La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido este miércoles sobre la amenaza que suponen las redes de tráfico de personas y otras organizaciones criminales para los miles de menores no acompañados que alcanzan Europa. Entre ellos se encuentran más de 20.000 de los 31.100 niños que en 2025 llegaron al continente por rutas de migración mixta, de acuerdo con las últimas cifras difundidas por Naciones Unidas.
El estudio, elaborado de forma conjunta por la OIM, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), apunta a que la disminución de vías seguras para desplazarse estaría empujando a muchos jóvenes a itinerarios cada vez más peligrosos, incrementando su dependencia de los traficantes y su vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación y los abusos.
“Los niños están realizando viajes difíciles y peligrosos sin un padre, una madre ni un tutor a su lado”, ha subrayado la directora general de la OIM, Amy Pope, quien ha recalcado que el documento “muestra cuán expuestos están a la violencia y la explotación cuando las vías seguras son limitadas y deben depender de los traficantes”.
En este sentido, ha insistido en que “ningún menor debería tener que hacer frente a estos riesgos solo”. “Nuestra responsabilidad compartida es colaborar entre países para protegerlos, defender sus derechos y proporcionarles la atención y el apoyo que necesitan”, ha añadido, en un contexto en el que se ha registrado un descenso de llegadas de menores a Europa en comparación con 2024.
Las estadísticas muestran que el número total de niños que alcanzaron por mar y tierra Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España se redujo en 2025 un 25% respecto al año anterior. Del conjunto de llegadas, el 78% eran niños y el 22% niñas. Sin embargo, la proporción de menores no acompañados se disparó del 51% en 2024 al 67% en 2025, con los porcentajes más elevados en Italia y España, donde el 86% de los menores llegó sin compañía adulta.
En este marco, la OIM ha detallado que entrevistó a más de 4.600 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años en las rutas del Mediterráneo, el Atlántico y los Balcanes occidentales. Casi la mitad de ellos aseguró haber sufrido agresiones físicas durante el trayecto.
En la ruta del Mediterráneo central —que enlaza el norte de África con Italia y, en menor medida, con Malta—, el 28% de las personas entrevistadas manifestó haber sido retenida contra su voluntad y el 17% declaró haber sido forzada a trabajar, señalando mayoritariamente a Libia como el lugar donde se produjeron estos abusos.
REDUCCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SEGURAS
La OIM ha indicado además que las opciones seguras se han visto mermadas. Los menores representaron la mitad de las 6.800 personas incluidas en procedimientos de reasentamiento en Europa en 2025, lo que se traduce en 3.400 niños reasentados, una cifra muy inferior a los 8.900 registrados en 2024.
Del mismo modo, únicamente 199 menores fueron reubicados entre Estados miembros europeos mediante el Mecanismo Voluntario de Solidaridad, lo que supone un descenso del 67% frente al año anterior, y ninguno de ellos era un menor no acompañado, según precisa el informe.
Los datos revelan también que en 2025 un total de 214.600 menores solicitaron protección internacional en Europa, de los cuales el 79% eran solicitantes de asilo por primera vez. En torno al 71% de estas primeras peticiones se concentraron en solo cuatro países: Alemania, con el 30%; Francia, con el 19%; España, con el 15%; y Grecia, con el 7%.
En cuanto a las 210.900 resoluciones en primera instancia sobre solicitudes de protección de menores, el 56% resultaron favorables, mientras que las denegaciones aumentaron un 25% en relación con las cifras de 2024.
A la luz de estos datos, la OIM ha instado a los Estados de la Unión Europea (UE) a situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones, garantizar un acceso rápido a los servicios básicos y evitar en todo caso la detención de menores por motivos vinculados a la migración irregular.
“Los menores no acompañados y separados deben tener acceso inmediato a representación legal. Las evaluaciones de edad deben ser excepcionales, sensibles a la situación de los niños y susceptibles de recurso”, ha concluido el organismo tras la publicación del informe.