Lea aquí el informe completo de la UCO sobre los ingresos de origen desconocido de Santos Cerdán

La investigación judicial sobre los movimientos económicos de Santos Cerdán sigue abierta y en fase de instrucción, articulada hoy en dos grandes frentes: la pieza del llamado caso Koldo, donde se analizan sus vínculos económicos con Servinabar y posibles comisiones en obra pública, y el denominado caso Leire Díez o de las “cloacas del PSOE”, en la Audiencia Nacional, centrado en flujos de dinero ligados al PSOE, la SEPI y una presunta red para influir en causas judiciales. En el caso Koldo, Cerdán está en libertad provisional desde noviembre de 2025, con prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y obligación de firmar quincenalmente en un juzgado, tras casi cinco meses de prisión preventiva, según detalla el Tribunal Supremo en la crónica de Demócrata y se amplía en este análisis. Paralelamente, en la Audiencia Nacional se mantienen diligencias muy intensas sobre sus entornos financiero y orgánico, con registros, bloqueo de cuentas y rastreo de pagos vinculados al partido y a empresas públicas.

1. Procedimiento en el Tribunal Supremo / caso Koldo

El origen de la investigación económica sobre Cerdán está en la causa del caso Koldo, inicialmente en el Tribunal Supremo (TS), con el magistrado Leopoldo Puente como instructor. Ya en junio de 2025 el juez lo imputó y autorizó a la UCO a investigar “todas las cuentas bancarias y productos financieros” donde figurara como titular, autorizado o representante, así como sus inmuebles y vehículos, según la pieza de Demócrata. Esa línea se reforzó con el auto que decretó su ingreso en prisión preventiva sin fianza el 30 de junio de 2025, motivado por riesgo de destrucción de pruebas y por su papel considerado de “cabecilla” de la trama, como se explica en este extenso análisis y en la noticia de contexto sobre las razones de la prisión.

En ese auto se le atribuyen provisionalmente delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción llegó a situarlo como principal responsable de una red de mordidas en adjudicaciones de obra pública, algo que también recoge la pieza explicativa sobre por qué él estuvo en prisión y José Luis Ábalos y Koldo García no, en Demócrata. Durante casi cinco meses de privación de libertad, la UCO desarrolló una investigación económico-patrimonial muy amplia sobre su entorno, cuyo resultado clave fue el informe del 11 de noviembre de 2025 que detalla cómo Cerdán y su familia se habrían beneficiado de Servinabar mediante nóminas, alquileres de vivienda en Madrid y gastos en tarjeta, según esta información y las ampliaciones sobre Servinabar en este reportaje y esta pieza económica.

En paralelo, el Supremo recibió datos del Congreso sobre reembolsos y discrepancias entre ingresos declarados y movimientos bancarios, incluidos más de 40.000 euros en gastos de viaje y diferencias relevantes entre lo declarado a Hacienda y lo que pasó por sus cuentas, según esta noticia. El PSOE también comunicó al TS más de 80 pagos en efectivo por dietas y gastos (unos 30.000 euros en metálico dentro de casi 120.000 euros en total desde 2014), según este informe.

Con ese paquete probatorio consolidado, Puente acordó el 19 de noviembre de 2025 dejarlo en libertad, pero con medidas cautelares “severas” –prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y firma quincenal–, al entender mitigado el riesgo de destrucción de pruebas, aunque con “indicios robustecidos” en su contra, como recoge esta crónica de Demócrata. Días después, el TS precisó que esas firmas debían hacerse en un juzgado de instrucción, no en el juzgado de paz de Milagro, lo que llevó a Cerdán a optar por Tafalla, según esta información y su desarrollo en esta pieza posterior.

2. Diligencias económicas en torno a Servinabar y Acciona

Una parte central de la investigación económica gira en torno a la sociedad Servinabar 2000, UTE con Acciona en diversas obras. La UCO sostiene que Cerdán llegó a ostentar un 45% de Servinabar, hallazgo documentado en registros y contratos privados, según detalla esta exclusiva y se contextualiza en piezas políticas como este artículo sobre sus relaciones con el PNV y en el foco sobre Acciona en esta crónica económica. La Guardia Civil describe un esquema donde Servinabar habría recibido un 2% de las adjudicaciones y canalizado parte de esos recursos hacia el entorno familiar de Cerdán mediante salarios y pagos a cooperativas vinculadas (Noran, Erkolan), como desarrolla Demócrata.

