La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confía en que la Ley para la protección de los menores en entornos digitales pueda quedar aprobada «a la vuelta del verano», una vez concluya su tramitación parlamentaria y se incorporen las últimas aportaciones de los grupos.
La norma pretende reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de determinadas plataformas digitales y contempla restricciones de acceso para los menores de 16 años cuando las redes sociales no puedan garantizar un entorno seguro.
«La ley está ahora mismo en trámite parlamentario y se están trabajando ya estas últimas aportaciones que se han hecho para ceñir mejor la ley», ha explicado Rego en una entrevista concedida a Europa Press antes de la crisis migratoria registrada en Ceuta.
La ministra considera que la futura legislación supondrá «un punto de inflexión» en la protección de los derechos de niños y niñas en internet.
Rego pone el foco en las grandes plataformas
Uno de los principales objetivos del Gobierno es trasladar la responsabilidad de la protección de los menores desde las familias hacia las propias empresas tecnológicas.
Rego sostiene que el Ejecutivo ha realizado «un esfuerzo» para «situar la responsabilidad donde corresponde», es decir, en las grandes plataformas digitales.
«Esto no puede seguir siendo la ley de la selva», ha afirmado la ministra, que defiende que sean las redes sociales quienes tengan que garantizar que sus servicios sean seguros para los menores.
Según Rego, no deberían ser los padres quienes tengan que asumir en solitario el control de los riesgos derivados de algoritmos, contenidos o mecanismos diseñados por las compañías tecnológicas.
«Son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y, por tanto, el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias», ha señalado.
La CNMC tendrá que autorizar el acceso de menores
PSOE y Sumar han pactado una enmienda que introduce nuevas obligaciones para las plataformas digitales.
Las empresas tendrán que acreditar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sus servicios cumplen determinadas condiciones de protección.
Entre ellas, deberán demostrar que no emplean diseños adictivos, que no exponen a los menores a contenidos o conductas perjudiciales, que protegen adecuadamente su privacidad y que disponen de herramientas eficaces contra contactos no deseados.
En caso de no adaptar sus servicios y de no contar con autorización expresa de la CNMC, las plataformas no podrán permitir el acceso a menores de 16 años.
La medida supone, por tanto, algo más complejo que una prohibición general de las redes sociales para todos los menores de esa edad: el acceso estará condicionado al cumplimiento de determinados requisitos de seguridad.
«Regulación» antes que «prohibición»
La propia Rego ha querido matizar el alcance de la norma y asegura ser «partidaria de hablar de regulación más que de prohibición».
A su juicio, mientras se avanza hacia un modelo regulado, las administraciones deben ser más exigentes con la entrada de niños y adolescentes en determinados entornos digitales.
La ministra denuncia que buena parte del ecosistema digital funciona actualmente bajo una especie de «ley de la jungla», con algoritmos opacos y escasa transparencia sobre los criterios que determinan qué contenidos reciben los usuarios.
Rego sostiene que esa falta de control resulta especialmente problemática cuando afecta a menores de edad.
Salud mental, atención y patrones adictivos
La ministra también ha señalado los efectos que algunos especialistas vinculan con el uso intensivo o desregulado de determinadas plataformas.
Entre los problemas citados se encuentran las consecuencias sobre la salud mental, la capacidad de atención o la fijación de conocimientos.
Rego advierte además de la existencia de plataformas diseñadas para generar patrones de consumo compulsivo o adictivo, uno de los elementos que la futura ley pretende limitar.
Por ello, considera que la intervención pública no puede limitarse a establecer una edad mínima.
Acompañamiento a familias y alternativas al entorno digital
Juventud e Infancia plantea complementar la regulación con medidas educativas y de acompañamiento.
Rego apuesta por desarrollar «mecanismos de pedagogía» para las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, y por fomentar alternativas de ocio y socialización alejadas de las pantallas. La ministra rechaza, no obstante, un veto absoluto a la tecnología.
«No se trata» de decir un «no radical» al entorno digital ni de adoptar «posiciones maximalistas de rechazo», ha defendido. El objetivo, según explica, es que la incorporación de niños y adolescentes a estos espacios sea gradual, acompañada y con garantías, adaptándose también a su proceso de maduración.
El marco europeo ha limitado la ambición inicial de la ley
Rego reconoce que el Gobierno partía de una posición más exigente, pero asegura que la normativa europea ha obligado a rebajar parte de las aspiraciones iniciales del proyecto.
La ministra considera que todavía habrá que esperar al texto definitivo para conocer con precisión hasta dónde llegarán las obligaciones impuestas a las plataformas.
Además, una vez aprobada la ley será necesario elaborar un reglamento de desarrollo que concrete su aplicación práctica. La normativa se integrará, según Rego, dentro de un conjunto más amplio de reformas vinculadas al nuevo ecosistema tecnológico.
Entre ellas ha citado la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, la reforma del derecho al honor o el Estatuto del Artista, que regula también la participación de menores de 16 años en determinadas actividades artísticas.
España busca coordinación con otros países
La ministra defiende asimismo que la protección de los menores en internet no puede abordarse únicamente mediante normas nacionales.
«No basta con normas a nivel estatal», ha asegurado, reclamando una mayor coordinación internacional para avanzar hacia una gobernanza global del entorno digital.
Rego sostiene que existe una preocupación creciente en numerosos países, independientemente del signo político de sus gobiernos, por establecer límites a las grandes plataformas.
La cuestión afecta especialmente a las redes sociales y a la forma en la que estas compañías diseñan sus algoritmos, captan la atención de los usuarios o gestionan los datos de los menores.
Francia también intenta limitar las redes sociales a menores
España no es el único país europeo que intenta endurecer las reglas. A finales de julio, el Parlamento francés aprobó una norma destinada a prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años.
Sin embargo, el Consejo Constitucional francés anuló la ley el pasado 14 de agosto al considerar que la medida era desproporcionada y que afectaba al derecho a la libertad de expresión y comunicación.
Tras esa decisión, el presidente francés, Emmanuel Macron, encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, la elaboración de una nueva redacción que sea jurídicamente compatible con el fallo y con el marco europeo. El objetivo del Ejecutivo francés continúa siendo sacar adelante la reforma antes de la primavera de 2027.
La ley española encara su tramo final
En España, la futura Ley para la protección de los menores en entornos digitales encara ahora su última fase parlamentaria.
Rego confía en que el texto pueda recibir luz verde después del verano, aunque todavía deberá superar el proceso de enmiendas y cerrar definitivamente algunos de sus elementos.
El cambio fundamental que plantea la norma es trasladar el centro de la responsabilidad: las plataformas deberán demostrar que sus servicios son seguros para los menores y, si no lo hacen, no podrán abrirles la puerta antes de los 16 años.