Lea aquí el informe completo de la UCO sobre los ingresos de origen desconocido de Santos Cerdán

En este momento (julio de 2026) Santos Cerdán ya no está en prisión por decisión del Tribunal Supremo, pero la investigación penal originada en el ‘caso Koldo’ sigue abierta y, tras los cambios de aforamiento, se instruye principalmente en la Audiencia Nacional, no en el Supremo. El alto tribunal fue el que le imputó inicialmente, le envió a prisión provisional y después acordó su excarcelación con medidas cautelares. Sobre el fondo, el Supremo ha dejado claro que los indicios de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias no solo se mantienen, sino que se han reforzado. En paralelo, Cerdán afronta otras causas (caso Leire Díez, presunto falso testimonio) que ya no dependen del Tribunal Supremo.

Cómo empezó la causa en el Tribunal Supremo

La imputación de Santos Cerdán en el Supremo nace del ‘caso Koldo’, una presunta trama de comisiones por adjudicaciones de obra pública. El juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, le citó como investigado y, tras su declaración, acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, al apreciar un “homogéneo y consistente conjunto de indicios” de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, según detalló el auto analizado por el periódico Demócrata en este análisis y en estas razones de la prisión preventiva.

El Supremo justificó la medida de prisión no tanto por riesgo de fuga como por el riesgo de destrucción u ocultación de pruebas y de coacción a testigos, dada su posición en la estructura investigada, tal y como explicó también Demócrata en este artículo de contexto. En ese momento la causa estaba aún bajo competencia del Tribunal Supremo por la condición de aforados de varios implicados.

Decisiones posteriores del Supremo y situación personal

A lo largo de 2025, la defensa de Cerdán presentó varios recursos para intentar revertir la prisión preventiva, y pidió incluso una vista específica para discutirla, reseñada en esta información. El magistrado Puente mantuvo inicialmente la medida, indicando que probablemente no se prolongaría más allá de finales de año, como recogió Demócrata en este auto ampliado.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2025 el Tribunal Supremo acordó su puesta en libertad tras casi cinco meses en prisión, pero manteniendo medidas cautelares severas —prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y obligación de firmar quincenalmente en un juzgado— debido a la “persistencia y robustecimiento” de los indicios, tal y como se explica en esta crónica, en este análisis sobre el refuerzo de las sospechas y en la nota sobre su excarcelación en Demócrata. El propio Supremo precisó después cuestiones prácticas sobre dónde debía firmar, como detalla esta resolución y la posterior elección de juzgado en Tafalla en esta noticia.

En paralelo, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo de Cerdán contra su ingreso inicial en prisión, como relata esta pieza. Todo ello dibuja un escenario en el que el Supremo ha avalado reiteradamente la corrección de sus decisiones cautelares y la solidez de los indicios, pero sin que exista aún un procesamiento firme ni apertura de juicio oral derivados de la instrucción que le afectó en el alto tribunal.

Traslado de la investigación y situación procesal actual

Según explica Demócrata en este reportaje de síntesis, tras las dimisiones y cambios de aforamiento (en particular la de José Luis Ábalos) la parte del ‘caso Koldo’ que afecta a Cerdán se ha ido desplazando hacia la Audiencia Nacional. Es allí donde se sigue la pista a su supuesto liderazgo en amaños de obra y otras derivadas, mientras que el Tribunal Supremo ha dejado de ser el centro de la instrucción activa respecto de él.

En consecuencia, a día de hoy la investigación en la que nació su imputación por el Supremo sigue viva, pero ya no se encuentra en fase de diligencias activas en la Sala Segunda, sino en órganos ordinarios (Audiencia Nacional y otros juzgados). El propio Demócrata sitúa el foco en esas otras causas conexas —como el llamado “caso Leire Díez”, instruido por el juez Santiago Pedraz— en artículos como este auto sobre la presunta trama para frenar causas, esta información sobre su citación como investigado o este comunicado de Cerdán negando los hechos, que ya no dependen del Supremo.

Otras causas no vinculadas al Supremo

Al margen del ‘caso Koldo’, Cerdán está siendo investigado por un posible delito de falso testimonio en la comisión del Senado sobre ese mismo caso, causa abierta en un juzgado de Madrid y no en el Supremo, según detalla esta información y la posterior citación de febrero de 2026 en esta otra. En esa y en las piezas del “caso Leire Díez”, el Tribunal Supremo ya no tiene competencia directa. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre nuevas actuaciones del Supremo respecto a Cerdán más allá de las ya descritas.

En resumen, la fase activa de investigación de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo estuvo concentrada en 2025 (imputación, prisión, excarcelación y medidas cautelares). Hoy, la causa matriz continúa, pero la instrucción se ha desplazado a otros órganos, y el Supremo no figura ya como sede principal de la investigación en curso sobre él.

