El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha comunicado este miércoles que impulsará una reforma de la Constitución para abordar la seguridad ciudadana desde un “marco de acción mucho más amplio” y dotarse de instrumentos más “efectivos” frente al avance delictivo dentro del territorio nacional.
“Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”, ha subrayado el jefe del Estado en un mensaje dirigido a todo el país.
Según ha defendido, con este cambio los ciudadanos “van a recuperar su libertad”, mientras que “los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre”, destacando que “por primera vez, el Estado va a decidir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más sino una obligación”.
En esta línea, el dirigente ultraconservador ha explicado que ha dado instrucciones al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que “junto al Congreso” se logre sacar adelante “en el menor tiempo posible” un paquete de iniciativas que ha denominado Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
“Espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitan recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes”, ha señalado el mandatario, precisando que esta agenda incluirá más de 30 proyectos, varios de ellos ya en tramitación parlamentaria.
Kast ha cifrado en diez las organizaciones de crimen organizado transnacional que operan actualmente en Chile y ha detallado que una de las líneas de acción será la presencia policial “permanente” en los 50 barrios “más críticos” del país, “con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos”.
Asimismo, ha adelantado que se ampliará el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, con el objetivo de que las fuerzas policiales “tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables” de los delitos, junto con medidas como “la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile”.
“Vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la Justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente para que nadie entre a Chile por donde no corresponde”, ha afirmado.
Por otro lado, el presidente ha garantizado que ningún carabinero, policía, gendarme o miembro de las Fuerzas Armadas “que actúe en legítima defensa defendiendo su vida o la de un tercero” será considerado por la legislación “como si fuera un delincuente”.
En cuanto a las conductas sancionables, ha dejado claro que “una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle de manera ilegal, podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, para que transporte droga o para que vigile en una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley agravado y sin atenuantes”, ha concluido.