Qué contiene la lista de periodistas de Interior que Marlaska define como un "documento de trabajo"

El ministro del Interior es un miembro del Gobierno al que la normativa atribuye la dirección política y la máxima responsabilidad sobre las políticas de seguridad interior del Estado. Sus funciones derivan, de forma general, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y, de forma específica, de la normativa de organización de la Administración General del Estado y de la estructura del propio Ministerio.

Con carácter general, la Ley 50/1997 (texto en el BOE) establece que los ministros, como titulares de su departamento, deben:

• Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento, de acuerdo con las directrices del presidente del Gobierno y los acuerdos del Consejo de Ministros.
• Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento (proponer y firmar reales decretos y órdenes ministeriales).
• Ejercer las competencias que les atribuyan las leyes y las normas de organización y funcionamiento del Gobierno.
• Refrendar, cuando proceda, los actos del Rey en materias de su competencia.

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (texto en el BOE) completa este marco fijando los principios de actuación de los órganos superiores (ministros y secretarios de Estado): responsabilidad por la dirección de la política pública en su ámbito, jerarquía sobre los órganos directivos, coordinación interna, impulso de la actividad administrativa y rendición de cuentas.

Sobre esta base general, las funciones concretas del ministro del Interior se precisan en los reales decretos de estructura orgánica. El Real Decreto 139/2020, de 28 de eneroReal Decreto 146/2021, de 9 de marzo (texto en el BOE) sitúan al Ministerio del Interior como responsable de la política de seguridad pública y de la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En materia de seguridad ciudadana y orden público, el ministro:

• Define la política de seguridad interior y fija las grandes líneas de actuación frente a la delincuencia, el terrorismo y otros riesgos para el orden público.
• Dirige, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, la planificación de estrategias específicas contra la criminalidad, la elaboración de instrucciones y planes directores y la supervisión de su ejecución por los distintos cuerpos policiales.
• Impulsa la elaboración y explotación de la estadística nacional de criminalidad y los informes periódicos sobre su evolución, como base para decisiones políticas y normativas.

En relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los reales decretos citados atribuyen al ministro la jefatura política del Departamento del que dependen los órganos directivos policiales. A través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, le corresponde coordinar su actuación, fijar prioridades, aprobar planes de seguridad y supervisar la organización de medios y efectivos.

El ministro también asume competencias relevantes en cooperación policial internacional y en la relación con las policías autonómicas y locales. La Dirección General de Coordinación y Estudios, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, actúa como órgano de apoyo para la coordinación con policías autonómicas y policías locales, para la participación en redes y agencias europeas de formación y cooperación policial y para el mantenimiento de contactos operativos con otros Estados.

En el ámbito de la protección civil e infraestructuras críticas, la estructura orgánica del Ministerio atribuye a órganos dependientes del ministro la preparación y ejecución de planes de protección de la población ante emergencias graves, así como la coordinación del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. El ministro, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Dirección General de Coordinación y Estudios, impulsa las políticas de prevención, prepara los planes generales y coordina con otros ministerios y administraciones territoriales.

La normativa de estructura también asigna al Ministerio del Interior funciones en ciberseguridad interna, canalizadas mediante la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Bajo la responsabilidad política del ministro, este órgano actúa como punto de contacto nacional para el intercambio de información con la Comisión Europea y otros Estados en materia de ataques a sistemas de información y coordina técnicamente la ciberseguridad en el ámbito del ministerio y sus organismos.

En el terreno de la extranjería y la cooperación policial en materia migratoria, el Real Decreto 146/2021 destaca la existencia de una Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería bajo la Secretaría de Estado de Seguridad. A través de ella, el ministro orienta la política de cooperación policial en fronteras, coordinación con otros países y organismos internacionales y participación en dispositivos de control de flujos migratorios y lucha contra las redes de tráfico de personas, sin perjuicio de las competencias de otros ministerios en política migratoria y asilo.

Por último, la estructura del Ministerio del Interior incorpora funciones específicas de prevención y protección de colectivos vulnerables (violencia de género, delitos de odio, personas desaparecidas), canalizadas a través de la Dirección General de Coordinación y Estudios y del CITCO. Bajo la responsabilidad del ministro, estos órganos elaboran estadísticas, diseñan protocolos comunes, impulsan campañas y coordinan la actuación de las fuerzas de seguridad y otros actores públicos y privados implicados.

Fernando Grande-Marlaska Gómez es un magistrado de la Audiencia Nacional que desde hace años ejerce como ministro del Interior en el Gobierno de España. Su figura combina una larga trayectoria en la carrera judicial con una intensa exposición política, especialmente en materias de seguridad, política migratoria y cooperación policial internacional. Además, se ha convertido en una referencia de visibilidad LGTBI dentro de las instituciones del Estado.

