El PP está dando los últimos retoques a un plan específico de combate contra el crimen organizado, que presenta como respuesta a la “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez ante este fenómeno, especialmente arraigado en Andalucía.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, el coordinador de Interior y Emergencias, Antonio Sanz, y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, celebraron este miércoles en Sevilla un encuentro con sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil y personal de aduanas y prisiones, a quienes expusieron las líneas maestras de dicho plan.
Gamarra subrayó que uno de los objetivos prioritarios del PP es que “España sea un país seguro y haya una fortaleza del estado para poder luchar contra aquello que son nuestras amenazas, especialmente en Andalucía, como es el crimen organizado y el narcotráfico”, que “campa a sus anchas y con total impunidad” por la “inacción” del actual Ejecutivo nacional.
En su intervención, denunció igualmente el “abandono” que, a su juicio, padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al no disponer de los “medios suficientes” ni de las herramientas necesarias para una lucha eficaz frente al crimen organizado y el narcotráfico, y criticó el desmantelamiento en el Campo de Gibraltar del sistema OCON-Sur.
Según explicó, el plan que ultima el PP persigue “poner freno y poner coto al crimen organizado en nuestro país, que no pueda seguir campando a sus anchas y que España no sea un lugar fácil para cometer delitos, sino todo lo contrario”.
Cuca Gamarra detalló los ocho ejes centrales de la propuesta, entre ellos la dotación al Servicio Marítimo de medios no letales para neutralizar narcolanchas; el endurecimiento del Código Penal frente al narcotráfico y el crimen organizado; el refuerzo de la protección legal y material de Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de aduanas y funcionarios de prisiones, y la declaración del Campo de Gibraltar y del litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad.
Además, el PP propone que los delitos vinculados al narcotráfico pasen a ser competencia de la Audiencia Nacional, la creación de jurisdicciones especializadas y la declaración de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, al entender que “para eso hay que ejercer como estado una autoridad”.