Expertos del ámbito jurídico y de las fuerzas de seguridad han advertido este viernes de los retos inéditos que supone la violencia de género en el entorno digital, a la que han calificado como una forma de agresión “omnipresente”, reclamando además una respuesta específica por parte de jueces y policías ante este tipo de conductas.
Las reflexiones se han planteado en una mesa redonda de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, dirigida por la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, en la que los ponentes han examinado esta violencia y su abordaje desde la óptica judicial y policial.
La fiscal María Eugenia Prendes Menéndez ha centrado su exposición en el enfoque jurídico, recalcando que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una “extensión de la violencia de género” que históricamente padecen mujeres y niñas.
Prendes ha explicado que las tecnologías no solo sirven como vehículo de difusión, sino que amplifican de forma “exageradamente enorme” el efecto “lesivo”, al permitir que la agresión sea “constante” y desdibujar las fronteras de tiempo y espacio. Esta “ubicuidad”, ha indicado, provoca que la víctima carezca de un lugar seguro, incluso dentro de su propio domicilio.
Definición y marco internacional
La fiscal ha lamentado la ausencia de una “definición internacional consensuada” sobre violencia de género digital, algo que “dificulta” la creación de una regulación homogénea. Aun así, ha puesto en valor el liderazgo de España, donde el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incorpora desde 2017 esta modalidad de manera transversal, con una revisión prevista en 2025 orientada a reforzar la detección precoz entre la población joven.
En relación con la persecución penal, ha subrayado la relevancia de la “ciberprueba”, advirtiendo de su vulnerabilidad y de la facilidad para manipularla mediante herramientas como el 'fake chat'.
“La preservación temprana es lo más relevante”, ha remarcado. Por ello, ha defendido la adopción de medidas cautelares que permitan el cese inmediato de la agresión y el empleo de “herramientas de investigación avanzada”, entre ellas el registro remoto de dispositivos informáticos y la figura del agente encubierto informático para infiltrarse en redes de explotación sexual que operan en Internet.
Desde la vertiente policial, la comisaria y jefa de la Brigada Central de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), Eva Gutiérrez Carrera, ha ofrecido la perspectiva operativa, subrayando que su unidad dispone de protocolos y medios tecnológicos equiparables a los de las unidades especializadas en crimen organizado.
Mito del amor romántico y adolescentes
En su intervención, Gutiérrez ha advertido sobre la “escalada de la violencia” entre adolescentes, donde el acceso a contraseñas y dispositivos de la pareja se llega a “normalizar” amparándose en el “mito del amor romántico”.
La responsable de la UFAM ha recalcado igualmente la trascendencia de la “preservación de la prueba digital”, ya que muchas víctimas, en un intento de “protección emocional”, optan por eliminar mensajes o imágenes, lo que termina por destruir el soporte probatorio de la denuncia. Por este motivo, ha pedido a las víctimas que realicen capturas de pantalla que incluyan URL, fecha y hora, con el fin de evitar posibles manipulaciones.
El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Julián García Marcos, ha repasado la doctrina del Tribunal Supremo, destacando resoluciones que incorporan la perspectiva de género en delitos como el 'stalking' o acoso, entendido como una prolongación del control sobre la víctima tras la ruptura de la relación.
García Marcos ha señalado que el Alto Tribunal ya reconoce el “abuso sexual virtual”, en el que la posición de superioridad del agresor en la red y el anonimato “agravan el daño a la libertad sexual, incluso sin contacto físico”.
El magistrado ha mostrado también su inquietud por las “ultrafalsificaciones” o pornografía sintética generada mediante Inteligencia Artificial (IA), mencionando casos en los que se utiliza el rostro de las víctimas sobre cuerpos ajenos para producir contenido sexual sin consentimiento. Ha concluido apuntando que estas conductas se están calificando no solo como delitos de elaboración de material de abuso, sino también como graves atentados contra la integridad moral de las mujeres.