En el plano judicial, Grande-Marlaska procede de la carrera de la Judicatura y alcanzó la condición de magistrado de la Audiencia Nacional, uno de los órganos centrales de la jurisdicción penal en España. Diversas informaciones de prensa, recogidas por el diario Demócrata, recuerdan que, cuando ejercía como juez en la Audiencia Nacional, instruyó procedimientos de gran relevancia, como el denominado “caso Faisán”, en el que dictó una providencia ordenando a los agentes de policía informar exclusivamente a su juzgado en el marco de la investigación sobre un chivatazo policial vinculado al entorno de ETA. Ese tipo de actuaciones lo situó en el núcleo de la jurisdicción penal especializada y le otorgó una sólida reputación como juez de causas complejas.

Su vínculo con la Audiencia Nacional aparece también en su etapa posterior como miembro del Gobierno. En una carta dirigida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mencionada por Demócrata, el propio Grande-Marlaska subraya su “doble condición de ministro del Interior y magistrado”, reivindicando tanto el respeto a la independencia judicial como la necesidad de que el Gobierno disponga de información relevante para la seguridad nacional. Esta referencia refleja que, aun siendo ministro, mantiene vivo su perfil de jurista y juez de carrera, lo que condiciona su discurso público sobre la relación entre Interior, la Policía y los tribunales.

En el ámbito político y gubernamental, la base de stakeholders consultada lo identifica como ministro del Interior del Gobierno de España, cargo que sigue ejerciendo en la actualidad. La agenda y las notas de prensa de La Moncloa y del Ministerio del Interior muestran una actividad sostenida en el plano interno y europeo: participa de forma habitual en los consejos de ministros de Interior de la Unión Europea, reuniones del Consejo de Justicia e Interior (JAI) y conferencias internacionales sobre terrorismo, crimen organizado, seguridad vial o cooperación migratoria. Ejemplos de ello son su intervención en la Conferencia de Embajadores, sus comparecencias ante el Consejo de Ministros de Interior de la UE o su presencia en foros multilaterales sobre movilidad segura y lucha contra el crimen organizado, recogidos en numerosas notas de prensa del departamento de Interior y de La Moncloa, como la relativa al bicentenario de la Policía Nacional (nota de prensa sobre la Policía Nacional).

Además de su papel ejecutivo, la base parlamentaria consultada muestra que está registrado como diputado/autor y que ha ocupado distintos cargos en comisiones del Congreso de los Diputados, incluyendo puestos de vocal, portavoz y miembro adscrito en comisiones sectoriales (como igualdades, industria, cultura o seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género). Aunque estos cargos no son los que más visibilidad pública le han dado, sí indican una dimensión parlamentaria complementaria a su rol gubernamental, con presencia en órganos de control y trabajo legislativo.

Como ministro del Interior, Grande-Marlaska ha estado en primera línea de debates muy sensibles: la gestión de crisis migratorias, la cooperación con países del Sahel y del Magreb, la participación en dispositivos de Frontex y la coordinación con otros Estados miembros de la UE en materia de seguridad. Las notas de prensa oficiales señalan sus reiterados llamamientos a reforzar la “estrategia preventiva” en política migratoria, la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y la modernización de infraestructuras policiales y fronterizas. También ha protagonizado controversias políticas e institucionales, por ejemplo en torno a investigaciones judiciales sobre la crisis migratoria de Ceuta o sobre decisiones de determinados jueces, lo que ha dado lugar a cruces de cartas y quejas formales entre Interior y el CGPJ, ampliamente cubiertos por Demócrata.

En el plano personal y simbólico, su figura ha tenido impacto en la normalización de la diversidad dentro de las élites institucionales. Un reportaje de Demócrata sobre líderes clave en la evolución de los derechos LGTBI en España destaca a Grande-Marlaska como “juez y ministro del Interior” que “rompió tabúes” en el Poder Judicial al hablar abiertamente de su orientación sexual. Según ese texto, en octubre de 2005, siendo magistrado de la Audiencia Nacional, hizo pública su homosexualidad y contrajo matrimonio con su pareja, lo que lo convirtió en una referencia de visibilidad LGTBI dentro de la judicatura y, posteriormente, en el Gobierno.

En conjunto, la trayectoria de Fernando Grande-Marlaska se articula en tres ejes: una carrera judicial consolidada en la Audiencia Nacional, marcada por la instrucción de casos sensibles; una etapa política de alto perfil como ministro del Interior, con fuerte presencia europea y protagonismo en debates sobre seguridad, migración y cooperación policial; y un papel simbólico como figura que ha contribuido a visibilizar al colectivo LGTBI en las instituciones del Estado. Esta combinación de experiencia jurídica, responsabilidad ejecutiva y dimensión pública explica su relevancia en la vida política y judicial española de los últimos años.

En el Congreso, Sumar dispone de varios instrumentos reglamentarios para exigir explicaciones formales a un ministro. Todos ellos se rigen por el mismo Reglamento que para el resto de grupos; lo relevante no es tanto el partido concreto como el hecho de ser un Grupo Parlamentario con sus diputadas y diputados.

