El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comunicado este jueves la adopción de sanciones contra una sociedad controlada por las Fuerzas Armadas de Cuba y su máxima responsable, así como contra una empresa dedicada a la extracción de níquel. Estas decisiones se inscriben en el endurecimiento del bloqueo y de las presiones impulsadas por la Administración Trump sobre la isla y sus dirigentes.
Las sanciones alcanzan al conglomerado castrense Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y a su directora, Ania Guillermina Lastres Morera, además de a la compañía minera Moa Nickel S.A. (MNSA), según ha detallado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que no ha ofrecido información adicional.
El Departamento de Estado ha especificado que GAESA es “una empresa paraguas controlada por el Ejército cubano (que) controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla”. En este sentido, ha subrayado que la entidad “está diseñada (...) únicamente en beneficio de las élites corruptas” del país y no en favor de la población, triplica el presupuesto estatal y administra 20.000 millones de dólares en activos ilícitos, atribuyendo a Lastres la responsabilidad sobre la gestión de estos fondos en el extranjero.
“Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica, gran parte de las ganancias de las actividades de GAESA se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero”, ha añadido el Departamento de Estado.
En cuanto a MNSA, se trata de una “empresa conjunta” entre la canadiense Sherritt International Corporation y la estatal cubana La Compañía del Níquel, que ha sido objeto de sanciones por haber “explotado los recursos naturales de Cuba en beneficio del régimen y a expensas del pueblo cubano”. “Obtiene beneficios de activos que el régimen cubano expropió originalmente a personas y empresas estadounidenses”, ha remarcado la Administración estadounidense.
El Departamento, encabezado por Marco Rubio, que ha adelantado la posibilidad de nuevas sanciones contra entidades vinculadas a La Habana “en los próximos días y semanas”, ha situado estas acciones dentro de la “campaña” de Washington para hacer frente a las “apremiantes amenazas a la seguridad nacional” que, según sostiene, representan las autoridades cubanas y para “exigir responsabilidades tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero”.