La Fiscalía serbia impulsa dos procesos penales contra el jefe de Inteligencia y el ministro de Justicia

La Fiscalía serbia abre dos procesos penales contra el jefe de Inteligencia y el ministro de Justicia por presuntos delitos electorales y abuso de poder.

Un hombre ondea la bandera nacional de Serbia cerca del edificio de la Asamblea Nacional, en Belgrado. Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

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La Fiscalía Pública contra el Crimen Organizado de Serbia (TOK, por sus siglas en serbio) ha comunicado la puesta en marcha de dos procedimientos penales a raíz de las denuncias presentadas por el abogado Ivan Ninic contra varios altos cargos del Gobierno. Entre los señalados figuran el director de la Agencia de Información y Seguridad (BIA), Vladimir Orlic, y el ministro de Justicia, Nenad Vujic, a quienes se atribuyen presuntos delitos vinculados a la vulneración de derechos electorales y al abuso de poder.

El órgano judicial ha precisado en una nota, emitida en cumplimiento de las directrices de la Fiscalía Suprema para esclarecer eventuales irregularidades en procesos electorales, que la primera causa se centra específicamente en Orlic y en varios responsables de la agencia de Inteligencia serbia.

Todos ellos están siendo objeto de investigación por posibles delitos de abuso de posición oficial, coerción y violación del derecho al voto. Para avanzar en estas pesquisas iniciales, la Fiscalía ha requerido al Servicio de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior (SBPOK) que recabe la documentación pertinente y proceda a interrogar a los implicados.

La segunda causa penal afecta al ministro de Justicia, Nenad Vujic; al director de la Dirección para la Ejecución de Sanciones Penales, Mile Jandric; a la asesora especial del ministerio, Milica Radonjic; y a otros 60 cargos ya identificados. Entre ellos se incluyen responsables y funcionarios de distintos centros penitenciarios y prisiones de distrito del país, además de dirigentes y activistas del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS).

En este segundo expediente, la Fiscalía examina un amplio abanico de presuntas irregularidades que abarcan delitos de asociación ilícita, cohecho y sobornos relacionados con la votación, tráfico de influencias, obtención no autorizada de datos personales, incumplimiento de deberes en el servicio y actos de discriminación.