1. Quién puede activar estos mecanismos desde Sumar

• Cada diputada o diputado de Sumar puede, a título individual, presentar preguntas (escritas u orales) y también interpelaciones (art. 180 y 185).
• El Grupo Parlamentario Sumar como tal (a través de su portavocía) puede presentar interpelaciones y solicitar comparecencias.
• La distribución interna de turnos (quién firma qué, en qué comisión, etc.) se decide políticamente dentro del grupo, pero hacia la Cámara basta con que firme un diputado o la portavocía.

2. Papel de la Mesa del Congreso

Todos los escritos de índole parlamentaria (interpelaciones, preguntas, solicitudes de comparecencia) se dirigen a la Mesa del Congreso. Según el artículo 31, la Mesa:

• Califica los escritos “con arreglo al Reglamento” y decide su admisión o inadmisión.
• Determina la tramitación que sigue cada iniciativa (Pleno, comisión, tipo de sesión, etc.).
• Si el grupo discrepase de una decisión de la Mesa sobre admisión o tramitación, puede pedir reconsideración; la Mesa resuelve definitivamente, oída la Junta de Portavoces.

No se exige mayoría parlamentaria para presentar estos instrumentos; la mayoría entra en juego sólo en eventuales votaciones posteriores (por ejemplo, mociones derivadas de interpelaciones o resoluciones tras comparecencias).

3. Interpelaciones al Gobierno o a un ministro

• Las pueden formular diputados y diputadas o los Grupos Parlamentarios (incluido Sumar) al Gobierno o a un ministro concreto (art. 180).
• Se presentan por escrito ante la Mesa y deben versar sobre “los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general” de un departamento o del Gobierno (art. 181.1).
• La Mesa califica el texto y, si no encaja como interpelación, puede reconducirlo a pregunta oral o escrita, comunicándolo al autor (art. 181.2).
• Transcurridos 15 días desde su publicación, la interpelación puede incluirse en el orden del día del Pleno (art. 182.1), siguiendo un sistema de cupos por grupo.
• El Pleno celebra el debate de la interpelación, con turno de exposición del interpelante, respuesta del Gobierno y réplicas (art. 183).
• La interpelación puede dar lugar a una moción donde la Cámara fije posición (art. 184), que se debate y vota como proposición no de ley. Ahí sí se requiere mayoría simple para aprobarla.

4. Preguntas al ministro

4.1 Preguntas con respuesta por escrito

• Cualquier diputada o diputado de Sumar puede registrarlas.
• Se presentan por escrito a la Mesa (art. 186) y, si no se indica otra cosa, se entiende que se pide respuesta escrita (art. 187).
• La Mesa admite o inadmite según criterios del Reglamento (interés general, no ser mera consulta jurídica, etc.).
• El Gobierno debe responder en 20 días desde la publicación, prorrogables otros 20 con autorización de la Mesa (art. 190.1).
• Si no contesta en plazo, a petición del autor la pregunta puede pasar a comisión como pregunta oral (art. 190.2).

4.2 Preguntas orales en Pleno

• Se presentan por escrito indicando que se pretende respuesta oral en Pleno (art. 187 y 188).
• Han de formular una sola cuestión, de manera escueta, y se presentan con la antelación fijada por la Mesa (entre 48 horas y 7 días antes, art. 188.1).
• La Mesa califica; la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija el cupo de preguntas y su distribución por grupos (art. 188.2).
• En el Pleno, el diputado de Sumar formula brevemente la pregunta, responde el ministro, puede haber réplica y contra-réplica, con un tiempo total máximo de cinco minutos (art. 188.3).

4.3 Preguntas orales en comisión

• Se registran también como preguntas, indicando que se pretende respuesta oral en la comisión competente (art. 187 y 189).
• Tras siete días desde su publicación, están en condiciones de ser incluidas en el orden del día de la comisión (art. 189.1).
• El formato de debate es similar, con tiempos algo más amplios (10 minutos iniciales y 5 de réplica, art. 189.2).

5. Comparecencias de ministros

Hay dos vías:

• Comparecencias a petición propia del Gobierno: el propio ministro pide comparecer ante pleno o comisión; la Mesa y la Junta de Portavoces ordenan su inclusión en el calendario. No requiere mayoría específica para que el Gobierno pida venir.
• Comparecencias a petición de grupo: Sumar puede registrar solicitudes de comparecencia de un ministro en la comisión competente o, en su caso, ante el Pleno. La Mesa las califica y, según el caso, se someten a acuerdo del órgano correspondiente:
  • En comisión, suele bastar acuerdo mayoritario de la comisión para obligar a la comparecencia.
  • En Pleno, el asunto puede articularse a través de debates o mociones que se votan por mayoría simple.

6. Efectos políticos

Todos estos mecanismos tienen en común que obligan al Gobierno a dar explicaciones públicas y formales en sede parlamentaria, generan acta y publicidad oficial, y permiten a Sumar:

• Forzar aclaraciones sobre decisiones o inacciones del ministro.
• Fijar posición política propia y someter al Gobierno al escrutinio del resto de grupos.
• En el caso de interpelaciones y comparecencias, desencadenar votaciones (mociones, resoluciones) que, aunque no sean jurídicamente vinculantes, tienen un fuerte efecto político.