Naciones Unidas ha advertido este viernes de que millones de personas desplazadas por la guerra en Sudán corren el riesgo de quedarse sin techo debido a la “grave escasez de financiación” para hacer frente a la emergencia humanitaria. Entre los afectados figuran también quienes han logrado regresar a sus comunidades y se han encontrado sus viviendas destruidas por las hostilidades.
En un comunicado conjunto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han señalado que alrededor de 15,4 millones de personas necesitan “urgentemente” refugio de emergencia y artículos básicos. Sin embargo, únicamente 936.000 han recibido algún tipo de ayuda, una brecha que se agrava por el progresivo agotamiento de las reservas de emergencia.
Las agencias han insistido en que se requiere de forma inmediata una inyección de “financiación flexible” para impedir que cada vez más familias afronten los próximos meses sin una protección adecuada frente al deterioro de las condiciones climáticas, la inseguridad y los riesgos de violencia derivados del conflicto iniciado en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
Han recordado además que Sudán constituye en estos momentos la mayor crisis de desplazamiento del planeta, con cerca de 8,6 millones de desplazados internos y más de 4,6 millones de refugiados, a los que se suman 5,2 millones de retornados que han hallado destruidas sus casas, las infraestructuras y los servicios esenciales.
El Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán de 2026 contempla 2.900 millones de dólares (unos 2.570 millones de euros) para proporcionar asistencia vital a 20,4 millones de personas, de un total de 33,7 millones que precisan ayuda en el país. No obstante, hasta la fecha solo se ha asegurado el 47% de ese monto, lo que está obligando a recortar servicios básicos y a concentrar los recursos en las necesidades más críticas.
En este escenario, la OIM y ACNUR han reiterado su compromiso de colaboración con organizaciones locales y otros socios con el fin de “gestionar cadenas de suministro conjuntas, reposicionar reservas de emergencia en zonas prioritarias y hacer llegar la asistencia allí donde las necesidades son mayores”.
“Estos esfuerzos conjuntos tienen como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta local, mejorar la coordinación y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades afectadas de la manera más rápida y segura posible”, han subrayado. No obstante, han recordado que “estas iniciativas no pueden sostenerse sin una financiación predecible y flexible”.
Las agencias han avisado de que las consecuencias de nuevos retrasos en la llegada de fondos “podrían ser devastadoras” para millones de sudaneses y han añadido que “es urgente actuar para garantizar que las personas que huyen de la violencia, así como aquellas que intentan reconstruir sus vidas tras regresar a sus hogares, no se queden sin un lugar seguro donde refugiarse ni sin los elementos básicos necesarios para vivir con dignidad”.
La guerra civil estalló en abril de 2023 por las profundas discrepancias sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya muy debilitada tras la asonada que forzó la salida del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, en el que participan diversos países respaldando a las partes enfrentadas, ha hundido a Sudán en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados y refugiados y con la comunidad internacional en alerta por la expansión de enfermedades y los graves daños en infraestructuras clave, que impiden atender a cientos de miles de personas afectadas.