Las autoridades de Brasil han solicitado la actuación de la Policía Federal (PF) y de la Fiscalía General (PGR, por sus siglas en portugués) para esclarecer una presunta financiación procedente de Estados Unidos destinada a influir en las elecciones brasileñas y a desacreditar al Supremo Tribunal Federal (STF), tras nuevas acusaciones de presiones y ataques del Gobierno de Donald Trump contra Brasília.
La Abogacía General de la Unión (AGU), organismo que ejerce la representación jurídica del Ejecutivo brasileño, ha comunicado que ha pedido formalmente la intervención de la PF y la PGR a raíz de la información “especialmente grave” difundida por el diario británico ‘The Guardian’, que apunta a que la Administración Trump busca redirigir recursos de Derechos Humanos del Departamento de Estado hacia iniciativas en varios países, entre ellas una campaña contra el STF.
“De comprobarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques organizados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del Sistema de Justicia brasileño, mediante la instrumentalización de fondos internacionales desviados de su propósito original de proteger los Derechos Humanos, podría revelar una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño”, ha alertado la AGU en un comunicado recogido por la agencia Brasil.
En este contexto, la Abogacía del Estado ha remarcado que, aunque la legislación brasileña garantiza la libertad de expresión y el derecho a la crítica, también establece límites frente a la intromisión de actores extranjeros en la vida política del país.
“El propio orden constitucional brasileño se basa en los principios de soberanía, independencia y no intervención. Tales premisas se traducen, por ejemplo, en la prohibición de la financiación o subordinación de agrupaciones políticas por parte de entidades o gobiernos extranjeros”, ha agregado.
Horas antes, el abogado general del Estado, Jorge Messias, había advertido de que “no se puede admitir que intereses extranjeros pretendan interferir” en los asuntos internos de Brasil y consideró “igualmente preocupante” que determinados dirigentes nacionales busquen “respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones”, en referencia a las mismas revelaciones que han llevado a su departamento a reclamar la actuación de la Policía y la Fiscalía.
“Esta información es especialmente grave dado el proceso electoral brasileño y los recientes episodios de presión externa sobre nuestras instituciones”, ha denunciado Messias, que, subrayando que “las divergencias entre gobiernos son propias de las relaciones internacionales, lo que no se puede admitir es que intereses políticos extranjeros pretendan interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo brasileño”.
Asimismo, ha señalado que lo revelado “resulta igualmente preocupante cuando proyectos políticos nacionales buscan respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones de la propia República”, en una alusión velada a las campañas de la oposición bolsonarista para recabar el apoyo de la Administración Trump y propiciar medidas de Washington contra las instituciones del país, con Eduardo Bolsonaro —hermano del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro— como figura destacada.
“Ninguna disputa interna justifica subordinar los intereses nacionales a gobiernos, partidos o movimientos extranjeros”, ha incidido Messias, que ha considerado que esá “en juego” el derecho de “cada generación de brasileños a decidir libremente su destino, proteger sus instituciones y entregar a sus hijos un país que no acepte que las decisiones sobre Brasil se tomen fuera de Brasil”. “Nuestra democracia pertenece a los brasileños. Y así debe permanecer”, ha zanjado.
La filtración se conoce a poco más de un mes para las elecciones en Brasil, en un escenario en el que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ya había advertido a mediados de septiembre al Gobierno de un nivel “crítico” en la escalada de presiones de Estados Unidos e incluso de una posible injerencia de Washington.
El informe sobre “amenazas al proceso electoral de 2026” de ka ABIN alude a una potencial influencia e interferencia de Estados Unidos, una “tendencia de escalada de la presión sobre Brasil”. “La reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina es la prioridad del segundo Gobierno de Trump”, advierte, citando documentos estratégicos estadounidenses divulgados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Fondos para ‘víctimas del comunismo’ y contra el Supremo de Brasil
Según la información difundida por ‘The Guardian’, la Administración Trump pretende desviar más de 177 millones de dólares (cerca de 157 millones de euros) del principal fondo de Derechos Humanos del Departamento de Estado hacia una batería de subvenciones que contemplan una ayuda de 40 millones de dólares (36 millones de euros) para un fondo anticomunista, apoyo a un grupo que defiende los derechos de los afrikáners blancos en Sudáfrica, una campaña contra el Tribunal Supremo de Brasil y programas dirigidos a recompensar a aliados ideológicos en Europa que preserven las “normas de la civilización occidental”.
El Departamento de Estado habría distribuido este miércoles los recursos entre los beneficiarios horas antes de que expirara el plazo, pese a las objeciones y peticiones del Congreso para frenar la operación, según una fuente conocedora de las negociaciones citada por el rotativo británico.
Entre estas partidas figuran 43 subvenciones que se acercan a los 177 millones de dólares y que reforzarán causas conservadoras y de derechas a escala global, constituyendo la mayor parte de los 205 millones de dólares (182 millones de euros) aprobados por el Congreso para el Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso ‘The Guardian’.
La dotación más elevada, de 40 millones de dólares, se asigna a un consorcio encabezado por la Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), una entidad sin ánimo de lucro de perfil anticomunista que ya había recibido recursos públicos con anterioridad, aunque por importes sensiblemente inferiores.
Además, entre las ayudas se incluye un millón de dólares (889.000 euros) bajo el epígrafe “Contrarrestar el ‘lawfare’ y la censura en Brasil”, destinado a financiar a organizaciones de la sociedad civil brasileña críticas con lo que consideran extralimitación judicial y censura por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en línea con los argumentos esgrimidos por la Casa Blanca para justificar las sanciones impuestas en 2025 al magistrado Alexandre de Moraes tras las gestiones de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y en pleno proceso judicial dirigido por el propio De Moraes en el que el exmandatario y aliado de Trump fue condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.