España llega al final de una etapa que comenzó en plena pandemia. Este lunes 31 de agosto expira el plazo europeo para completar los hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la principal herramienta de NextGenerationEU. A partir de ahora comienza la fase final de comprobación: el Gobierno deberá demostrar a Bruselas que las reformas e inversiones comprometidas se han ejecutado en los términos acordados.
Conviene hacer una precisión. No desaparecen de golpe todos los fondos europeos el 1 de septiembre. Lo que termina ahora es el plazo para alcanzar los hitos y objetivos del MRR. Los Estados pueden presentar sus últimas solicitudes de pago hasta finales de septiembre y la Comisión Europea dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para efectuar los desembolsos finales.
102.000 millones entre subvenciones y préstamos
Después de varias revisiones, el plan español alcanza actualmente unos 102.000 millones de euros: alrededor de 79.000 millones en transferencias no reembolsables y 23.000 millones en préstamos. España había llegado a tener disponible un volumen de créditos mucho mayor, pero el Gobierno decidió reducir su utilización al considerar que la mejora de las condiciones de financiación en los mercados hacía menos atractiva parte de la deuda ofrecida por Bruselas.
Hasta el último desembolso efectuado el 11 de agosto, España había recibido aproximadamente 78.000 millones de euros, equivalentes al 76,5% de los recursos incluidos en el plan actual. La Comisión señalaba entonces que se había cumplido alrededor del 60% del conjunto de hitos y objetivos, aunque todavía permanecían actuaciones pendientes de evaluación dentro de las últimas solicitudes de pago.
Las cifras de Bruselas no deben confundirse con el dinero que ya ha llegado al beneficiario final. Son fases distintas: la Comisión desembolsa a España cuando valida hitos y objetivos, mientras las administraciones españolas convocan después ayudas, adjudican contratos y transfieren recursos a empresas, hogares y organismos públicos. El Gobierno cifraba a cierre de junio en cerca de 70.400 millones los recursos ya asignados a casi 1,5 millones de beneficiarios privados y hogares.
De Kit Digital al coche eléctrico: dónde se ha gastado
El Plan de Recuperación se diseñó alrededor de la transformación ecológica y digital, pero acabó extendiéndose a prácticamente todos los grandes ámbitos de política económica. La versión actual comprende 145 líneas de inversión y 99 reformas y destina aproximadamente un 37% a objetivos climáticos y un 22% a digitalización, según la Comisión Europea.
Uno de los programas más reconocibles ha sido el Kit Digital, destinado a autónomos y pequeñas empresas. Hasta febrero había concedido unas 858.000 ayudas, de las que 755.000 ya estaban ejecutadas, con 3.067 millones de euros comprometidos.
Otro gran bloque ha sido la movilidad eléctrica. Los distintos programas MOVES han movilizado más de 3.000 millones y han contribuido, según el balance oficial, a financiar al menos 204.915 vehículos eléctricos y 160.095 puntos de recarga, además de proyectos innovadores vinculados a la movilidad.
A esto se suman los 12 PERTE, los grandes proyectos estratégicos con los que el Gobierno ha intentado movilizar inversión pública y privada en sectores considerados prioritarios. Entre ellos figuran el vehículo eléctrico, los semiconductores, las energías renovables y el hidrógeno, la salud, la industria naval, el sector agroalimentario, la economía circular, el agua o la descarbonización industrial. El último informe de ejecución disponible recogía más de 25.600 millones de euros convocados a través de los PERTE y 19.100 millones ya resueltos.
También reformas laborales, pensiones, vivienda y Administración
NextGenerationEU no consistía únicamente en gastar dinero. A diferencia de los fondos estructurales tradicionales, el MRR funciona mediante un sistema de pago por resultados: Bruselas libera cada tramo cuando considera cumplidas determinadas reformas e inversiones.
Eso explica que el plan español haya estado ligado a cambios normativos en materias como mercado laboral, pensiones, fiscalidad, educación, formación profesional, justicia, vivienda o Administración pública, junto con inversiones en ferrocarril, energías renovables, rehabilitación energética, digitalización o sanidad. La sexta solicitud de pago, por ejemplo, incluía actuaciones sobre vivienda, movilidad sostenible, digitalización ferroviaria, sistema sanitario y proyectos estratégicos industriales.
La Comisión Europea considera que el plan representa un volumen de inversión equivalente aproximadamente al 6,1% del PIB español y destaca su papel en las transiciones verde y digital y en reformas estructurales pendientes desde antes de la pandemia.
Qué queda pendiente después del 31 de agosto
El calendario no termina mañana. Una vez cerrado el plazo de ejecución, España tendrá que presentar a Bruselas la documentación que acredite el cumplimiento de los últimos objetivos y remitir la solicitud final de pago antes de que termine septiembre. La Comisión analizará posteriormente las pruebas y podrá aprobar los desembolsos, suspender parcialmente cantidades o reducirlas si considera que algún compromiso no se ha cumplido correctamente.
De hecho, durante los pagos anteriores ya se han producido suspensiones parciales. En agosto, Bruselas desbloqueó 265 millones de euros que habían quedado retenidos en la quinta solicitud, después de considerar cumplidos compromisos relativos a la digitalización de administraciones regionales y locales y a una actuación tributaria. Al mismo tiempo, seguía estudiando otros objetivos de la sexta petición.
Para facilitar este cierre, el Gobierno aprobó en julio una última adenda que modifica la redacción de 121 hitos y objetivos y 101 medidas, fundamentalmente para precisar los mecanismos con los que deberán verificarse. Entre los asuntos afectados se encuentran la FP bilingüe, los servicios de teleasistencia y programas destinados a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas.
Y después de Next Generation, ¿qué?
El final del MRR deja una cuestión más amplia: cómo mantener el ritmo inversor cuando desaparezca una fuente extraordinaria de financiación que ha acompañado a España desde 2021. El Gobierno pretende que algunos instrumentos creados durante estos años continúen funcionando con los recursos ya comprometidos y ha señalado al Fondo España Crece como una de las herramientas llamadas a prolongar inversiones más allá de 2026.
España seguirá recibiendo además dinero europeo por otras vías. Los fondos de cohesión, la Política Agraria Común, Horizonte Europa, el Mecanismo Conectar Europa y otros programas comunitarios no terminan con NextGenerationEU. Lo excepcional que se cierra es el gran programa creado tras la pandemia y financiado mediante deuda común europea.
El balance definitivo tampoco podrá hacerse este 31 de agosto. Una cosa es haber convocado, adjudicado o comprometido miles de millones y otra medir cuánto han aumentado de forma permanente la productividad, la inversión privada o el crecimiento potencial. Parte de los proyectos continuará desplegando efectos durante años.
Por eso, el final de NextGenerationEU es menos un apagón que un examen final. España deja atrás el plazo para ejecutar las actuaciones, tiene que demostrar ahora que ha cumplido lo pactado y aspira a cobrar durante los próximos meses los recursos que todavía quedan pendientes. Después llegará la pregunta más importante: cuánto de la transformación financiada con este dinero extraordinario permanecerá cuando ya no exista el impulso de los fondos de recuperación.