Una de las prioridades de la Unión Europea para los próximos años es redoblar sus esfuerzos por desarrollar capacidades propias en Inteligencia Artificial (IA). Con este propósito, la responsable digital del Ejecutivo comunitario, Henna Virkkunen, presentó un paquete legislativo que incluye la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA, por sus siglas en inglés). El objetivo es triplicar la capacidad de los centros de datos europeos durante los próximos cinco años para dar respuesta al crecimiento de esta tecnología.
Uno de los principales elementos de la futura legislación es el establecimiento de un marco de cuatro niveles. La propuesta introduce así un sistema europeo único para medir la "soberanía" de los servicios de nube e IA, especialmente en el ámbito del sector público. Para ello, se definen distintos grados de soberanía atendiendo a criterios como la ubicación de las infraestructuras, el control de la cadena de suministro de software, la ciberseguridad y la exposición a legislaciones de terceros países.
La industria española defiende una soberanía tecnológica abierta
En su tramitación institucional, la industria española ha encontrado un aliado en el Parlamento Europeo. El eurodiputado Diego Solier, encargado de la ponencia, se encuentra actualmente en las fases iniciales de la negociación, un momento en el que las distintas partes interesadas están trasladando sus propuestas para influir en la configuración del futuro marco regulatorio.
En este contexto, la asociación representante de la industria digital española, AMETIC, plantea un modelo que ha definido como de "soberanía tecnológica abierta". En la práctica, esto supone que la soberanía no debe medirse por el origen geográfico o la nacionalidad corporativa del proveedor, sino por la capacidad efectiva y verificable de control, resiliencia y gobernanza de los datos y las infraestructuras.
Más concretamente, la asociación solicita a la Comisión Europea que la dependencia tecnológica no se presuma exclusivamente por el origen geográfico del proveedor, sino que se evalúe en función de la capacidad del cliente para controlar sus datos, migrar cargas de trabajo y recurrir a soluciones alternativas. Según los datos que maneja la organización, restringir indirectamente el acceso a tecnologías avanzadas podría reducir la oportunidad de crecimiento de la IA en Europa de prácticamente 1,2 billones de euros a 400.000 millones.
Además, en su documento de alegaciones, AMETIC plantea la necesidad de realizar una evaluación cuantificada previa que contemple el coste financiero para los presupuestos públicos, el impacto sobre la innovación de las pymes, los compromisos comerciales internacionales y la compatibilidad de las nuevas exigencias con el objetivo comunitario de atraer 200.000 millones de euros en inversión privada.
Agilizar los permisos y ampliar las infraestructuras beneficiarias
Aunque la industria valora positivamente que Bruselas esté planteando una agilización de las licencias y los permisos, considera necesario establecer "plazos de autorización claros", acompañados de ventanillas únicas que permitan evitar retrasos burocráticos en la ejecución de los proyectos.
Esta reivindicación viene acompañada de otra petición: que las medidas de apoyo previstas en la futura legislación no se limiten exclusivamente a las Zonas de Aceleración. La asociación reclama que también se reconozcan otras modalidades de infraestructura, como el edge computing, los microcentros de datos y las instalaciones on-premise dedicadas a un único cliente. El objetivo es evitar que el diseño de los incentivos termine concentrando los beneficios regulatorios en un único modelo de despliegue, dejando fuera otras soluciones que también contribuyen al desarrollo de la capacidad de computación europea.
Noticia destacada
El supervisor de datos de la UE exigió más garantías para usar información sensible en el entrenamiento de IA
4 minutos
Una de las principales líneas rojas de AMETIC es la eliminación de la potestad de la Comisión Europea para extender las obligaciones de soberanía a industrias privadas reguladas mediante actos delegados. Como alternativa, plantea que cualquier ampliación de este tipo quede sometida estrictamente al procedimiento legislativo ordinario, con consulta pública previa. Del mismo modo, la organización propone que la selección prescriptiva de un proveedor perteneciente a un determinado nivel de garantía de soberanía (UAL) se contemple únicamente como último recurso.
Esto permitiría que los clientes públicos pudieran recurrir a medidas de mitigación alternativas o complementarias, como estrategias multicloud, sistemas de cifrado con claves controladas por el propio cliente o garantías adicionales de seguridad y gobernanza. En el fondo, lo que plantea la industria española es evitar que el futuro reglamento convierta los requisitos de soberanía en una restricción automática de acceso al mercado para determinados operadores tecnológicos.
En esta línea, AMETIC propone incluir por defecto a socios comerciales estratégicos, como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, en el nivel UAL-3, al amparo de los correspondientes acuerdos internacionales de contratación pública y libre comercio (GPA/FTA). La propuesta se articula mediante un modelo de exclusión optativa (opt-out), con el que se pretende evitar la aparición de barreras comerciales recíprocas.
