La Comisión Europea ha puesto en marcha esta semana la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés), el principal instrumento de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante un precio al carbono. El paquete legislativo, presentado por la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, establece una reducción gradual de los límites de emisiones, abre la puerta a una transición más asumible para la industria mediante la subasta de permisos y la integración de mecanismos de eliminación de carbono, y redefine el sistema de asignación gratuita de derechos para vincularlo directamente a inversiones verificables en descarbonización.
La propuesta también introduce modificaciones en la Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR) para evitar tensiones en un mercado del carbono que será progresivamente más pequeño conforme avancen los objetivos climáticos. Con ello, Bruselas pretende mantener un equilibrio entre una señal de precios suficientemente fuerte para impulsar la transición energética y una mayor estabilidad que permita a las empresas planificar sus inversiones a largo plazo.
El objetivo del Ejecutivo comunitario durante la larga tramitación de la iniciativa —cuya presentación pública se ha retrasado casi dos horas respecto al horario previsto este viernes— ha sido alinear el ETS con la nueva meta climática europea de reducir un 90% las emisiones netas para 2040. La reforma plantea un nuevo límite máximo de emisiones ("cap") considerablemente más exigente, aunque con una senda de reducción progresiva para, según la Comisión, "permitir una transición manejable" para la industria europea.
"Es una propuesta que mantiene una fuerte señal de precios para seguir guiando las inversiones para abandonar los combustibles fósiles y llevar productos limpios al mercado. Sigue poniendo un precio al carbono y reafirma la confianza para invertir en Europa", defendió Teresa Ribera durante la presentación del paquete.
Las palabras de la vicepresidenta comunitaria coinciden con la posición defendida esta misma semana por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien remitió una carta a Bruselas en la que calificaba el sistema ETS como "la piedra angular" de la política climática europea y reclamaba preservar su integridad durante la revisión.
Menos emisiones, pero con una transición gradual
La Comisión propone que el límite máximo de emisiones permitido por el sistema se reduzca un 3,7% anual entre 2031 y 2035, mientras que a partir de 2036 la reducción anual será del 1,7%.
En Bruselas defienden que esta trayectoria permitirá mantener las subastas de derechos de emisión mucho más allá de 2040, garantizando liquidez en el mercado y evitando una desaparición prematura del mecanismo. El planteamiento responde a una de las principales preocupaciones tanto de la industria como de los operadores financieros: mantener un mercado suficientemente profundo que siga generando una señal de precio estable y predecible para incentivar las inversiones bajas en carbono.
Sin embargo, la verdadera clave política y económica de la reforma no reside únicamente en reducir el número de derechos disponibles, sino en cambiar profundamente la filosofía del sistema. La Comisión quiere que el ETS deje de ser percibido únicamente como un mecanismo para pagar por contaminar y pase a convertirse en un instrumento que permita seguir emitiendo únicamente a cambio de inversiones reales en descarbonización.
En otras palabras, Bruselas mantiene la posibilidad de que determinadas industrias continúen emitiendo CO₂ durante la transición, pero condiciona esa flexibilidad a compromisos verificables de reducción de emisiones mediante inversiones verdes. El mensaje del Ejecutivo comunitario es claro: quien quiera seguir disponiendo de derechos de emisión deberá demostrar que está transformando su proceso productivo.
Carbono capturado y créditos internacionales
Con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad a los sectores más difíciles de descarbonizar, la Comisión incorpora dos novedades especialmente relevantes. Por un lado, más de 200 millones de toneladas de absorciones permanentes de carbono domésticas y de alta calidad podrán integrarse en el ETS para compensar emisiones residuales que resulten técnicamente inevitables.
Además, entre 2036 y 2040 se permitirá utilizar hasta 260 millones de toneladas de créditos internacionales de alta integridad, equivalentes aproximadamente al 5% de las emisiones registradas por la Unión Europea en 1990, como complemento a los esfuerzos domésticos de reducción. Bruselas insiste en que estos mecanismos no sustituirán la reducción de emisiones dentro de la Unión, sino que actuarán únicamente como instrumentos complementarios para facilitar la transición en aquellos sectores industriales donde todavía no existan alternativas tecnológicas plenamente maduras.
