El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, sostiene que la expropiación de la vivienda de Maricarmen, planteada por Sumar tras el desahucio de esta mujer de 87 años de su domicilio en el barrio del Retiro (Madrid), marcaría un “precedente” que permitiría intervenir del mismo modo en otros casos análogos.
“Hay muchas 'Maricarmenes', desgraciadamente. Este caso se ha hecho muy visible porque es particularmente sangrante. Hay muchas realidades así, entonces se trata de intervenir para restaurar el daño concreto de esta situación, pero también para impedir que vuelva a producirse”, ha defendido en una entrevista en “RNE”, que ha recogido Europa Press.
El titular de Derechos Sociales ha recalcado que, ante el desalojo de esta vecina madrileña, existe una “urgencia evidente” que “no se puede quedar así”, y ha incidido en que el Ejecutivo cuenta con “varias alternativas para hacerlo”, entre ellas la expropiación, que “se puede hacer de una manera que sea perfectamente razonable” y, al mismo tiempo, “puede sentar un precedente”.
Bustinduy ha reiterado que “no se trata solo de restaurar una situación de gravísima injusticia como se ha producido con Maricarmen, se trata de que no se pueda volver a producir”, y ha puesto en valor las medidas de protección frente a los desahucios incluidas en el nuevo decreto de vivienda que el Gobierno está negociando, así como la vía de la expropiación “para solucionar el caso de la propiedad” del piso de la vecina desalojada en Madrid.
“La propiedad privada tiene límites”, recuerda el ministro
El ministro ha denunciado que hay un “fondo buitre” que ha decidido “desafiar” no solo al Gobierno, sino también a la sociedad española, expulsando de su hogar a una mujer mayor para “hacer negocio”, y rechazando tanto los intentos de mediación como las donaciones anónimas destinadas a frenar el desahucio. Ante esta situación, ha recordado que el artículo 33 de la Constitución contempla “fórmulas” para garantizar “lo que es la función social de la propiedad”.
Según ha remarcado, “la propiedad privada tiene límites” y “hay unos supuestos” en los que “se puede intervenir para recuperar la vivienda y que Maricarmen pueda volver a residir e ella”.
“Es legítimo que haya debates jurídicos. Evidentemente, pues la parte afectada lo impugnará, pero creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante un desafío al sentido común y a la moralidad de nuestra sociedad”, ha defendido el ministro, que también ha abogado para que la empresa pública Casa 47 pueda facilitar a Maricarmen una vivienda alternativa.