Más de ocho millones de ciudadanos suecos están llamados este domingo a las urnas para elegir Parlamento, gobiernos municipales y autoridades regionales, en unos comicios marcados por el desgaste del actual bloque de centro-derecha en el poder y por la ausencia de una alternativa opositora claramente articulada, en un escenario de fuerte fragmentación política y una gobernabilidad muy incierta.
El primer ministro, Ulf Kristersson, líder del conservador Partido Moderado, encara estas elecciones con su popularidad en mínimos y una coalición de gobierno sometida a fuertes tensiones internas. Su Ejecutivo minoritario, formado por Moderados, Partido Liberal y Demócratas Cristianos, ha dependido durante toda la legislatura del respaldo externo de los Demócratas de Suecia (SD), la formación de extrema derecha que encabeza Jimmie Akesson.
En virtud del llamado Acuerdo de Tido, alcanzado tras las elecciones de 2022, la ultraderecha renunció a entrar en el gabinete pese a superar en votos a los Moderados, y facilitó la investidura de Kristersson a cambio de que el Gobierno asumiera buena parte de su programa en inmigración, asilo y control de fronteras.
Ahora, sin embargo, el partido de Akesson advierte de que no volverá a sostener al Ejecutivo si la ultraderecha no accede al gabinete con ministerios propios, y apunta directamente a carteras clave como Justicia e Inmigración para poder gestionar de primera mano las partidas presupuestarias que sustentan sus prioridades políticas.
A esta presión se añade la delicada situación del Partido Liberal, que según los últimos sondeos de Novus apenas logra rebasar el umbral del 4% necesario para conservar representación en el Riksdag. Un posible batacazo liberal comprometería seriamente la continuidad del actual gobierno de Kristersson.
DIFERENCIAS EN SEGURIDAD E INMIGRACIÓN
Durante la campaña, el jefe del Ejecutivo ha centrado buena parte de su mensaje en la seguridad, reivindicando los resultados de su política frente al crimen organizado. "Desde que entramos en el Gobierno en 2022, la violencia mortal de pandillas ha caído un 75%. Los tiroteos han disminuido un 80%. Al mismo tiempo, el doble de criminales de pandillas están siendo arrestados en el extranjero", ha subrayado Kristersson en redes sociales.
Pese a ello, la seguridad sigue en el centro del debate tras el ataque en un instituto de Fagersta, donde una adolescente murió y otras dos personas resultaron heridas. El Gobierno reaccionó anunciando una comisión específica para prevenir la violencia en los centros educativos y, además, en junio entró en vigor una reforma de la legislación sobre armas que endurece las penas por tráfico ilegal.
Demócratas de Suecia, por su parte, reclama medidas aún más severas que las defendidas por los Moderados, con un endurecimiento radical del Código Penal, un despliegue "masivo" de agentes en las calles, la retirada de la ciudadanía a miembros de bandas armadas e incluso que menores de 13 años puedan cumplir penas más largas por delitos graves.
Estas discrepancias se hicieron visibles cuando la ultraderecha llevó al Parlamento la propuesta de rebajar la edad de responsabilidad penal, generando choques con los socios más moderados y el rechazo de buena parte de la judicatura. Tras intensas negociaciones, la coalición terminó acordando reducir la edad penal de 15 a 14 años, manteniendo fuera del cambio a los menores de 13.
La inmigración constituye otro foco constante de fricción. Mientras los Moderados abogan por una inmigración regulada, con mayores exigencias para acceder al asilo y a las ayudas públicas pero sin cerrar la puerta a la mano de obra cualificada, Demócratas de Suecia exige "asilo cero" y restringir casi por completo los permisos de trabajo, priorizando programas de "retorno e incentivación a la repatriación".
SOCIALDEMÓCRATAS LIDERAN ENCUESTAS PERO CON UN ESCENARIO COMPLEJO
En este contexto de pugna interna en la derecha, los Socialdemócratas de la ex primera ministra Magdalena Andersson encabezan las encuestas, aunque con una ventaja menguante y un equilibrio parlamentario muy ajustado entre bloques, lo que complica su acceso a Rosenbad, la sede del jefe de Gobierno sueco.
Andersson ha evitado presentar un bloque opositor cerrado, consciente de las profundas diferencias entre sus potenciales aliados: el liberal Partido del Centro y el Partido de la Izquierda. El Partido del Centro rechaza de plano concesiones fiscales y económicas a la Izquierda, mientras que esta fuerza exige carteras ministeriales a cambio de respaldar una posible investidura en el Riksdag.
El Partido Verde, que ya gobernó en coalición con los Socialdemócratas entre 2014 y 2021, sería numéricamente imprescindible si Andersson lograra una mayoría suficiente para gobernar. No obstante, su presencia resulta problemática para el Partido del Centro, que se opone a subidas de impuestos medioambientales que afecten al sector rural e industrial.
"Tal como están las cosas, tendré que cooperar con varios partidos. Será difícil formar gobierno sin la participación del Partido del Centro de una u otra forma(...) Ningún partido obtendrá la mayoría absoluta. Todos tendrán que ceder. Tras las elecciones, el Partido de Izquierda decidirá si quiere ser una fuerza constructiva para la formación de un nuevo gobierno o no", ha expresado la ex primera ministra sueca entre 2021 y 2022, en declaraciones a 'Dagens Nyheter'.
SANIDAD PÚBLICA Y EDUCACIÓN, EN EL FOCO
Junto a las legislativas, los votantes elegirán el domingo a sus representantes municipales y regionales, responsables de dos de las mayores preocupaciones del electorado: la sanidad pública y el sistema educativo.
Las largas listas de espera para operaciones y la saturación de las urgencias han generado alarma en regiones clave como Estocolmo o Vastra Gotaland. La oposición acusa al centro-derecha de recortar presupuestos que pondrían en riesgo la contratación de personal de enfermería y critica el aumento de clínicas privadas financiadas con fondos públicos, mientras que el bloque gubernamental defiende el modelo de libre elección de centro sanitario para los pacientes.
En educación, los Socialdemócratas plantean fijar un máximo de alumnos por docente y limitar el modelo que permite a empresas privadas gestionar colegios con dinero público y obtener beneficios. Los socios de la coalición en el poder, en cambio, han puesto el acento en reforzar la seguridad en los centros y en incrementar los recursos destinados a la salud mental del alumnado.