Para afinar ese mapa financiero, la UCO ha pedido al juez rastrear también las cuentas de exdirectivos de Acciona y de cooperativas pagadas por Servinabar desde 2014, con acceso a todos los movimientos y a los reportes de blanqueo al SEPBLAC, según detallan esta noticia y su versión ampliada [enlace]. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre la culminación de esos informes, más allá de su solicitud y de que algunos ya se habrían ido incorporando a la causa.

3. El frente paralelo del “caso Leire Díez” y la financiación del PSOE

Desde finales de 2025 y, sobre todo, en 2026, la investigación sobre los movimientos económicos vinculados a Cerdán se amplía con el llamado caso Leire Díez, ya en la Audiencia Nacional (AN). Según diversas resoluciones de los jueces Antonio Piña y Santiago Pedraz, y el atestado de la UCO resumidos por Demócrata en piezas como esta, esta otra y este resumen de sumario, se investiga una estructura que habría:

• Utilizado recursos económicos y logísticos del PSOE para financiar actuaciones de Leire Díez y otros, orientadas a “desestabilizar” causas judiciales sensibles para el partido y el Gobierno.
• Amañado contratos dependientes de la SEPI para obtener al menos 700.000 euros en comisiones, en un grupo (“Hirurok”) donde se sitúa a Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a Antxon Alonso, socio de Servinabar vinculado a Cerdán, según esta pieza y este perfil.
• Financiado presuntamente defensas jurídicas de Ábalos y Koldo a través de terceros, con participación de abogados que hoy están imputados, como explica esta información.

Dentro de estas diligencias, la UCO ha:

• Registrado la sede federal del PSOE en Ferraz y los domicilios de Cerdán y otros dirigentes, incautando contabilidad, documentación y dispositivos, según relatan esta crónica, esta otra y este parte.
• Solicitado rastrear cuentas del PSOE y del PSC, así como de una quincena de personas y sociedades, para reconstruir movimientos financieros ligados a la presunta red, según esta noticia.
• Impulsado el bloqueo de cuentas de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, consideradas piezas centrales de la operativa económica conectada con Cerdán, como recoge este documento.
• Extendido registros a empresas y organismos públicos –SEPI, Mercasa, Enusa, Correos y ministerios– en busca de documentación sobre contratos y ayudas bajo sospecha, según esta pieza y la cobertura de registros empresariales en esta otra y este perfil de Antxon Alonso.

En el marco del caso Leire Díez, Cerdán figura formalmente como investigado por una batería de posibles delitos que incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, inducción al falso testimonio y delitos contra las instituciones del Estado, según la resolución de Pedraz recogida en esta nota y el análisis más amplio de este artículo y esta pieza sobre el papel de “el One”. La UCO lo sitúa como figura central de la operativa y destaca incluso anotaciones manuscritas suyas que lo vincularían a estrategias procesales de otros investigados, según este reportaje y la síntesis del sumario en [enlace].

Como reacción, Cerdán ha difundido comunicados negando cualquier papel directivo en esa trama y denunciando una “persecución inquisitorial”, tal y como recogen esta pieza reciente y, en el ámbito político, su comparecencia en el Senado relatada en este artículo y en la nota oficial del Senado sobre la comisión del caso Koldo, disponible aquí.

4. Otras causas y estado procesal global

Al margen de esos dos grandes bloques, Cerdán tiene abiertas otras vías judiciales relacionadas de forma indirecta con sus movimientos económicos o su actividad política: una investigación por posible falso testimonio ante la comisión del Senado sobre el caso Koldo, admitida por un juzgado de Madrid según esta noticia; y su condición de investigado en la pieza sobre financiación irregular del PSOE que dio pie a los registros de Ferraz, explicada en esta crónica. Además, la UCO está mirando también facturas y pagos al abogado Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán, en relación con servicios jurídicos facturados al PSOE, según este perfil, esta información y su versión ampliada [enlace], así como su citación como investigado el 25 de junio, recogida en esta nota y su actualización [enlace].

