento incluye asimismo las fases previas de preparación de los proyectos y determinados trámites vinculados a los recursos judiciales.
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Otra de las medidas que incorpora la ley es la creación de áreas de aceleración industrial, destinadas a facilitar la implantación y expansión de determinados proyectos considerados estratégicos. Los populares son partidarios de que esta medida sea opcional para los Estados miembros y no una obligación sometida a plazos rígidos. El argumento de las distintas delegaciones nacionales es que las estructuras industriales, administrativas y territoriales difieren sustancialmente entre los Estados miembros, por lo que una obligación uniforme podría generar más rigidez que eficiencia.
Los de Feijóo, por su parte, insisten durante las conversaciones en que las autoridades regionales deben desempeñar un papel decisivo en la identificación y gestión de estas áreas, dado que buena parte de las competencias relacionadas con la planificación industrial, el territorio y la autorización de instalaciones se encuentran descentralizadas.
Las enmiendas presentadas este miércoles abrenuna negociación que irá mucho más allá de la discusión sobre el porcentaje de industria que debe representar la economía europea. El núcleo del debate se sitúa ahora en cómo convertir el objetivo político de reindustrialización en reglas concretas sobre inversión, contratación pública, empleo, propiedad, autorizaciones y reciprocidad comercial, sin que el nuevo marco termine introduciendo una rigidez que pueda lastrar precisamente la competitividad que pretende reforzar.