La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia ha dado este martes el visto bueno, con ciertas modificaciones, al Proyecto de Norma Foral que regula la implantación de nuevas tasas por autorizaciones de obras e instalaciones en la red foral de carreteras y en las vías ciclistas del territorio.
Tal y como ha señalado la Cámara vizcaína, el dictamen, que deberá elevarse al pleno para su aprobación definitiva, ha prosperado con el apoyo de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos y la abstención de los grupos de la oposición. El texto incorpora tres cambios fruto de un acuerdo entre los partidos que sostienen al Gobierno foral y el grupo Popular Vizcaíno.
El pacto entre PNV, PSE y PP se ha concretado mediante dos enmiendas transaccionales y la aceptación de una enmienda particular de los populares, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y suprimir trámites o cobros considerados innecesarios.
Con la primera de las transaccionales aprobadas, se eliminan los apartados 2 y 3 del artículo 5 del texto inicial. Los grupos coincidieron en que esta modificación despeja “posibles dudas interpretativas” sobre la determinación de quién debe asumir el pago y el régimen de responsabilidades en caso de existir varios beneficiarios.
La segunda enmienda transaccional acordada elimina el apartado 2 del artículo 7, al entender que los solicitantes no deben estar obligados a satisfacer la tasa antes de obtener la autorización administrativa correspondiente.
Además, PNV y PSE han apoyado una enmienda del Partido Popular (la 1873) para suprimir la tarifa 12 del anexo de la norma. Dado que las autorizaciones de transporte especial son competencia del Gobierno Vasco y la Diputación se limita a emitir informes técnicos que no generan tasa, se ha concluido que mantener este concepto resultaba confuso y carente de utilidad.
El proyecto normativo, que deberá ser ratificado en el pleno para poder entrar en vigor, actualiza un marco tributario vigente desde 1990, que contemplaba 12 tipos de tarifas y dificultaba la fijación de tasas específicas para numerosas actuaciones.
Con la nueva redacción, la clasificación pasa a recoger 19 grupos de actuaciones, tras suprimirse uno en la sesión de este martes, e incorpora de forma expresa las zonas de protección de las vías ciclistas, ausentes en la normativa anterior.
Las nuevas cuotas se han establecido en función de la naturaleza de la actuación, la proximidad a la infraestructura y la relevancia por volumen o coste, parámetros que influyen directamente en el tiempo necesario para la tramitación administrativa.