Dentro del PSOE, el/la secretario/a de Organización es una de las figuras clave de la dirección federal, con competencias muy amplias sobre la vida interna del partido. Sin embargo, cuando alguien pasa a ser ex secretario de Organización, deja de tener esas funciones ejecutivas formales: lo que mantiene son, en su caso, las responsabilidades que le correspondan por otros cargos que ostente (diputado, miembro del Comité Federal, alcalde, militante de base, etc.) y una influencia política más informal, derivada de su trayectoria y capital interno.

1. ¿Qué hace un secretario de Organización en activo?

Para entender qué queda después, conviene resumir primero qué supone el cargo mientras se ejerce. Tradicionalmente, el secretario de Organización del PSOE es el “número dos o tres” de la Ejecutiva Federal, con un peso central en:

• Gestión de la estructura orgánica: coordinación de las direcciones regionales, provinciales y locales; supervisión de las agrupaciones; aplicación práctica de los estatutos y reglamentos internos.
• Afiliación y censos: control del censo de militantes y simpatizantes, altas y bajas, y verificación de quién puede votar en primarias, congresos y asambleas internas.
• Procesos internos: organización de congresos, primarias para la elección de secretario general o candidatos, elaboración de calendarios y normas internas para garantizar que los procesos sean reglados.
• Coordinación electoral: aunque hay un área específica de campaña, Organización participa en la configuración de listas, reparto territorial de responsabilidades, movilización de militancia y diseño de la maquinaria electoral en todo el Estado.
• Disciplina y cohesión: gestión de conflictos internos, expedientes disciplinarios en coordinación con órganos de garantías, y mediación entre federaciones o corrientes para mantener la unidad del partido.
• Logística y recursos: supervisión de sedes, medios materiales y, en coordinación con Finanzas, el uso de recursos para la actividad diaria del partido y las campañas.

Todo esto está respaldado por los Estatutos Federales del PSOE y desarrollado en reglamentos internos, que sitúan Organización como un eje de la acción cotidiana del partido.

2. ¿Qué pasa cuando deja de ser secretario de Organización?

Una vez cesa en el cargo (tras un congreso, dimisión o remodelación de la Ejecutiva), el “ex secretario de Organización”:

• Pierde todas las competencias ejecutivas formales asociadas a Organización: ya no dirige procesos internos, ni controla censos, ni coordina federaciones, ni participa en la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva Federal si no mantiene otro puesto en ella.
• Deja de firmar instrucciones u órdenes internas a las organizaciones territoriales, y ya no actúa como referente jerárquico para secretarías de Organización autonómicas o provinciales.
• No gestiona listas electorales ni nombramientos internos desde el aparato federal, salvo que el nuevo liderazgo le encargue alguna función ad hoc.

Por tanto, estrictamente hablando, un ex secretario de Organización no tiene “competencias y funciones dentro del partido” por el mero hecho de ser “ex”. Lo que sí puede conservar son las funciones derivadas de otros cargos:

• Si es miembro del Comité Federal, participa en los debates y votaciones de ese órgano, que aprueba grandes líneas políticas, alianzas y decisiones estratégicas.
• Si forma parte de una dirección regional o local, asume las responsabilidades propias de ese nivel (portavoz, secretario general autonómico, etc.).
• Si es cargo público (diputado, senador, alcalde, presidente autonómico), conserva las funciones institucionales que le marque la ley y la práctica política, no los estatutos del partido.
• Si sólo mantiene la militancia, sus derechos son los de cualquier afiliado: participar en asambleas, votar en primarias y congresos, presentar enmiendas y propuestas, etc.

3. Influencia política de un ex secretario de Organización

Aunque sin competencias formales, un ex secretario de Organización suele mantener una capacidad de influencia relevante por varios factores:

• Conocimiento interno: conoce en detalle los equilibrios territoriales, redes de militantes influyentes y dinámicas internas, lo que le permite actuar como articulador de apoyos en congresos o primarias futuras.
• Relación con baronías y federaciones: ha tratado de manera continuada con líderes regionales y provinciales, de modo que puede ser un interlocutor de referencia en pactos y reconfiguración de mayorías internas.
• Capacidad de generación de opinión: si interviene en medios, actos internos o corrientes de opinión, su voz suele tener peso porque se le percibe como alguien que “conoce la casa por dentro”.
• Posible rol de consejero o garante: a veces los nuevos liderazgos le mantienen cerca como asesor informal, referente de memoria orgánica o figura de equilibrio entre familias internas.

4. Resumen

En síntesis: el/la secretario/a de Organización en activo es el responsable de la maquinaria interna del PSOE: estructura, afiliación, procesos internos, coordinación territorial y logística electoral. Al convertirse en ex secretario de Organización, todas esas funciones dejan de estar en sus manos y pasan a su sucesor. Lo que permanece no es un poder formal derivado del cargo, sino su peso político personal, las responsabilidades que tenga por otros puestos dentro o fuera del partido y la influencia que conserve sobre cuadros y militancia.

