La prevención de incendios forestales debe funcionar durante los doce meses del año. No es una reivindicación nueva ni una opción para las comunidades autónomas: la Ley de Montes obliga a todas ellas a aprobar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción que se apliquen de forma continua. La movilización convocada este viernes por más de 60 colectivos en Castilla y León abre, sin embargo, otra pregunta: cuánto dinero se emplea realmente antes de que aparezcan las llamas. Y ahí la respuesta es mucho menos sencilla.
Más de 60 asociaciones y organizaciones agrupadas en la plataforma Nuestra Tierra Vuelve a Arder han convocado movilizaciones este viernes 21 de agosto en distintos puntos de Castilla y León. Reclaman, entre otras medidas, plantillas estables de bomberos forestales, mejores condiciones laborales, servicios públicos de extinción, prevención durante todo el año y una gestión del territorio que reduzca el riesgo antes del verano.
La protesta llega después de una campaña especialmente exigente. Hasta el 17 de agosto, los incendios habían afectado a 254.730 hectáreas forestales en España, según el último balance disponible del Ministerio para la Transición Ecológica. Se habían contabilizado 6.685 siniestros y 42 grandes incendios forestales, mientras que las aeronaves estatales acumulaban 8.753 horas de vuelo hasta el día 18. Los datos son provisionales.
La ley ya obliga a prevenir durante los doce meses
La primera clave rompe con la idea de que el sistema español esté diseñado jurídicamente para actuar solo durante la campaña de verano.
El artículo 48 de la Ley de Montes establece que cada comunidad autónoma debe aprobar anualmente un plan de prevención, vigilancia y extinción para todo su territorio y aplicarlo "de manera continua durante todo el año". Esos planes tienen que definir el dispositivo, los medios disponibles, su financiación, la organización y las medidas de prevención.
El Gobierno desarrolló esas obligaciones mediante el Real Decreto 716/2025. La norma insiste expresamente en que la lucha contra los incendios no puede limitarse a reaccionar durante los meses de mayor riesgo y que la evaluación del peligro y las actuaciones preventivas deben prolongarse durante todo el año. También señala que los planes deben respetar la normativa laboral y combatir la precariedad de los trabajadores del dispositivo.
Eso no significa que todos los medios mantengan idéntica intensidad en enero y en agosto. Las comunidades establecen épocas de peligro alto en las que multiplican recursos y restricciones. El Estado también refuerza su despliegue durante el verano.
Entonces, ¿cuánto gasta España en prevenir incendios?
No existe una cifra nacional directamente comparable que permita afirmar que España dedica una cantidad determinada a prevención y otra a extinción. Los presupuestos y planes autonómicos utilizan categorías diferentes: unas comunidades identifican partidas exclusivamente preventivas; otras agrupan prevención y extinción en un mismo programa; y buena parte del coste de personal, vehículos o infraestructuras sirve para ambas funciones.
Galicia ofrece uno de los desgloses más claros. Su Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de 2026, el Pladiga, contempla más de 213 millones de euros para el conjunto del sistema. Dentro de esa cifra identifica expresamente 53,06 millones destinados íntegramente a prevención: 8,08 millones en actuaciones incluidas en el capítulo VI y 44,98 millones en subvenciones, convenios con entidades locales y gestión de franjas secundarias.
El plan gallego prevé también trabajos preventivos sobre 33.880 hectáreas, 551 brigadas propias o vinculadas mediante convenios y 2.789 efectivos dedicados a actuaciones preventivas. Pero sería incorrecto concluir que todo lo que queda de los 213 millones se destina a apagar incendios: ahí entran también vigilancia, investigación, formación, detección, personal y otros gastos que no son exclusivamente de extinción.
Madrid utiliza otra fórmula. El INFOMA 2026 cuenta con más de 52,7 millones para "prevención y lucha contra los incendios forestales", sin separar ambas cantidades en la cifra general publicada por la Comunidad. Durante 2026 se han programado trabajos preventivos sobre más de 5.600 hectáreas.