A fecha de hoy, todas estas causas se encuentran todavía en fase de instrucción; no consta en las fuentes consultadas apertura de juicio oral ni escritos definitivos de acusación contra Cerdán. Su situación procesal combinada es, por tanto, la de investigado en varios procedimientos penales, en libertad provisional, sometido a medidas cautelares en el marco del caso Koldo y con un escenario judicial abierto y de alto riesgo penal, pero pendiente aún de decisiones de fondo sobre su eventual enjuiciamiento.

5. Otros enlaces citados en las investigaciones

Otras piezas y referencias periodísticas y audiovisuales que han contextualizado estas investigaciones y el papel de Cerdán son, entre otras, las que recogen su declaración en directo y el seguimiento de la jornada del 30 de junio de 2025 (Demócrata), los audios de Koldo que lo implican (Demócrata), el informe detallado de la UCO sobre los amaños de obras (Demócrata) y diversas piezas de otros medios o soportes como esta crónica de La Razón, vídeos explicativos en YouTube, el perfil actualizado en Wikipedia, análisis en Moncloa.com o piezas televisivas y radiofónicas como esta intervención, este seguimiento en Onda Cero, esta pieza de Antena 3, esta cobertura de laSexta, otra crónica de La Razón y este análisis en El Plural. Fuera del ecosistema de Cerdán, pero como contexto de la actuación de la UCO y de las investigaciones patrimoniales sobre responsables políticos, destacan casos paralelos como el de Alberto González Amador, recogido en esta pieza; y otras actuaciones de Fiscalía y Supremo sobre financiación y partidos, como este caso recogido por eldiario.es. Todos estos materiales ayudan a situar, en perspectiva, el tipo de escrutinio económico al que hoy están sometidos los movimientos de dinero en el entorno de Santos Cerdán.

El Tribunal Supremo tiene competencias clave sobre investigaciones de patrimonio de cargos públicos, pero no actúa como una “oficina de inspección patrimonial” general, sino como órgano jurisdiccional penal y contencioso‑administrativo con funciones muy concretas. En lo penal, la Sala Segunda instruye y enjuicia las causas contra los principales cargos aforados del Estado cuando se les imputan delitos que afectan a su patrimonio o al patrimonio público (malversación, cohecho, delitos fiscales, etc.). En lo contencioso‑administrativo, la Sala Tercera controla la legalidad de los actos y disposiciones del Gobierno y otros órganos constitucionales que puedan referirse a sanciones, responsabilidades o decisiones sobre el patrimonio de cargos públicos. Además, el Supremo unifica doctrina mediante recursos de casación y revisión, lo que fija criterios generales aplicables a estos casos.

Marco general y estructura del Tribunal Supremo

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Tribunal Supremo, con sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, y está integrado por varias Salas: Civil, Penal, Contencioso‑Administrativa, Social y Militar, entre otras (LOPJ). Esta misma ley destaca que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, ofreciendo tutela efectiva a todas las personas, lo que incluye la fiscalización judicial de decisiones que afecten al patrimonio de responsables públicos.

Competencias penales sobre altos cargos y aforados

El núcleo de la función del Tribunal Supremo en investigaciones patrimoniales se sitúa en la Sala de lo Penal. El artículo correspondiente de la LOPJ establece que la Sala Segunda conocerá:

• De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal, lo que le permite revisar sentencias de otros tribunales sobre delitos de corrupción, malversación o delitos contra la Hacienda Pública cometidos por cargos públicos.
• De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra, entre otros, Presidente del Gobierno, miembros del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Diputados y Senadores, Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Presidentes y Consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y, en su caso, autoridades autonómicas cuando así lo prevean sus estatutos (LOPJ).
• De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sea competente, lo que incide directamente en la pérdida de bienes procedentes de actividades delictivas relacionados con el patrimonio de esos cargos.

En estas causas aforadas, la propia LOPJ dispone que se designará entre los miembros de la Sala un magistrado instructor, diferente de los que integren el tribunal sentenciador. De este modo, el Supremo asume tanto la fase de investigación (instrucción) como la de enjuiciamiento cuando el investigado es uno de esos altos cargos.

Control contencioso‑administrativo de actos que afectan al patrimonio

En el ámbito contencioso‑administrativo, la LOPJ atribuye a la Sala Tercera del Tribunal Supremo el conocimiento, en única instancia, de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, así como de los órganos competentes del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, en los términos que establezca la ley (LOPJ).