Otro de los pilares de la reforma afecta a la Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR), creada precisamente para corregir los desequilibrios entre la oferta y la demanda de derechos de emisión. La Comisión propone reducir la tasa de absorción automática de derechos desde el mercado hacia la reserva del 24% al 12% a partir de 2028, al considerar que el mercado entrará en una nueva fase caracterizada por un menor volumen de permisos disponibles. Asimismo, Bruselas plantea dejar de invalidar automáticamente los derechos acumulados dentro de la reserva, permitiendo que ésta aumente progresivamente de tamaño para poder intervenir en el futuro si se produjeran episodios de elevada volatilidad o tensiones de liquidez.
El objetivo es evitar fluctuaciones excesivas del precio del carbono que puedan generar incertidumbre tanto para la industria como para los inversores.
Los derechos gratuitos estarán condicionados a inversiones verdes
Uno de los cambios más importantes de la propuesta afecta al sistema de asignación gratuita de derechos de emisión, que experimentará una transformación profunda.A partir de 2031, la distribución gratuita dejará de concederse automáticamente y evolucionará hacia un modelo bautizado por la Comisión como "derechos para la inversión".
Las empresas únicamente podrán conservar estos permisos gratuitos si presentan planes de inversión en descarbonización verificados. El nuevo esquema prevé que las compañías reciban inicialmente el 80% de los derechos gratuitos una vez publicados sus planes de inversión. El 20% restante solo será concedido cuando las autoridades competentes verifiquen que esas inversiones se han ejecutado correctamente y que han producido una reducción efectiva de las emisiones.
Se trata de uno de los cambios regulatorios más relevantes de toda la reforma, ya que el derecho a seguir emitiendo quedará directamente ligado al cumplimiento de objetivos de modernización industrial. La Comisión pretende así garantizar que los recursos públicos implícitos en la asignación gratuita de permisos se traduzcan en inversiones reales y no únicamente en una reducción de costes para las empresas.
De forma paralela, los valores de referencia para calor y combustible se actualizarán durante los próximos cuatro años con el objetivo de ofrecer una mayor protección frente al riesgo de fuga de carbono. Según los cálculos comunitarios, esta medida aportará una flexibilidad financiera valorada en alrededor de 6.000 millones de euros. "Sí se permite más flexibilidad, pero el dinero tiene que quedarse en Europa", subrayó el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, durante la presentación de la propuesta.
Más financiación para acelerar la descarbonización
La reforma incorpora igualmente un importante refuerzo de los instrumentos financieros destinados a acelerar la transformación industrial. La Comisión propone crear un Banco de Descarbonización Industrial, dotado con 400 millones de derechos de emisión, capaz de movilizar hasta 100.000 millones de euros durante la próxima década mediante subastas competitivas y contratos por diferencia de carbono.
A ello se sumará el denominado Investment Booster, un mecanismo que permanecerá operativo durante los tres próximos años y que financiará proyectos industriales mediante primas fijas por tonelada de CO₂ evitada, con el objetivo de acelerar la ejecución de inversiones que actualmente encuentran dificultades para acceder a financiación.
Asimismo, tanto el Fondo de Innovación como el Fondo de Modernización ampliarán su alcance y reforzarán su capacidad financiera para impulsar tecnologías punteras y facilitar la modernización energética de los Estados miembros con menor renta.
Más sectores dentro del ETS
La propuesta también amplía progresivamente el alcance sectorial del mercado europeo del carbono. En el ámbito de la aviación, el sistema pasará a cubrir, a partir de 2029, los vuelos con destino a países situados en un radio de 5.000 kilómetros de la Unión Europea, una medida que irá acompañada de un mayor apoyo a los combustibles sostenibles de aviación (SAF). "No exigimos nada a nadie que no nos estemos exigiendo a nosotros mismos", afirmó Hoekstra al defender esta ampliación.
En el transporte marítimo, Bruselas propone reforzar el sistema incorporando embarcaciones de menor tamaño y creando el mecanismo SMAP, destinado a reinvertir parte de los ingresos obtenidos del propio sector marítimo en proyectos de descarbonización del transporte naval. Por último, la Comisión plantea incorporar de forma gradual la incineración de residuos municipales entre 2031 y 2034, estableciendo un sistema de cumplimiento progresivo que comenzará con una obligación equivalente al 25% de las emisiones en 2031 y alcanzará el 100% en 2034.
Con esta reforma, la Comisión Europea busca mantener el ETS como el principal motor económico de la política climática europea, pero modificando sustancialmente su funcionamiento. La lógica deja de ser únicamente pagar por contaminar para evolucionar hacia un sistema en el que la posibilidad de seguir emitiendo durante la transición queda condicionada a demostrar inversiones tangibles en descarbonización, reforzando así el vínculo entre competitividad industrial, financiación verde y cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión Europea.