Ampliación | Reino Unido, Australia y Canadá censuran que Israel rechace investigar el ataque al convoy de WCK

Londres, Ottawa y Canberra tachan de vergonzosa la negativa de Israel a abrir causa penal por el ataque mortal al convoy humanitario de WCK en Gaza.

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Trabajadores palestinos preparan comidas en una cocina de WCK en Rafá, en la Franja de Gaza Abed Rahim Khatib/dpa

Trabajadores palestinos preparan comidas en una cocina de WCK en Rafá, en la Franja de Gaza Abed Rahim Khatib/dpa

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Las autoridades de Reino Unido, Canadá y Australia han manifestado este viernes que consideran “vergonzoso” que Israel se niegue a abrir una causa penal por el bombardeo de abril de 2024 contra el convoy humanitario de World Central Kitchen (WCK) en Gaza, en el que murieron siete cooperantes, entre ellos ciudadanos de estos tres países.

“En los más de dos años transcurridos desde entonces, hemos estado presionando para que Israel examine el caso de forma rápida y exhaustiva y exija responsabilidades a los culpables. El anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del 19 de agosto de 2026 de que no llevarían a cabo investigaciones penales sobre este ataque, sin dar más explicaciones, es vergonzoso”, han denunciado en un comunicado conjunto.

Los tres gobiernos han subrayado además que Israel hizo pública su negativa a investigar el ataque justo en la fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, “mientras el mundo rendía homenaje al valor y al sacrificio de los trabajadores humanitarios”, algo que han calificado de “fue especialmente atroz”.

“Esta decisión es insuficiente y llega demasiado tarde. Las víctimas de este incidente y sus familias merecen justicia y que se rindan cuentas, y seguiremos buscando respuestas en su nombre”, han añadido, lamentando que el ataque al convoy de WCK es “uno de los inmurables” episodios atribuidos al Ejército israelí en la Franja de Gaza por los que “no se ha exigido rendición de cuentas”.

Los tres países han recordado que el enclave palestino “sigue siendo el lugar más mortífero” para el personal humanitario, que “siguen arriesgando sus vidas” para asistir a la población civil. Solo el año pasado, 186 cooperantes fueron asesinados en la zona.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, ha condenado la decisión israelí y ha insistido en que “seguirá presionando para que se lleve ante la Justicia a los responsables” del ataque en el que perdió la vida el ciudadano canadiense Jacob Flickinger.

En un comunicado, Anand ha indicado que durante la operación se produjeron “graves fallos” en la ejecución del ataque contra el convoy de la ONG fundada por el chef español José Andrés. “Es necesario que haya justicia para los siete trabajadores muertos y sus familiares”, ha apuntado.

“Cerrar el caso sin mayor rendición de cuentas deja a sus familias sin las respuestas que han buscado durante más de dos años. Los trabajadores humanitarios que entregan alimentos y ayuda vital en zonas de conflicto deben ser protegidos”, ha recalcado, antes de remarcar que “Canadá espera que se respete el Derecho Internacional”.

Sus declaraciones se producen después de que la Fiscalía Militar israelí decidiera no abrir causa penal al concluir que lo ocurrido no constituye un delito perseguible por esta vía.

En su propia investigación interna, las fuerzas de seguridad reconocieron, no obstante, que se produjeron varios errores graves que llevaron a los soldados a pensar, de forma equivocada, que un miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba con el convoy. También alegaron que WCK no notificó al Ejército la presencia de personal de seguridad armado en la caravana y que esta se apartó de la ruta previamente acordada.

ISRAEL DEFIENDE QUE YA TOMÓ “MEDIDAS DISCIPLINARIAS”

El Gobierno israelí ha replicado este viernes que han sido las autoridades fiscales militares “independientes” las que han optado por no abrir una investigación penal, “basándose en estrictas consideraciones profesionales y jurídicas”.

Según ha explicado el Ministerio de Exteriores, la decisión “se fundamenta en el umbral legal requerido para iniciar una investigación penal, que se da cuando existe una sospecha razonable de conducta delictiva”.

El departamento ha sostenido igualmente que el Ministerio de Defensa ya adoptó “importantes medidas disciplinarias y de mando” tras una investigación que, ha recalcado, se puso en marcha “inmediatamente” después del ataque.

“Israel, profundamente comprometido con el Derecho Internacional, somete sus operaciones militares a un riguroso escrutinio jurídico, incluyendo normas que superan las aplicadas por muchas fuerzas armadas occidentales en conflictos recientes”, ha asegurado Exteriores en su respuesta.

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