Ello incluye el control de legalidad de decisiones que puedan incidir en el patrimonio o la responsabilidad patrimonial de cargos públicos (por ejemplo, expedientes sancionadores, exigencia de reintegros o responsabilidades contables canalizadas a través de actos del Gobierno u órganos constitucionales). Además, la Sala Tercera conoce de los recursos de casación y revisión en su orden, unificando doctrina en materia de responsabilidad patrimonial y sancionadora vinculada a la actuación de cargos públicos.

Responsabilidad civil de altos cargos

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conoce, entre otras materias, de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo dirigidas contra el Presidente del Gobierno, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, altos cargos de los órganos constitucionales y determinados presidentes autonómicos, cuando así lo dispongan sus estatutos (LOPJ). Estas acciones pueden referirse indirectamente a daños patrimoniales causados por su actuación, complementando el ámbito penal y contencioso.

Función de cierre y unificación de doctrina

Al ser órgano jurisdiccional superior, el Supremo ejerce una función de cierre mediante recursos de casación y revisión en lo penal y contencioso‑administrativo. En materia patrimonial de cargos públicos, esto significa que fija la interpretación definitiva de delitos de corrupción, malversación, cohecho o delitos fiscales (a través del Código Penal reformado por la Ley Orgánica 1/2015) y de las normas tributarias y de lucha contra el fraude, como la Ley 34/2015 que modifica la Ley General Tributaria.

Límites y coordinación con otros órganos

El Tribunal Supremo actúa siempre dentro de las competencias que la ley le atribuye: no inicia de oficio investigaciones patrimoniales generales, sino que conoce de causas penales o recursos contencioso‑administrativos y civiles concretos. En muchos casos, la investigación económico‑patrimonial preliminar la desarrollan Fiscalía, órganos investigadores (como la Fiscalía Europea en determinados delitos) y juzgados de instancia; el Supremo asume el asunto cuando la persona investigada es aforada a nivel estatal o cuando llega en vía de recurso.

Referencias normativas adicionales

Además de la LOPJ, el papel del Supremo se proyecta sobre reformas penales y tributarias y sobre el control de legalidad de actos administrativos y fiscales, tal como reflejan, entre otras, las siguientes disposiciones y resoluciones: Ley 27/2014, Ley 7/2012, Código Penal 1995, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía en Cataluña STC 137/2025, resoluciones de la Agencia Tributaria (resolución 27‑5‑2023, resolución 1‑4‑2016), y diversa jurisprudencia constitucional y del propio Supremo sobre competencias jurisdiccionales y casación, como las sentencias STC 18/2019, STC 58/2016, STC 121/2011 o la sentencia de la Sala Tercera de 22 de febrero de 2011 que anuló el artículo 2 de la Orden ITC/2795/2007 (sentencia TS 2011).

También se relacionan con este marco otras normas y decisiones citadas en la LOPJ o en la jurisprudencia: Ley 38/1988, Reglamento de la Carrera Judicial y sus modificaciones (1997, 2000, 2001, 2005, 2010), así como numerosas sentencias y autos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que delimitan competencias y procedimientos: STC 114/1994, STC 118/1992, STC 60/1991, ATC 363/1988, Ley 20/2011, Orden 23‑9‑1993, Orden 23‑6‑1989, Orden 20‑10‑1976, así como otras relacionadas con procedimiento laboral, tributario y de ejecución de sentencias: Ley 7/1989, Orden 9‑2‑1988, Orden 16‑9‑1987, Orden 15‑7‑1985, Resolución 29‑10‑1984, así como sentencias y autos más recientes como Auto TS 28‑9‑2021, STS 27‑7‑2020 (PRECAT20‑1), STS 27‑7‑2020 (PRECAT20‑2), corrección STC 68/1996 y corrección STC 67/1996, que encajan en este entramado competencial.

