La Comisión Europea ha calificado este viernes de “profundamente lamentable” la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha subrayado que la Unión Europea está dispuesta a tomar “todas las medidas necesarias” para que el tribunal pueda seguir llevando a cabo “su labor” de investigación y enjuiciamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“La Unión Europea ha sido una firme defensora del Tribunal Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”, ha señalado Bruselas en un comunicado, en el que ha reafirmado su respaldo a la independencia de esta corte con sede en La Haya.
En esta línea, el Ejecutivo comunitario ha indicado que trabajará “estrechamente” con el TPI para asegurar que continúe “funcionando de manera eficaz” y ha reiterado su voluntad de cooperar con los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para “preservar y respetar su independencia”, de forma que el tribunal pueda seguir cumpliendo su “misión fundamental”.
Al mismo tiempo, ha remarcado que las sanciones de Washington no se aplicarán hasta dentro de seis meses, por lo que considera que todavía “existe margen para el diálogo” con la Administración estadounidense antes de que las medidas se hagan efectivas.
El Ejecutivo europeo ha insistido además en que el bloque está listo para adoptar “todas las medidas necesarias” que permitan al TPI continuar investigando y juzgando crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como para proteger “los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”, es decir, evitar que las sanciones de Estados Unidos afecten a empresas, entidades y otros actores europeos con vínculos con el tribunal.
Las palabras de Bruselas se conocen pocos minutos después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra el propio TPI, en un nuevo capítulo de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el tribunal, al que acusa de ser un organismo “supranacional corrupto” y “politizado” que abusa de su autoridad.
En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incorporado al tribunal a la lista de objetivos de sus sanciones, si bien ha emitido cuatro licencias que permiten mantener ciertas operaciones esenciales durante los próximos seis meses, hasta el 7 de abril de 2027. Entre ellas se incluyen los pagos de los Estados parte, las nóminas del personal, los servicios médicos, los alquileres y otras transacciones imprescindibles para asegurar la continuidad de su actividad.
El anuncio de estas sanciones ha coincidido en el tiempo con la decisión del Comité Noruego del Nobel de conceder el premio Nobel de la Paz a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, un galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reclamado en días previos para sí mismo.
La nueva decisión se suma a las medidas punitivas adoptadas anteriormente por Washington contra varios jueces y fiscales del TPI, entre ellos su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto en respuesta a las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra atribuidos a Israel en la Franja de Gaza.