La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha advertido este miércoles de que las estructuras e instituciones estatales vinculadas a la represión y a las violaciones de Derechos Humanos en el país siguen “intactas”, pese a las “limitadas” mejoras registradas durante el último año.
“Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de Derechos Humanos, no avances tentativos e incompletos”, ha subrayado la presidenta del organismo, Sofía Macher.
Estas valoraciones se recogen en un nuevo informe hecho público en la jornada por la propia Misión, que constata una “disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas” tras la captura del presidente Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra Caracas el pasado 3 de enero.
El documento detalla que la Misión ha identificado a alrededor de una veintena de funcionarios presuntamente implicados en “graves violaciones” de Derechos Humanos, quienes “continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave” después del supuesto traspaso de poderes a la hasta entonces ‘número dos’ del mandatario, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El informe también constata una “reducción de algunas de las formas más severas de represión”, entre ellas la excarcelación de cientos de presos políticos y un entorno algo más propicio para la celebración de protestas y concentraciones públicas, aunque recalca que “la impunidad por los crímenes del pasado persiste”.
Según la Misión, estos cambios parciales “no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los Derechos Humanos” y, de hecho, el organismo ha investigado 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero.
La Misión de la ONU denuncia igualmente que siguen en vigor normas utilizadas para “criminalizar la disidencia”, al tiempo que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia “conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas”.
El informe insiste además en la urgencia de “desarmar o desmantelar” a los grupos comunitarios que han sido “una fuente permanente de intimidación y violencia” y sobre los que el Ejecutivo de Rodríguez no ha actuado hasta ahora.