La Guardia Civil solo puede remitir informes, diligencias o atestados al Tribunal Supremo cuando actúa como policía judicial en un procedimiento penal de competencia de dicho Tribunal, y siempre bajo la dirección de jueces, tribunales o del Ministerio Fiscal. Ese marco viene dado por la Constitución (artículo 126, citado en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1986), por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por el Real Decreto 769/1987 sobre Policía Judicial. Las fuentes disponibles permiten perfilar claramente los principios (legalidad, jerarquía, subordinación, objetividad), pero no detallan formatos o plazos concretos de remisión, que se remiten a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Marco normativo básico

Los pilares legales identificados en las fuentes oficiales del BOE son:

• Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): texto LOPJ. Determina la estructura y competencias del Tribunal Supremo en el orden penal, aunque en las consultas realizadas no se han obtenido los artículos concretos sobre competencia penal.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882: texto LECrim. Regula la instrucción, la práctica de diligencias y la forma de los atestados y comunicaciones policiales, incluido su envío al órgano competente, pero las fuentes no devuelven el detalle de cada precepto.
• Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: LO 2/1986. Define el estatuto de la Guardia Civil, su condición de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y su papel como policía judicial, derivando directamente del artículo 126 de la Constitución.
• Real Decreto 769/1987, de regulación de la Policía Judicial: RD 769/1987 y su modificación por RD 54/2002. Ordena la organización y funcionamiento de las unidades de policía judicial (incluidas las de la Guardia Civil) y sus relaciones con jueces, tribunales y fiscalía.

Condición de policía judicial y principios de actuación

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1986 subraya que la regulación de la policía judicial se conecta directamente con el artículo 126 de la Constitución y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al incidir en la “averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente”. Esa misma ley declara expresamente que el Cuerpo de la Guardia Civil es, a todos los efectos, una de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con funciones de policía judicial.

Dentro de esa Ley se resaltan varios principios básicos de actuación que condicionan cualquier informe remitido al Tribunal Supremo:

• Respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, actuando siempre con adecuación al principio de legalidad.
• Subordinación a la autoridad y relevancia de los principios de jerarquía y subordinación, sin excluir la responsabilidad personal por los actos realizados.
• Neutralidad política e imparcialidad, evitando cualquier actuación arbitraria o discriminatoria, y respetando el honor y la dignidad de las personas.
• Prohibición de actos manifiestamente ilegales: el principio de obediencia debida no ampara órdenes claramente contrarias a la ley, y se obliga a evitar cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

Competencia del Tribunal Supremo y canal de remisión

Con base en la LOPJ, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y asume determinadas causas penales de especial relevancia. Para que la Guardia Civil remita directamente informes o diligencias al Supremo es necesario:

• Que la causa esté atribuida a la competencia del Tribunal Supremo (por razón de la persona investigada o de la materia).
• Que la actuación se realice como policía judicial, bajo la dirección de la Sala o, más habitualmente, del juez instructor o de la Fiscalía competente en esa causa.

En la práctica, y según el esquema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Guardia Civil no “elige” al Tribunal Supremo, sino que remite los atestados y diligencias al juez o fiscal territorialmente competente; serán estos quienes eleven ulteriormente las actuaciones al Tribunal Supremo cuando aprecien su competencia. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre fórmulas excepcionales de remisión directa.

Forma, contenido y custodia de los informes

Las normas analizadas no detallan, en los fragmentos disponibles, un modelo cerrado de atestado para el Tribunal Supremo, pero de la combinación de la LECrim, la LO 2/1986 y el RD 769/1987 se desprenden estos requisitos generales:

• Documentación escrita de las diligencias practicadas, describiendo objetivamente hechos, indicios, pruebas y personas afectadas, sin valoraciones partidistas.
• Respeto a los derechos fundamentales (intimidad, honor, presunción de inocencia), en línea con los principios de legalidad y deontología profesional recogidos en la LO 2/1986.
• Custodia de efectos y pruebas hasta su puesta a disposición judicial, asegurando la cadena de custodia según las exigencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Remisión por los cauces procesales previstos en la LECrim (normalmente, a través del juez instructor o de la Fiscalía), respetando los plazos legales de instrucción, hoy modificados por normas como la Ley 2/2020.

En resumen, los “requisitos legales” no se traducen en un formulario especial para el Tribunal Supremo, sino en la combinación de: competencia objetiva del órgano, actuación como policía judicial subordinada a jueces y fiscales, respeto estricto a los principios de legalidad, imparcialidad y jerarquía, y observancia de las formas y cauces de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre plazos específicos o formatos normalizados de remisión dirigidos en exclusiva al Tribunal Supremo.