Una clasificación proporcional a la sensibilidad de los datos
El modelo trasladado por la asociación desarrolla también una serie de criterios específicos para modular las exigencias regulatorias.
En concreto, distingue tres escalones iniciales:
-
Nivel cero: libre de restricciones para los datos públicos o no sensibles.
-
Primer nivel: la residencia de los datos podría cumplirse garantizando una copia plenamente disponible en territorio de la Unión Europea, permitiendo el procesamiento transitorio para evitar bloquear las migraciones.
-
Segundo nivel: se exigiría igualdad de requisitos a los proveedores europeos y no europeos en lo relativo a la mitigación de riesgos derivados de jurisdicciones extranjeras.
AMETIC advierte de que restringir el acceso a los niveles más altos en función de la nacionalidad corporativa del proveedor podría privar al sector público europeo de algunas de las herramientas más avanzadas de IA de frontera y ciberseguridad. Por ello, propone elaborar guías explícitas para evitar el denominado efecto de "marca máxima", de manera que un sistema no quede clasificado íntegramente en los niveles UAL-3 o UAL-4 por el mero hecho de contener una fracción de datos sensibles.
La asociación defiende, en consecuencia, una aplicación proporcional de los requisitos de soberanía, ajustada a la naturaleza de los datos y a los riesgos efectivos de cada servicio, en lugar de imponer obligaciones homogéneas sobre la totalidad de una infraestructura.
La dependencia del código abierto y los cuellos de botella de la computación
Otro de los aspectos sobre los que inciden las fuentes consultadas es la dificultad de exigir una cadena de suministro de software íntegramente europea. Según sostienen, una cadena de software 100% europea resulta inviable en la nube moderna debido a la dependencia global del código abierto.
Esta realidad, argumentan, debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar los criterios de soberanía tecnológica, evitando introducir requisitos que puedan resultar incompatibles con el funcionamiento actual del ecosistema digital.
Noticia destacada
Bruselas vincula el crecimiento de los centros de datos a su impacto sobre la red eléctrica
6 minutos
Por último, AMETIC alerta de que alcanzar el objetivo de triplicar la capacidad de computación de la Unión Europea exigirá resolver los actuales cuellos de botella que condicionan el despliegue de nuevas infraestructuras. Entre las medidas específicas trasladadas a Bruselas figura la introducción de un criterio de priorización basado en la madurez técnica, administrativa y de ejecución de cada proyecto. La finalidad es acelerar el acceso a los procedimientos y recursos necesarios para aquellas iniciativas que ya estén preparadas para comenzar su construcción.
De esta forma, la industria española busca que la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA combine el refuerzo de la autonomía tecnológica europea con un marco regulatorio abierto, proporcional y capaz de movilizar las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de computación del bloque.
DigitalES pide equilibrar la soberanía tecnológica con la apertura del mercado
En una línea similar, DigitalES también ha trasladado su respaldo a los objetivos del Reglamento CADA, al que considera un instrumento clave para reforzar la soberanía tecnológica europea y avanzar hacia un ecosistema de nube e Inteligencia Artificial competitivo, resiliente y alineado con los intereses estratégicos de la Unión Europea.
No obstante, la asociación advierte de que el desarrollo de estas tecnologías en Europa está condicionado por el equilibrio entre la autonomía tecnológica y la apertura del mercado a soluciones procedentes de terceros países. Una relación que, a su juicio, deberá gestionar cuidadosamente el futuro reglamento para evitar efectos contraproducentes sobre la competitividad del sector.
En el plano estrictamente regulatorio, DigitalES reclama que la nueva legislación se integre de forma coherente con los marcos comunitarios ya existentes, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA) y la Directiva NIS2. El objetivo es evitar duplicidades y solapamientos normativos que puedan introducir nuevas cargas de cumplimiento, tanto para las entidades que contratan servicios de nube e IA como para los propios proveedores.
Asimismo, la organización considera necesario que el texto definitivo reduzca al máximo el margen de interpretación de sus disposiciones, con el fin de minimizar las diferencias en su aplicación y evitar que las nuevas obligaciones terminen traduciéndose en ejercicios de cumplimiento meramente instrumentales.
En este sentido, DigitalES defiende que el éxito de CADA no debe medirse exclusivamente por el número de servicios certificados o por la capacidad de computación instalada en territorio europeo. La asociación reclama una evaluación más amplia, que tenga en cuenta la capacidad efectiva del reglamento para favorecer la consolidación de un ecosistema tecnológico competitivo, innovador y económicamente viable.
Un modelo que, según sostiene, debe permitir a Europa desarrollar tecnología propia, mantener una colaboración equilibrada con sus socios internacionales y preservar su autonomía estratégica a largo plazo.