Andalucía ha situado en 271,6 millones de euros la dotación del Plan INFOCA para 2026, que incluye personal, medios de extinción, infraestructuras y otras capacidades del dispositivo. La Junta sí ofrece el desglose de algunas actuaciones —por ejemplo, 36,3 millones para contratación de medios aéreos y más de ocho millones vinculados a la estabilización anual del personal—, pero tampoco publica esa cifra general siguiendo la misma clasificación que Galicia.
| Comunidad | Referencia publicada para 2026 | Qué permite saber |
|---|---|---|
| Galicia | Más de 213 millones | Identifica 53,06 millones exclusivamente preventivos |
| Madrid | Más de 52,7 millones | Agrupa prevención y lucha contra incendios |
| Andalucía | 271,6 millones | Presupuesto global del dispositivo INFOCA |
| Castilla y León | En torno a 150-160 millones según las informaciones de la presentación oficial | No ofrece un reparto directamente homologable entre prevención y extinción |
Castilla y León: más plantilla estable, pero un modelo todavía mixto
Castilla y León tiene aprobado desde febrero su Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para 2026. La orden autonómica recoge la aplicación continuada durante todo el año exigida por la legislación estatal.
La Junta presentó en junio un dispositivo formado por 5.075 profesionales, 35 medios aéreos, 220 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 365 autobombas y vehículos 'pick-up', 40 retenes de maquinaria, 15 drones y 322 puestos y cámaras de vigilancia.
La cifra económica requiere más cautela. Europa Press situó el presupuesto anunciado en la presentación en unos 150 millones de euros, mientras que las informaciones de ICAL y RNE lo cifraron en 160 millones. Demócrata no puede convertir ninguna de esas dos cantidades en una partida presupuestaria cerrada y directamente comparable con otras autonomías sin un desglose oficial homogéneo.
Hay otro elemento. Castilla y León no tiene en 2026 unos nuevos Presupuestos autonómicos aprobados: desde el 1 de enero están prorrogadas las cuentas de 2024 conforme al Decreto 23/2025. El gasto efectivo del dispositivo se articula, por tanto, sobre esos presupuestos prorrogados y las correspondientes modificaciones, contratos, encargos y decisiones de gasto.
837 puestos han pasado de fijos discontinuos a trabajar todo el año
Una de las principales demandas de las protestas de este viernes es precisamente la estabilidad de las plantillas.
La Junta dio un paso concreto el pasado 30 de diciembre. Mediante el Acuerdo 58/2025 modificó la relación de puestos de trabajo del personal laboral de Medio Ambiente para transformar 837 puestos fijos discontinuos en puestos fijos con prestación durante los doce meses. La medida se cifró en 14,1 millones de euros.
El Ejecutivo autonómico sostiene también que está trasladando progresivamente al sector público, mediante Tragsa, cuadrillas que hasta ahora dependían de empresas privadas. En la presentación de junio, Suárez-Quiñones aseguró que 31 cuadrillas ya habían pasado a Tragsa y que el resto lo haría durante 2027 y 2028 conforme terminen los contratos vigentes.
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Esto permite constatar que el modelo sigue siendo mixto en 2026. Lo que no permite la información pública disponible es establecer con rigor un porcentaje único de "externalización" sobre el conjunto del operativo, ya que bajo esa etiqueta habría que diferenciar personal directo de la Junta, encargos a una empresa pública como Tragsa, contratos privados y servicios especializados.
Las medidas aprobadas después de los incendios no han seguido una línea recta
El conflicto actual tiene además un antecedente político inmediato.
Tras los grandes incendios de 2025, la Junta aprobó en octubre dos decretos leyes. El primero introducía medidas sobre el personal del operativo y establecía, entre otras cuestiones, el objetivo de avanzar hacia un dispositivo prestado por profesionales del sector público. El segundo reformaba distintas obligaciones y herramientas de prevención frente al riesgo de incendios.
Ninguno de los dos sigue vigente. Las Cortes de Castilla y León acordaron el 26 de noviembre de 2025 derogar ambos decretos leyes. La derogación quedó publicada en el BOCYL el 5 de diciembre.
Eso no anuló todas las actuaciones posteriores. La conversión de los 837 puestos en empleos durante todo el año se aprobó después, el 30 de diciembre, mediante la modificación de la relación de puestos de trabajo. Y el plan anual de incendios para 2026 fue aprobado en febrero.
