Marruecos ha elevado este jueves el tono frente a España en plena crisis por Ceuta. El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí ha advertido de que una "ceguera estratégica" sobre la relación entre ambos países puede convertirla en "una fuente de desconfianza crónica y de tensiones recurrentes", al tiempo que ha rechazado cualquier responsabilidad de Rabat en la entrada irregular de más de 70.000 personas registrada a finales de julio.
El comunicado llega en un momento especialmente sensible. España acaba de hacer pública documentación de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de sus servicios de inteligencia sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio y, este mismo jueves, el Congreso ha dado luz verde a la proposición de ley que facilitará la nacionalidad española a determinados saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española.
Rabat carga contra el tratamiento político de ambos asuntos y acusa a los partidos españoles de utilizar Marruecos en sus enfrentamientos internos. El Gobierno marroquí lamenta que formaciones "históricas" hayan caído en un "lodazal en el que la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común".
Rabat niega su implicación en Ceuta
El Gobierno marroquí rechaza que las informaciones conocidas en España permitan responsabilizar a sus autoridades de lo ocurrido en la frontera.
"¿Por qué mantener la acusación contra Marruecos cuando ningún dato, hecho o informe acredita implicación alguna de las autoridades marroquíes?", plantea Exteriores.
La afirmación llega después de que la documentación española conocida durante las últimas semanas haya recogido diferentes valoraciones sobre el comportamiento de las fuerzas marroquíes durante la crisis.
Los informes no mantienen una única interpretación sobre las causas de esa actuación. Parte de la documentación manejó diferentes hipótesis y llegó a considerar poco probable una connivencia deliberada de Marruecos, mientras otros documentos constataron posteriormente "pasividad" y "negligencia" de las fuerzas marroquíes durante las horas críticas.
La Guardia Civil dejó escrito el 30 de julio que hasta el día anterior se había detectado "proactividad y colaboración adecuada" por parte de las fuerzas marroquíes, pero que durante la crisis se observaba "pasividad". El propio documento señalaba que se desconocía si esa falta de actuación era coyuntural o si "obedece a instrucciones concretas".
Un análisis de inteligencia militar fechado aquel mismo día estimó, por su parte, que era "muy probable" que las autoridades marroquíes no estuvieran favoreciendo activamente la oleada, aunque consideraba que habían actuado hasta entonces de manera "negligente y pasiva".
La posición de Rabat choca también con otras investigaciones sobre la actuación de sus fuerzas de seguridad que apuntan en una dirección distinta y que están siendo objeto de investigación judicial. Por ahora, no existe una conclusión judicial firme que establezca la responsabilidad de Marruecos en los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
Marruecos carga contra las decisiones de España
El comunicado no se limita a la crisis fronteriza. Rabat muestra también su malestar con determinadas decisiones adoptadas en España y considera "lamentable" que instituciones legislativas y judiciales hayan impulsado "iniciativas desafortunadas" que, a su juicio, "allanan el camino a la desavenencia".
El pronunciamiento se conoce prácticamente al mismo tiempo que el Congreso ha aprobado la proposición de ley sobre la nacionalidad de los saharauis.
La iniciativa, impulsada inicialmente por Sumar y pactada posteriormente con el PSOE, contempla la existencia de "circunstancias excepcionales" para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a determinados saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977.
El asunto toca uno de los principales puntos de fricción histórica entre Madrid y Rabat. Marruecos reivindica la soberanía sobre el Sáhara Occidental y España modificó en 2022 su posición tradicional al considerar el plan marroquí de autonomía como la base "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto.
"No aceptamos ser el chivo expiatorio"
Marruecos reclama además que la crisis de Ceuta no termine contaminando el modelo de cooperación construido entre ambos países durante los últimos años.
Según Exteriores, la cooperación migratoria entre España y Marruecos "siempre ha sido coordinada y eficaz". Rabat admite, no obstante, que lo sucedido en julio requiere "un examen exhaustivo" para determinar las circunstancias de la crisis, identificar posibles injerencias y denunciar eventuales manipulaciones.
El Gobierno marroquí dirige además parte de sus preguntas directamente hacia la actuación española posterior a la entrada masiva.
"¿Por qué no se devuelve a los migrantes irregulares, cuando el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos?", plantea. Rabat pregunta igualmente por qué los menores no acompañados permanecen separados de sus familias pese a que, según sostiene, Marruecos ha reclamado su retorno.
"La respuesta a estas preguntas no debe buscarse en Marruecos, sino entre los actores españoles implicados", sostiene el comunicado.
Rabat termina rechazando que el país vecino sea utilizado en la batalla política española: "Marruecos se niega a convertirse en un instrumento electoral y tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos".