Nada estaba elegido al azar. “La Casa de la República”. El enclave en el que el expresidente de la Generalitat ha decidido romper su silencio tras la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía. Entre libros sobre la historia de Cataluña y estanterías con CD's de grupos como la banda Buhos, Carles Puigdemont ha mantenido abiertas las incógnitas sobre cuándo se producirá su regreso a España, una vez levantada la euroorden por el juez Pablo Llarena.
Tras una legislatura marcada por su capacidad de decidir e inclinar hacia un lado en cada una de las votaciones en el Congreso de los Diputados, el día después de la disolución de las Cortes el Constitucional confirmaba la aplicación de la medida de gracia a los delitos de malversación. Una de las cuentas pendientes todavía de Puigdemont, a quien no se le había aplicado plenamente la ley que él mismo pactó a cambio de la investidura del presidente Pedro Sánchez.
Un paso que, a su juicio, “derrota la estrategia de diversos poderes españoles”, pero que en ningún caso es “la solución” al “conflicto entre Cataluña y España”.
La fecha del regreso, todavía sin despejar
¿Cuándo regresará? Es la pregunta que todavía, y a conciencia, no ha querido despejar el líder de Junts. En su equipo explican que, para determinar la fecha exacta, esperarán a conocer por escrito la resolución. El Constitucional todavía tiene que publicar la sentencia de este martes en el Boletín Oficial del Estado.
Será entonces cuando el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, confirme si se ratifica en su decisión de hoy de levantar la euroorden de detención contra Puigdemont. El último paso será que la sentencia llegue a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal para que se aplique definitivamente la Ley de Amnistía al líder independentista. Hasta que todo eso no suceda, no se harán públicos sus planes. El expresidente catalán mantiene así deliberadamente abierta una cuestión que, por el momento, no parece querer convertir en un anuncio político concreto. La decisión sobre el momento de su vuelta queda vinculada al cumplimiento de todos los trámites judiciales pendientes.
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Sin embargo, de su declaración institucional, sin preguntas de la prensa, se extraen algunas pistas sobre los planes del catalán. Puigdemont ha recordado que la decisión de huir de la justicia española tuvo un “sentido político” por defender “las instituciones y la legitimidad de sus decisiones”. “Decidimos ir al exilio para hacer política y no hemos parado hasta asegurarnos de que la vuelta tenga un sentido político también”, ha sentenciado ante una treintena de periodistas.
“Volveremos” y no “al servicio de nuestro partido”
Puigdemont defiende que no fue “al exilio a defender los partidos políticos de cada uno”, sino a defender las instituciones de Cataluña. De fondo, lo que plantea es que estos nueve años en Bélgica han servido para algo que va más allá de las siglas partidistas y que engloba a “el pueblo que vio amenazados gravemente sus derechos por el 155”.
La segunda pista está también en las tres páginas que ocupa la declaración leída este martes: “Volveremos de la misma manera, no al servicio de nuestro partido sino al servicio de nuestro país”. “No al servicio de nuestro partido”. Las palabras literales elegidas por Puigdemont esconden un sentido específico en el contexto actual, tras el adelanto electoral. La vuelta del expresidente no debería ser entendida como un acto partidista en medio de una campaña electoral, menos aún en clave española. "Creo que el presidente tiene muy claro que no debe confundir tomar la temperatura a los territorios con hacerlo en plena campaña electoral; eso sería un error", ha añadido su abogado Gonzalo Boye en una entrevista con 3cat este mismo martes.

El escenario aleja de esta forma un regreso inminente del líder separatista, como algunos preveían tanto en Barcelona como en Madrid. Puigdemont no ha puesto fecha a su regreso ni ha utilizado la decisión del Constitucional para anunciar un movimiento inmediato. Al contrario, sus palabras apuntan a una vuelta vinculada a un sentido político más amplio. La de su regreso no es la única cuestión que el líder de Junts ha dejado abierta. También la del “conflicto entre Cataluña y España”, asegurando que la sentencia “no soluciona nada”.
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— demócrata (@democrata_info) October 6, 2026
En su ideario, la ley que el Partido Socialista aceptó aprobar a cambio de los votos independentistas para la investidura del presidente “forma parte de la fórmula para la resolución, pero no es en sí misma la solución”. “Intentar la muerte civil de los líderes independentistas es propio de regímenes autoritarios”, ha recriminado.
Puigdemont sostiene que sus posiciones sobre “el carácter irrenunciable del derecho de autodeterminación” se mantienen intactas, así como “las acciones unilaterales de carácter democrático cuando se hayan agotado todas las vías”. La sentencia del Constitucional, por tanto, no modifica el planteamiento de fondo del expresidente catalán. La aplicación de la amnistía supone, en su lectura, un avance respecto a la situación judicial que le ha acompañado durante estos nueve años, pero no supone el cierre del conflicto político que Junts continúa situando en el centro de su discurso.
Dos referencias a Sánchez
En las palabras del también exalcalde de Girona ha habido dos referencias al presidente del Gobierno. Una explícita. Otra implícita. Puigdemont incluye a Pedro Sánchez entre aquellos que han fracasado en su intento de “hacerles comparecer delante de los tribunales españoles”. “Sánchez se comprometió públicamente”, no olvida el dirigente en referencia a unas declaraciones del socialista durante la campaña electoral de 2019.
Por su parte, Sánchez encajó este miércoles la sentencia como un “mensaje de convivencia a los catalanes”. Algo a lo que el independentista también ha querido responder. “Pretender que vivimos en normalidad y concordia es mentir e insultar el sufrimiento de muchas personas”, expresó, mientras reconocía el desgaste “personal, familiar, social y político” que han tenido los años en el extranjero.
La distancia entre ambas lecturas vuelve a quedar así patente. Mientras el Gobierno interpreta la aplicación de la amnistía como un elemento de normalización y convivencia, Puigdemont la sitúa dentro de un proceso todavía abierto y niega que pueda identificarse con la resolución definitiva del conflicto político.

También ha habido palabras para la derecha española. Después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresara horas antes de la declaración en Waterloo que la amnistía era un “engaño de Sánchez”, el expresidente autonómico se ha dirigido a José María Aznar. “Hasta aquí ha llegado la orden de Aznar para poner palos en las ruedas. El que pueda hacer que haga, ya no da para más”, ha celebrado.
Del mismo modo, considera que la noticia de este martes “derrota la estrategia de los poderes públicos que han impedido la aplicación de la ley por razones políticas”. La declaración de Waterloo deja así varias cuestiones abiertas. La primera, la fecha exacta del regreso de Puigdemont a España, todavía condicionada por los pasos judiciales que deben producirse después de la sentencia del Constitucional. La segunda, el papel que el expresidente pretende desempeñar una vez que la amnistía quede definitivamente aplicada.
Y la tercera, la cuestión política que el propio Puigdemont se ha encargado de subrayar: la amnistía puede cerrar una parte del frente judicial, pero no, a su juicio, el conflicto entre Cataluña y España. Nueve años después de su salida de España, el expresidente catalán mantiene así intacta una de las principales incógnitas de su trayectoria política. La puerta judicial comienza a abrirse, pero Puigdemont todavía no ha decidido cuándo cruzará la puerta física de regreso.