Profesionalizar a los bomberos forestales tampoco parte de cero
La reivindicación de profesionalización tiene ya una base legal estatal. La Ley 5/2024 básica de bomberos forestales, vigente desde noviembre de 2024, regula la clasificación profesional del colectivo, sus funciones, la formación, la prevención de riesgos laborales, derechos específicos y jornada de trabajo.
La ley contempla que las funciones de los bomberos forestales no se reduzcan a la extinción. Pueden abarcar también prevención, vigilancia, detección y otras labores relacionadas con la protección del monte.
Esa norma, sin embargo, no convierte automáticamente todos los contratos temporales en empleos permanentes ni obliga a que todas las comunidades adopten un único modelo de gestión directa. Las decisiones de plantilla, organización y contratación siguen dependiendo en gran medida de las administraciones responsables de cada dispositivo.
Las autonomías mandan; el Estado refuerza
La distribución competencial explica otra parte del debate. Las comunidades autónomas son las responsables de organizar sus dispositivos y de gestionar la extinción en su territorio. El Estado mantiene medios para reforzarlas cuando la dimensión de un incendio supera o tensiona sus capacidades.
El MITECO tiene contratado para 2025, 2026 y 2027 un servicio de medios aéreos de apoyo a las comunidades con un valor estimado de 187,69 millones de euros para treinta meses. Incluye helicópteros y aviones de distintas capacidades y se suma a los 14 Canadair propiedad de la Administración General del Estado. Esa cantidad es gasto estatal de apoyo fundamentalmente a la extinción y no puede compararse directamente con el presupuesto preventivo anual de una comunidad autónoma.
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Defensa despliega además este año 32 módulos terrestres de lucha contra incendios de la UME y hasta diez aeronaves anfibias del 43 Grupo durante la campaña. Fuera de ese periodo, el 43 Grupo mantiene dos aviones en alerta preparados para intervenir.
Prevenir es mucho más que limpiar el monte
Los planes preventivos tampoco se reducen al desbroce. La normativa obliga a trabajar sobre gestión de combustible vegetal, cortafuegos y puntos estratégicos, pistas, vigilancia, regulación de actividades de riesgo, investigación de causas, sensibilización, planificación de la interfaz entre viviendas y monte y preparación de los propios operativos.
Parte de esos trabajos puede realizarla la misma plantilla que meses después participa en una extinción. Ahí está otro motivo por el que separar contablemente "lo que cuesta prevenir" de "lo que cuesta apagar" resulta difícil: personal, vehículos, bases y maquinaria pueden servir para las dos funciones a lo largo del año.
El ejemplo gallego vuelve a ser ilustrativo. El Pladiga considera preventivos trabajos en áreas cortafuegos, fajas auxiliares, pistas forestales y quemas prescritas, junto a subvenciones y convenios con entidades locales.
Qué exigiría cambiar: no todo necesita una nueva ley
La reivindicación de que exista prevención durante los doce meses no requiere aprobar una nueva ley estatal, porque esa obligación ya está incluida en la Ley de Montes y desarrollada por el Real Decreto 716/2025. El debate es de cumplimiento, planificación, personal y financiación.
La estabilidad de las plantillas sí depende de decisiones presupuestarias y de recursos humanos de cada administración. Castilla y León demuestra que parte de esos cambios puede hacerse mediante relaciones de puestos de trabajo, negociación laboral, encargos a medios propios y sustitución progresiva de contratos sin necesidad de reformar la Ley de Montes.
Una homogeneización mayor de los requisitos de los dispositivos puede requerir normativa común o acuerdos entre administraciones. El Estado ya ha avanzado en esa dirección con la Ley básica de bomberos forestales y con las directrices comunes para los planes autonómicos.
La movilización de este viernes coloca así el foco sobre una cuestión más concreta que la existencia o no de prevención: cuánto dinero estable se dedica a ella, qué plantilla trabaja durante los doce meses y bajo qué modelo de gestión. La ley obliga a responder a las dos primeras cuestiones en los planes autonómicos. Los presupuestos publicados, en cambio, todavía no permiten comparar la respuesta económica de las 17 comunidades con una misma metodología.