La sanidad también pasa factura a Trump en las midterms: la mitad de los votantes cree que sus políticas han empeorado el acceso y los costes

Una encuesta electoral de Associated Press revela que solo dos de cada diez votantes consideran que las medidas del presidente han mejorado la salud y el bienestar de los estadounidenses. Seis de cada diez reclaman una mayor intervención del Gobierno federal para garantizar la atención sanitaria.

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La política sanitaria de Donald Trump se ha convertido en otro de los focos de descontento entre los estadounidenses que han participado en las elecciones de mitad de mandato de este martes. Según los primeros datos de AP Voter Poll, la encuesta electoral de Associated Press, la mayoría de los votantes considera que las decisiones del presidente han perjudicado la salud y el bienestar de la población, mientras que aproximadamente la mitad cree que han empeorado tanto el acceso a la asistencia sanitaria como su coste.

El rechazo contrasta con el peso que los electores conceden a la sanidad entre las principales preocupaciones del país. Apenas uno de cada diez votantes la identifica como el problema más importante, aunque las respuestas sobre las políticas concretas de la Administración Trump reflejan un malestar mucho más extendido.

Solo dos de cada diez votantes aprecian mejoras en la salud y el bienestar

La encuesta de AP, cuyos resultados han sido difundidos durante la noche electoral, muestra que aproximadamente dos de cada diez estadounidenses que han votado consideran que las políticas de Trump han mejorado la salud y el bienestar de la población. Una proporción similar cree que no han tenido consecuencias apreciables.

La mayoría, en cambio, expresa una valoración negativa sobre sus efectos. El descontento también aparece cuando se pregunta específicamente por dos aspectos que afectan directamente a los hogares: la posibilidad de recibir asistencia sanitaria y el dinero necesario para acceder a ella.

En ambos casos, alrededor de la mitad de los votantes cree que las políticas del presidente han empeorado la situación, según los datos recogidos por Associated Press.

Seis de cada diez votantes piden una mayor intervención federal

Más allá de la valoración de la gestión presidencial, la encuesta revela una demanda de mayor participación de las instituciones federales en la cobertura sanitaria. Aproximadamente seis de cada diez votantes quieren que el Gobierno de Estados Unidos desempeñe un papel más importante para facilitar el acceso a la atención médica.

El dato introduce una dimensión política en el debate sobre la sanidad, una materia en la que las competencias y la financiación se reparten entre las autoridades federales, los estados y los distintos sistemas de cobertura pública y privada.

La opinión de los electores sobre el papel del Gobierno no equivale necesariamente al respaldo a una reforma sanitaria concreta, pero refleja que una mayoría de los encuestados demanda una mayor implicación federal.

Los demócratas han convertido la sanidad en uno de sus argumentos de campaña

La atención sanitaria ha ocupado un lugar destacado en las campañas de numerosos candidatos demócratas, que han tratado de vincular el debate electoral con el acceso a los servicios médicos y el coste que deben asumir las familias estadounidenses.

Uno de los ejemplos es Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, que ha convertido la defensa de la cobertura sanitaria universal en uno de los ejes centrales de su candidatura.

Las conclusiones de AP Voter Poll permiten identificar una preocupación que va más allá de los votantes que consideran la sanidad su prioridad principal. Aunque solo una minoría la señala como el asunto más importante de las elecciones, una proporción considerable cuestiona las consecuencias de las políticas sanitarias de Trump.

Los datos corresponden a las respuestas recogidas en la encuesta electoral de Associated Press y describen las percepciones de los votantes, no una medición independiente de la evolución efectiva de los costes o de la cobertura sanitaria. Tampoco permiten, por sí solos, determinar cómo se traducirá ese descontento en el reparto de escaños del Congreso.