En España, la obligación de que los cargos públicos (Gobierno, altos cargos de la Administración General del Estado, diputados y senadores) declaren y justifiquen el origen de sus ingresos y patrimonio se articula, a nivel básico estatal, en torno a tres pilares: la Ley 3/2015 sobre altos cargos, su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1208/2018, y la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno. Para diputados y senadores se añaden los Reglamentos del Congreso y del Senado, que imponen la presentación de declaraciones de bienes y actividades. En conjunto, estas normas exigen identificar sueldos, actividades económicas y demás rentas, y permiten exigir documentación acreditativa y comparar declaraciones sucesivas para detectar incoherencias.

1. Normativa básica para altos cargos del Estado

La piedra angular es la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (Ley 3/2015). Esta ley define quién es alto cargo (miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, presidentes y máximos responsables de organismos públicos, etc.) y establece un sistema de control de conflictos de intereses y de transparencia patrimonial.

En lo que respecta a la obligación de declarar y justificar el origen de ingresos y patrimonio, la propia Ley 3/2015 (remitida en el Reglamento) establece que los altos cargos deben formular:

• Declaración de actividades (art. 16 de la Ley 3/2015), en la que se debe hacer constar, según desarrolla el Reglamento, “si se recibe cualquier otra remuneración o percepción con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas […] así como cualquier otra remuneración o percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada”. Es decir, se obliga a identificar la procedencia de todos los ingresos adicionales.
• Declaraciones patrimoniales (arts. 14, 17 y 18 de la Ley 3/2015, citados por el Reglamento), comprensivas de la totalidad de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales.

Además, la Ley 3/2015 vincula estas obligaciones con la prevención de conflictos de intereses (limitación de participaciones en empresas contratistas, prohibiciones post-empleo, etc.), de manera que conocer el origen de los ingresos personales es un requisito para controlar posibles incompatibilidades.

2. Desarrollo reglamentario: contenido y verificación de las declaraciones

El detalle operativo se encuentra en el Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015 (Real Decreto 1208/2018).

Este Reglamento regula dos registros dependientes de la Oficina de Conflictos de Intereses:

• Registro de Actividades de altos cargos, encargado de las declaraciones de actividades y de las comunicaciones sobre actividades privadas tras el cese. El Reglamento exige que en la declaración se haga constar toda remuneración pública o privada y prevé que la Oficina pueda recabar información adicional de ministerios u organismos para comprobar la veracidad de lo declarado.
• Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, de carácter reservado, que gestiona las declaraciones patrimoniales “comprensivas de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones” y, según el propio Reglamento, también las “copias de los contratos y de las declaraciones tributarias que haya tenido obligación de presentar el alto cargo” conforme a los arts. 14, 17 y 18 de la Ley 3/2015. Esto permite contrastar el patrimonio declarado con la información fiscal y contractual, es decir, comprobar el origen real de los ingresos.

El Reglamento prevé expresamente que:

• Las declaraciones se comparen con las ya inscritas; si hay divergencias, se requiere al interesado para que las aclare.
• Si no se aclaran o la aclaración no es suficiente, la Oficina de Conflictos de Intereses inicia actuaciones sancionadoras, remitiéndose al régimen de la Ley 19/2013.

3. Transparencia y buen gobierno: Ley 19/2013

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley 19/2013) es el marco general en el que se inserta el control sobre los ingresos de los cargos públicos.

Su título II eleva a rango legal los principios éticos y de actuación de miembros del Gobierno y altos cargos, y establece un régimen sancionador que incluye, entre otras sanciones, destitución, pérdida de pensiones indemnizatorias y prohibición de ocupar cargos públicos durante 5 a 10 años para infracciones muy graves. El Reglamento de altos cargos remite expresamente al art. 29.2.e de esta ley para tipificar como infracción el incumplimiento u ocultación en las declaraciones, lo que convierte la falta de justificación del origen de los ingresos en una conducta sancionable.

Además, el art. 8 de la Ley 19/2013, en materia de publicidad activa, obliga a publicar:

• Las retribuciones anuales de los altos cargos y las indemnizaciones por abandono del cargo.
• Las resoluciones de compatibilidad que permiten ejercer actividades privadas tras el cese.
• Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en conexión con la normativa de conflictos de intereses de la Administración General del Estado.

Con ello, la normativa de transparencia conecta la obligación de justificar el origen de ingresos con el derecho ciudadano a conocer su procedencia.

4. Diputados y senadores

Para los miembros de las Cortes Generales, la obligación de declarar bienes, rentas y actividades se establece en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, que han sido objeto de múltiples reformas parciales publicadas en el BOE (por ejemplo, reformas del Reglamento del Congreso de 2008, 2021 y 2023: reforma 2008, reforma 2021, reforma 2023; y reformas del Reglamento del Senado de 2000, 2013 y 2016: reforma 2000, reforma 2013, reforma 2016).

Aunque los extractos consultados no reproducen los artículos concretos, sí remiten a la existencia de declaraciones de bienes y actividades como instrumento obligatorio de transparencia para diputados y senadores, que se inscribe en el mismo esquema general de prevención de conflictos de intereses y de rendición de cuentas sobre el origen de sus ingresos.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre el detalle de estos preceptos reglamentarios.